Marco Rascón

Nazar: el eslabón

En 1973 el grupo empresarial de Monterrey acusó del secuestro y la muerte de Eugenio Garza Sada a Luis Echeverría Alvarez, quien para desmentir la acusación y restablecer la confianza le entregó el mando de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Así, el Grupo Monterrey, en vez de exigir justicia, cumplió su venganza de manera directa.

Bajo la privatización de la DFS -controlada por el grupo oligárquico regiomontano con la anuencia de Echeverría y luego de José López Portillo- comienzan a practicarse las desapariciones, mientras el dolor y la búsqueda son la ofrenda que se entrega a los familiares de los desaparecidos al tiempo que se restablece la relación Estado-empresarios. Los más de 500 desaparecidos de 1973 a 1982 son producto de la instigación del empresariado del norte (Nuevo León y Chihuahua principalmente) y de la claudicación de Echeverría y López Portillo, quienes hacia afuera mantuvieron un discurso y una práctica de justicia frente a los militares chilenos y argentinos, pero internamente imitaron en prácticas a Pinochet y a Videla.

Todos los torturadores de la época dicen haber actuado en "defensa de la patria" y ser nacionalistas, según la hipótesis de que la "subversión" era "extranjerizante", por lo que era válido aplicar toda la sevicia del Estado, la tortura y los crímenes. Miguel Nazar Haro se jactó siempre de que por sus manos pasaron todos los guerrilleros y de tener un archivo personal con sus declaraciones. Es seguro que en ese archivo estén las declaraciones bajo tortura de Jesús Piedra Ibarra y de Ignacio Salas Obregón, acusados del intento de secuestro de Eugenio Garza Sada. Curiosamente Nazar se equivocó, pues la entrega del país al extranjero no vino de los "subversivos", sino del gobierno que defendió. Cayó en desgracia cuando se demostró que era más efectivo corromper que reprimir y que causaban más daño las prerrogativas del IFE que las salas de tortura, la represión, el crimen y las desapariciones de la DFS.

Minimizar la detención de Miguel Nazar Haro es un error, ya que constituye un eslabón fundamental en la reconstrucción de la historia de una cadena de crímenes de Estado, así como de un grupo oligárquico, denominado "iniciativa privada", que utilizó como política el chantaje para favorecerse con subsidios, privilegios fiscales, créditos a fondo perdido, pago de indemnizaciones fabulosas y venta del patrimonio nacional a precios de remate. Con el chantaje, un puñado de familias se benefició de las nacionalizaciones, de la deuda privada, de la adquisición de bancos y empresas del Estado y luego con su venta a las trasnacionales. Al final, los instigadores de la guerra sucia de los setenta y ochenta son los beneficiarios del Fobaproa.

El Grupo Monterrey, los encapuchados de Chipinque, ahora manda apoyos a Nazar a la cárcel, pues fue su empleado; su vengador es el eslabón que conduce a ellos. Por ello la impunidad no tendrá fin en tanto sus dirigentes, como los Garza Sada, los Zozaya y otros que instigaron la guerra sucia, sean llamados a rendir cuentas de sus actos ilegales cometidos contra decenas de mexicanos hoy desaparecidos.

Luis Echeverría y José López Portillo sucumbieron ante las presiones del Grupo Monterrey; de ahí se derivó el nombramiento como procurador general de la República, en 1976, de uno de los suyos, Oscar Flores Sánchez -abogado patronal y ex gobernador de Chihuahua, precursor del asesinato de guerrilleros detenidos y autor intelectual de la muerte, en enero de 1972 en Chihuahua, de Diego Lucero Martínez, Ramiro Díaz Avalos y Gaspar Trujillo-, para mantener la impunidad, la venganza y todo lo que hacían Nazar y sus hombres en nombre de "la nación".

La detención de Miguel Nazar no sólo da para inculpar a Echeverría, sino a la oligarquía inepta, corrupta y subsidiada que instigó la represión contra una de las mejores juventudes que ha tenido México, masacrada el 2 de octubre y el 10 de junio, y asesinada en la guerrilla. Nazar es un eslabón fundamental porque también quema a la oligarquía neoleonesa que determinó la aplicación de las políticas contrainsurgentes en México, que fueron las mismas que pusieron en práctica los militares en Chile, Uruguay y Argentina.

No se trata de conjeturas: las pruebas están publicadas a plana entera en el periódico Tribuna, de Monterrey. Durante los funerales de Eugenio Garza Sada la oligarquía exigió descaradamente la muerte, no la cárcel, para los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En ese contexto de venganza oligárquica fueron detenidos Jesús Piedra Ibarra e Ignacio Salas Obregón. Por todo esto debería integrarse ya una fiscalía especial para investigar las corruptelas del pasado, y debería estar indiciada, en primer lugar, la oligarquía neoleonesa, exaltadora de lo privado a costa del beneficio de los recursos públicos y ahora anfitriona gozosa de los encuentros Bush-Fox contra América Latina. Por eso Nazar es un eslabón que debe hablar; "sabe mucho", como él mismo diría en sus interrogatorios. Su detención no significa hacer justicia, pero sí es parte central en la investigación en torno al paradero de los desaparecidos y los responsables.

[email protected]