Jorge Santibáñez Romellón

De la propuesta de voto en el extranjero

A través del subsecretario de Desarrollo Político de Gobernación se dieron a conocer los principales elementos de la propuesta que sería sometida al Congreso de la Unión para regular el voto de los mexicanos en el exterior. El tema ha regresado periódicamente al debate nacional y en cada ocasión despierta sentimientos y posiciones encontradas, que hasta ahora han dado como resultado que la propuesta se archive o por lo menos se posponga. No dudo que ocurra algo similar, pero ahora se distingue una diferencia importante: lo que se ofrece al análisis de la sociedad es una propuesta concreta, inserta en un calendario muy justo. Incluso, creo que ése es uno de los objetivos de las declaraciones del subsecretario Paoli: medir las posibles reacciones de los sectores involucrados, como se dice coloquialmente, "medirle el agua a los camotes". Eso explica la hábil maniobra política que consiste en que no ha sido anunciada ni por el Presidente ni por el secretario de Gobernación ni por una fracción del Congreso en particular, aunque resulta obvio (o al menos eso espero) que todos estos actores están al tanto del proceso.

Los puntos principales de la propuesta son los siguientes: participación en votaciones de Presidente de la República y senadores de representación proporcional, tener credencial de elector, que las campañas y actos de propaganda estén meticulosamente regulados, en particular que no haya actos de campaña ni se reciban financiamientos provenientes del extranjero, que el voto se emita por vía electrónica o postal, y que la participación se permita para aquellos que manifestaron su voluntad de hacerlo.

Intentaré, sucintamente, aportar algunos elementos de reflexión sobre el tema.

Es importante contemplar esta participación electoral (que debería extenderse hacia una participación política más amplia) como un proceso que irá evolucionando con el paso del tiempo y con las experiencias que se vayan acumulando. En esta lógica me parece sensato que en una primera etapa se considere dicha participación sólo para elecciones presidenciales y de senadores de representación proporcional y únicamente para aquellos con credencial para votar (entre millón y medio y 2 millones de personas, según diversas estimaciones). Poseer la credencial para votar es fundamental, ya que de otro modo no habría control sobre los eventuales votantes y se establecerían diferencias injustificables entre los mismos mexicanos (unos con credencial y otros sin ella).

En lo que toca a la no realización de actos de campaña o no permitir financiamiento del extranjero, es por lo menos congruente con la legislación actual, aunque no se dice ni veo cómo pueda controlarse, toda vez que un eventual financiamiento puede emitirse y erogarse en el extranjero, es decir, no pasaría por ningún mecanismo de contabilidad nacional y evitar los actos de campaña equivale a que los candidatos no puedan abandonar el país. Por desgracia, el elemento central de la propuesta, cómo se daría la participación, no es tan simple.

Nuestro sistema electoral fue construido sobre la desconfianza, para evitar el fraude electoral, como uno de sus objetivos más importantes. Ello explica la complejidad de la credencial, el listado, la casilla, los representantes de partidos y tantas otras medidas impensables en países democráticos. En lo personal no creo que nuestra democracia esté tan madura como para que se acepten, sin cuestionamiento, los votos emitidos por correo o vía electrónica, sobre todo si la tasa de participación es alta.

El planteamiento es además contradictorio con la parte de la propuesta que menciona que "será en los términos más similares posibles a la de los que votan en territorio nacional". Muy probablemente nos acerquemos a una votación cerrada y, en el mejor de los escenarios, esos votos podrían ser impugnados por el candidato perdedor, y en el peor podrían presentarse escenarios más riesgosos de dobles votaciones o votación por otra persona. Incluso los residentes fronterizos podrían cruzar ese día a Estados Unidos y votar por correo o Internet en Estados Unidos, después de haber votado en la localidad mexicana.

Entiendo que no es fácil resolver el problema, cualquier solución tiene riesgos, pero en una primera etapa, para acabar con mitos en torno al tema, sería una solución más segura que la participación se diera realmente en términos más similares al sistema actual y, dado que no puede haber casillas electorales en Estados Unidos y aun a sabiendas de que ello limitaría la participación de migrantes indocumentados, una alternativa sería que la mencionada participación se diera en las localidades fronterizas, del lado mexicano. Recuérdese que 12 de los 25 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos están a menos de dos horas de la frontera.

El presidente Vicente Fox está a unos días de visitar Estados Unidos. Buena parte de las comunidades mexicanas, o al menos buena parte de los organizados, no estarán de acuerdo con la propuesta, ya sea porque muchos se considerarán excluidos por el requisito de la credencial o porque piensan que la participación electoral relevante es la que podría darse en Estados Unidos para elecciones estadunidenses y así adquirir peso político. Sin entrar en detalles de si les asiste la razón o no, me parece mal momento para enviar un mensaje que va a tener opositores importantes días antes del mencionado encuentro. Lo que menos ayuda al Presidente durante esa visita es la presión de los propios mexicanos que vivan en Estados Unidos.

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