Los actos internos del Congreso de la Unión no pueden ser impugnados por esa vía

Niegan amparo a Gordillo contra su destitución como coordinadora priísta

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Un tribunal colegiado del Distrito Federal rechazó en definitiva las demandas de amparo con que la diputada federal Elba Esther Gordillo pretendió impugnar su destitución como coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.

Los magistrados María Saucedo Zavala, Armando Cortés Galván y Adriana Leticia Campuzano, integrantes del octavo tribunal colegiado en materia administrativa, sobreseyeron por unanimidad los juicios de amparo 1673/2003 y 1693/2003 -iniciados por el Poder Judicial federal a principios de diciembre del año pasado, a solicitud de la legisladora-, con el argumento de que actos internos del Congreso de la Unión, como los que reclama Gordillo, no pueden ser defendidos por la vía del juicio de amparo.

Según consta en el acuerdo de los magistrados, al que tuvo acceso La Jornada, el artículo 73 de la Ley de Amparo señala que no es procedente otorgar la protección de la justicia federal cuando se trata de impugnar alguna resolución del Congreso de la Unión o de las cámaras de lo integran.

A finales de noviembre de 2003, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue destituida de la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados a raíz de la disputa interna que enfrentó su partido durante el debate por la fallida reforma fiscal. Gordillo sostuvo en los alegatos jurídicos de ambas demandas de amparo que fue ilegal el procedimiento para remplazarla, del cual salió ganador el diputado Emilio Chuayffet.

El primer amparo, promovido el 12 de diciembre, fue para impugnar el reconocimiento de Chuayffet como nuevo coordinador priísta por el presidente de la Cámara, el panista Juan de Dios Castro.

El juez federal Alvaro Tovilla León se negó a admitir la demanda y la declaró notoriamente improcedente, al se-ñalar que el amparo no es la vía jurídi-ca adecuada para defender derechos políticos.

La segunda demanda fue promovida una semana después contra las órdenes de Castro de privar a Gordillo de sus cargos de coordinadora de la bancada del PRI y como presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara. En este caso, la negativa estuvo a cargo de un secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, pues el juez Tovilla estaba de vacaciones.

Los abogados de Gordillo impugnaron ambas resoluciones a finales de diciembre pasado, con la finalidad de mantener vivos los litigios y agotar la última instancia (tribunal colegiado) a la que podían recurrir. Sin embargo, ayer concluyeron los juicios con la determinación de los magistrados.