Tras el fraude electoral en 2000 la oposición haitiana logró un gran apoyo, señalan

A diferencia de Clinton, a Bush no le interesa el destino de Haití: analistas

"Lo quiera o no, la Casa Blanca sigue encadenada a la permanencia de Aristide": experto

BLANCHE PETRICH

Estados Unidos ha sido el factor decisivo en las sucesivas crisis de la bicentenaria historia de Haití; ha respaldado dictaduras, ha promovido golpes de Estado, ha ocupado militarmente el país. Pero en este último capítulo, en el que las instituciones y las fuerzas políticas se desmoronan ante el repentino empuje de pandillas rivales fuertemente armadas que controlan cerca de la mitad del territorio, el gobierno de George W. Bush, tan dispuesto a las guerras preventivas, actúa casi con pereza.

Su reciente anuncio de enviar una pequeña partida de soldados para "resguardar los intereses estadunidenses" se anunció tres semanas después de que la armada caníbal se apuntara sus primeras victorias en norte y noreste de la isla, cuando ya en cinco de los nueve departamentos del país la desmoralizada policía nacional ha huido en desbandada, y ha abandonado comisarías, armas y la protección de los pobladores.

La delegación encabezada por Roger Noriega, secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, desembarcó el pasado sábado en Puerto Príncipe, días después de que, en Gonaives, Butteur Metayer, líder de la banda armada que controla la ciudad, se declarara presidente de la República de la Artibonite; cuando en Hinche se autoproclamaba comandante en jefe el ex comisario militar Guy Philippe, con un historial carcelario en Ecuador y República Dominicana por sus nexos con el narcotráfico, y cuando se revelaban al frente de las bandas insurrectas connotados personajes de las pasadas dictaduras militares, muchos de ellos de estrechos nexos con la CIA, como Emmanuel Toto Constant y Louis Jodel Chamblin, uno y dos del tristemente famoso Frente Revolucionario para el Progreso de Haití (FRPH), grupo paramilitar que impulsó el golpe de Estado de 1991, de donde tampoco estuvo ausente la larga mano de la CIA.

Mientras en todas las crisis internacionales en las que interviene Washington lo hace de manera unilateral, en este caso lo ha hecho "en compañía" de la Comunidad de Países del Caribe (Caricom), la OEA y el gobierno de Canadá. La propuesta de negociación que finalmente considera la salida de Jean Bertrand Aristide del poder el 18 de marzo y el ultimátum ampliado a un plazo de 24 horas más, ocurre cuando ya las escaramuzas de las bandas armadas y los paramilitares de Aristide -los chimeres, quimeras- rozan ya los bordes de Puerto Príncipe, la capital.

Demora extraña

Extraña la forma como la Casa Blanca ha demorado su intervención en esta crisis, mientras que el avance de fuerzas que hace dos meses eran totalmente marginales ha puesto al país al borde de una involución monumental.

La pregunta es si finalmente la administración Bush va a desechar al presidente Jean Bertrand Aristide, que su antecesor Bill Clinton se empeñó en restituir en la presidencia en 1994 mediante el desembarco de 20 mil marines, o si va a defender su permanencia en el poder a pesar de la ilegitimidad que lo ha envuelto.

En un análisis sobre las erráticas estrategias de Estados Unidos frente a Haití, George Fauriol, del Instituto Internacional Republicano (IRI), un think tank conservador, señala que a diferencia de Clinton, el gobierno de Bush está francamente desinteresado en el destino de Haití. "Pero lo quiera o no, la Casa Blanca sigue encadenada a la permanencia de Aristide en el poder", señala el analista.

Y también señala que después del fraude electoral de 2000, la oposición política logró unir fuerzas y levantar más apoyo popular de lo que muchos analistas esperaban. Sin embargo, esto fue ignorado por una gestión de mediación "opaca", conducida por el secretario general adjunto de la OEA, Luigi Einaudi (estadunidense), que permitió que se larvara la actual crisis, que en ese momento pudo ser evitada.

Aquella gestión -en la que participó el mexicano Sergio Romero, ex embajador en Haití, como delegado del secretario general César Gaviria- produjo el Plan Aristide-Einaudi, con el que la OEA avaló las elecciones de 2000, aunque para ello tuviera que hacerse de la vista gorda de un fraude flagrante: asesinatos de opositores y periodistas; amenazas a informadores en plena campaña electoral, urnas robadas, cartillas zombies y demás artimañas. A tal grado llegó el fraude que el presidente del tribunal electoral, Leon Manús, prefirió huir al exilio que avalar el resultado de los comicios.

El desapego de Estados Unidos y la OEA hacia los reclamos de la oposición, que advirtió oportunamente sobre los riesgos de una debacle, es significativa.

A principios de este año, justamente cuando el movimiento popular alcanzaba a colocarse en el centro del debate nacional, poniendo como perspectiva viable el relevo de Aristide, irrumpieron en el panorama los caníbales, los ex militares, ex paramilitares y ex agentes de la CIA, desplazando la visibilidad de Convergencia Democrática y el Grupo de los 184.

Ahí es donde adquiere significado aquella primera respuesta del secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld: "No tenemos la menor intención de intervenir". Después, Colin Powell: "Francamente no hay ningún entusiasmo por mandar fuerzas militares o policiacas". Tras esa lacónica declaración, los ex duvalieristas avanzaron hacia Hinche y Cabo Haitiano.

No fue sino hasta que surgió la iniciativa de Francia, con la propuesta de aplicar un esquema de fuerzas de disuación similar a la implementada en Costa de Marfil, con 4 mil efectivos militares, que Washington aceleró su estrategia.

A pesar de las evidencias, Estados Unidos se ha mostrado ambiguo para reconocer las diferencias entre la oposición civil y pacífica y los grupos armados. Esta otra declaración de Powell delata esta intención: "Es tiempo de que la oposición se dé cuenta de que sus reclamos, legítimos o no, no serán tomados en cuenta si están vinculados con bandoleros y asesinos".

No se han marcado las diferencias

Si bien el plan propuesto en colectivo por Noriega, la Caricom y la OEA excluye explícitamente a los grupos armados que desde el 5 de febrero han causado la muerte de cerca de 60 personas, los funcionarios de Washington no han reconocido tajantemente la diferencia entre estos últimos y el conjunto de organizaciones civiles y políticas.

Entre los pronunciamientos de las organizaciones sociales, destaca el análisis que ha hecho de la situación la coordinación para la defensa de los derechos de las mujeres (Conap): "El 2002 fue un año de crecimiento de los movimientos populares; 2003 fue el año de su consolidación. Había alcanzado a todas las capas de la sociedad. Grupos estudiantiles, de mujeres, de derechos humanos y de campesinos como el Movimiento Papaye y el Tet Kolé ti paysan."

Efectivamente, a finales del año, las protestas de este conglomerado habían comprometido la permanencia de Aristide en el poder. Empezaban a trascender las fronteras, a hacer llegar su grito de denuncia: Aristide se había convertido en un tirano.

La organización de mujeres advierte que la irrupción, primero del ejército caníbal en Gonaives y después las distintas pandillas de ex paramilitares y ex militares, "fue aprovechada por Aristide para hacer aparecer estas fuerzas como parte de la oposición política y situar a su gobierno como la institución democrática víctima de un golpe en curso".

En cuanto al papel de las organizaciones opositoras, la Conap sostiene: "Por su propia naturaleza y tomando en cuenta el contenido de sus reivindicaciones, el movimiento de protesta pacífico no puede ser confundido con el Frente de Resistencia Anti Aristide (ex caníbales) o el FRPH. Al intentar confundir a la comunidad internacional alegando que las pandillas y el movimiento cívico, Aristide quiso minar nuestra legitimidad".

Este es el tipo de declaraciones que los funcionarios estadunidenses deliberadamente ignoran. El embajador estadunidense en Haití, James Foley, dijo recientemente acerca de los grupos armados que su administración "jamás reconocería a un gobierno que haya asaltado por la fuerza" el poder. Pero criticó con similar dureza el "empecinamiento" de la oposición pacífica en no aceptar los términos de negociación expuestos por la OEA y les propuso que aceptaran un "compromiso histórico", una solución en la que solamente "parte de sus reivindicaciones" serían cumplidas.