La PGR solicita al máximo tribunal que ejerza su facultad de atracción en ese juicio

Piden a la Corte decidir sobre amparo que impide a IPAB practicar auditoría a bancos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción sobre el juicio de amparo con el que Banamex-Citigroup, BBVA-Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte detuvieron desde 2002 las nuevas auditorías que pretende realizar el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a los pagarés que esas instituciones poseen del Fobaproa, los cuales tenían hasta el cierre de septiembre pasado un valor actualizado de más de 217 mil millones de pesos.

El 11 de septiembre de 2003, el juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Alvaro Tovilla León, concedió la protección de la justicia federal a los cuatro bancos, que actualmente los ampara de ser auditados. El argumento del juzgador fue que la Ley de Protección al Ahorro Bancario no contempla la posibilidad de nuevas auditorías al Fobaproa, más allá de las que practicó el canadiense Michael Mackey en 1999.

Sin embargo, el IPAB se inconformó con la sentencia judicial y solicitó la revisión en segunda instancia, la cual recayó en el 12 tribunal colegiado en materia administrativa, donde actualmente se encuentra radicado el recurso.

Fuentes del Poder Judicial indicaron a La Jornada que el objetivo del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, es que el máximo tribunal del país resuelva si es posible realizar nuevas auditorías a los cuatro bancos mencionados.

La SCJN ya tiene conocimiento del caso, porque desde abril de 2003 aceptó una controversia constitucional que el Poder Ejecutivo federal interpuso en contra de la Cámara de Diputados por la supuesta "invasión de esferas" que cometió al no haber impedido que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificara a la Secretaría de Hacienda que en las auditorías realizadas a la compra de cartera de las bases de actualización de intereses del IPAB (antes Fobaproa), de marzo de 2002, "se identificaron créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos".

Según la ASF, órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, las auditorías permitirían establecer si los bancos enviaron al Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa créditos que no cumplían las condiciones para ser garantizados por el gobierno federal.

Por ello, desde hace dos años la ASF ha insistido en que el monto de los pagarés debe ser descontado a las instituciones bancarias. El primer vencimiento de un pagaré de HSBC por más de 18 mil 700 millones está previsto para septiembre de 2005.

Por la trascendencia e importancia de este caso para las finanzas públicas, Macedo pidió por escrito a la SCJN que se haga cargo de la revisión final de la sentencia del juez noveno de distrito en materia administrativa del DF, el cual concedió en 2003 la protección de la justicia federal a los cuatro bancos para evitar ser auditados.

Según las fuentes consultadas, el máximo tribunal ya recibió la solicitud de la PGR, por lo que ahora el procedimiento jurídico será: de entrada, la segunda sala de la SCJN determinará si el caso debe ser atraído. Si la respuesta es positiva, el pleno del máximo tribunal se pronunciaría para confirmar o modificar el criterio que sostuvo el juez Tovilla.

Macedo de la Concha actuó en respuesta a un exhorto del Senado, que el pasado 4 de diciembre le pidió por unanimidad poner el caso a consideración del máximo tribunal.

Cabe mencionar que mientras la SCJN no resuelva si atrae el juicio de amparo antes mencionado, el 12 tribunal colegiado en materia administrativa deberá continuar con el análisis de la revisión del juicio de garantías.