Ejercicio abusivo de funciones en agravio del organismo, la acusación contra Martín Rueda

Consejero electoral demanda al presidente del IEPC en Tabasco

El mal manejo ocasionó que el instituto electoral se encuentre al borde del colapso: Aguilar Ruiz

RENE ALBERTO LOPEZ CORRESPONSAL

Villahermosa, Tab., 24 de febrero. El consejero electoral Carlos Aguilar Ruiz presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Tabasco, Martín Rueda de León Castillo, por el presunto delito de "ejercicio abusivo de funciones" en agravio del organismo electoral.

Aguilar Ruiz imputó a Rueda de León Castillo incurrir en diversas y "graves irregularidades administrativas", entre ellas mal manejo del presupuesto que el IEPC tuvo por las elecciones locales realizadas el año pasado, que fue de 172 millones 320 mil pesos, y que "sin informar a los demás miembros del Consejo Electoral" solicitó una ampliación presupuestal de 19 millones 646 mil pesos.

Los problemas entre los consejeros del IEPC comenzaron antes de los comicios del 19 de octubre pasado. Pasada una semana de esa jornada electoral, Rueda de León Castillo pidió la renuncia al director de Organización y Capacitación Política, Juan Correa, no obstante las protestas de consejeros que no estuvieron de acuerdo con el cese. Desde entonces es cada vez más notoria la pugna de los consejeros electorales por el control del IEPC.

Entre acusaciones mutuas que han emitido al menos cuatro de los siete consejeros, se pidió públicamente la renuncia del vocal presidente Rueda de León, a quien se atribuyó "tener en el caos al organismo". Además los partidos políticos lo acusaron de obtener su cargo con el apoyo de Carlos Madrazo Cadena, secretario particular del gobernador Manuel Andrade Díaz.

Rueda de León se defendió con el argumento de que un grupo de consejeros encabezados por Babe Segura quiere derrocarlo para controlar al IEPC, y anunció: "No renunciaré, porque fui electo por siete años".

En este ambiente, Rueda de León se dijo "limpio" de los señalamientos en su contra, y retó a sus acusadores a presentar una demanda penal, lo que ocurrió este lunes.

En su querella, Aguilar Ruiz pidió que se investiguen todas las anomalías en que ha incurrido el presidente del IEPC, como devengar una dieta mensual de 56 mil 210 pesos, "remuneración evidentemente mayor" a la que percibe un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que asciende a 32 mil 326 pesos, con lo cual violaría "la Constitución política local".

Cabe decir que por este asunto, previo a la elección del 19 de octubre, la fracción del PRD presentó una iniciativa de juicio político contra el funcionario electoral, la cual está pendiente en el Congreso tabasqueño.

De igual manera, Aguilar Ruiz denunció que Rueda de León Castillo cometió otra irregularidad administrativa a un mes de haber tomado posesión del cargo, que "pudiese derivar en la ilicitud penal", al asegurar la flotilla de vehículos del organismo electoral con la empresa Interacciones, a través de su representante CRG Agente de Seguros y Fianzas, de la cual sería socio director el mismo presidente del IEPC. "Así lo demuestran la carta cobertura, tarjeta de presentación, cuadro comparativo de precios y una copia certificada del acta constitutiva de la empresa mercantil a la que se adjudicó el contrato para asegurar los vehículos", señaló el consejero.

Aguilar Ruiz destacó en la demanda la "ilegal adquisición del parque vehicular utilizado en el pasado proceso electoral, ya que para la citada compra debió haberse aplicado lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles en el Estado, que obliga a licitar o convocar proveedores".

Dijo que de manera irregular la Junta Estatal Ejecutiva del IEPC realizó la compra de los vehículos a su servicio, violando el artículo 16 del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo.

Aguilar Ruiz consideró "indudable" que "la deficiente y negligente administración" seguida por el consejero presidente y la Junta Estatal Ejecutiva "ha ocasionado graves perjuicios económicos en el patrimonio de nuestro instituto, lo que ha generado un caos que tiene a nuestra institución electoral al borde del colapso".