Euzkadi: dos años para rectificar un fallo ilegal

Conciliación determina que la huelga de los casi mil obreros ''no es improcedente''

FABIOLA MARTINEZ

El 22 de enero de 2002, casi mil obreros de la llantera Euzkadi colocaron las banderas rojinegras en la planta de El Salto, Jalisco, propiedad de la trasnacional alemana Continental Tire. Veinticuatro meses y 26 días después, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determinó que la huelga es legal.

La historia se repite. Luego de dos años de haberse iniciado un conflicto laboral, la autoridad emite una suerte de "usted disculpe" para enderezar un dictamen anterior de "improcedencia" de huelga, término avalado entonces por el gobierno foxista, a pesar de que no está incluido en la Ley Federal de Trabajo (LFT).

Todos los involucrados en la huelga de Euzkadi sabían de ello. Basta leer el artículo 450 de la LFT, normatividad que brinda exclusivamente dos caminos ante un caso como éste: "huelga legal o legalmente inexistente"; en ninguna parte aparece la palabra "improcedente", concepto que acuñó la empresa para justificar el cierre unilateral de la fábrica, ejecutado el 16 de diciembre del 2001.

Por eso, los 989 trabajadores, afiliados al Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi, debieron esperar el lapso citado para recibir el mismo dictamen que, de acuerdo con la ley, habrían podido escuchar 72 horas después del comienzo de la huelga.

Ellos, quienes reconocen que formaban parte de un sector de obreros "aristócratas", los mismos que antes del peregrinar por juzgados y tribunales podían ganar sueldos semanales hasta de 4 o 5 mil pesos si laboraban horas extras, ya conocieron, dice su dirigente Jesús Torres Nuño, la "lucha de clases", pero sobre todo la miseria.

"Mira -señala en entrevista con La Jornada-, te voy a contar una anécdota. Antes de vivir esta injusticia, fuimos invitados a una asamblea del sindicato de los pilotos y ahí, frente a los capitanes, un compañero me dijo quedito: 'mira, Chucho, me cae que nosotros chance y ganamos más que ellos'. Imagínate, nos creíamos más que los pilotos. Ese era un orgullo para un trabajador que viva no sólo en El Salto, sino en todo el país: ser un obrero especializado, con buen sueldo, con un sindicato independiente y todo un futuro por delante."

Pero la buena ropa y las trocas de los aristócratas fabricantes de llantas quedaron sólo en el recuerdo. Ahora, comenta Torres Nuño, "el saldo es cruel, no sólo porque alrededor de 150 de nuestros compañeros tuvieron que irse de mojados a Estados Unidos, sino porque vimos morir a dos compañeros (Carlos González y Enrique Martínez) por falta de Seguro Social, prestación que nos negaron porque nuestra huelga no estaba legalmente reconocida".

Fue un caso sin precedente desde el inicio, en diciembre de 2001, cuando la compañía alemana asentada en México dejó de pagar salarios, prestaciones y, sin más, determinó cerrar la planta con el argumento de que fabricar llantas en este país ya no era redituable por el contrabando de millones de neumáticos, procedentes de los países asiáticos, colocados en el mercado doméstico de manera ilegal.

Ese 16 de diciembre los obreros sólo se toparon con una reja cerrada y un escueto aviso de que sus liquidaciones estaban depositadas en la JFCA. La opción entonces era aceptar el cheque y establecer un changarro en algún punto de el Bajío, como habían hecho los trabajadores de Goodyear y Uniroyal con sus finiquitos, o luchar por la reapertura de la planta.

Decidieron lo segundo, y el 10 de enero emplazaron a huelga para estallarla 12 días después. En seguida la empresa, por conducto de su abogado, Jorge de Regil, el mismo que por varios lustros fungió como representante de los patrones ante el gobierno, presentó un escrito ante la JFCA solicitando la "improcedencia de la huelga".

Y, para sorpresa de todos, relata Oscar Rubio, abogado de los trabajadores, la JFCA les dio la razón. "Fue un sabor de boca inimaginable. Era la primera vez que se citaba una figura jurídica que no existe, pero lo más sorprendente de todo es que la Secretaría del Trabajo apoyó esa tesis. Fue claro que al gobierno foxista le interesaba quedar bien con la inversión de los alemanes y, de paso, permitir que De Regil ejerciera su influencia política -amistad, aceptaría el asesor patronal después- con el entonces presidente de la JFCA, Virgilio Mena."

Empezó entonces el peregrinar hasta obtener el amparo concedido por un juzgado de distrito, un tribunal colegiado y, ante la revisión de esta garantía solicitada por la empresa, repetir la cadena en el Poder Judicial de nueva cuenta. En el intermedio del ir y venir de trámites y papeles, los obreros salieron a la calle a protestar, visitaron todas las instancias y mandaron cartas a todos los destinos imaginables. Inclusive, en mayo del 2003, una comisión viajó a Hannover, Alemania, sede de la poderosa Continental Tire, para hablar con los consejeros de esta compañía y hacerles ver que "no estábamos robando su fábrica ni éramos una bola de rijosos; el objetivo era hacerles saber que su empresa no estaba cumpliendo con la ley mexicana", señala el líder sindical.

Al final, los magistrados refrendaron la orden a la JFCA para que calificara la huelga apegada estrictamente a lo dispuesto por el citado artículo 450 de la legislación laboral.

Sin embargo, a pesar del resolutivo de la JFCA, emitido el martes pasado por la tarde, el camino para los trabajadores de Euzkadi es todavía largo, porque ahora, como habrían hecho en enero de 2002, enfrentarán el proceso por la imputabilidad de la huelga; es decir, ese nuevo entramado de pasos para que la autoridad laboral diga quién es el responsable de la huelga, en una fábrica cerrada desde la víspera de este conflicto. Estos pasos, "sin voluntad política, podrían tardar tres o cuatro años", advierte Rubio.

El asunto no será fácil todavía y, al parecer, tampoco rápido. Lo que sí le queda claro a Torres Nuño, representante de los 607 obreros que siguen en lucha, es que "vamos en el camino correcto", pero, sobre todo, el papel que ha jugado el gobierno mexicano.

"No vamos a aceptar un 'disculpe usted' cuando muchos de mis compañeros han tenido que vender su patrimonio para hacer frente a dos años de lucha. Aquí hay esperanza, coraje y frustración porque ya sabemos lo que es estar en la lista negra aquí en el corredor industrial de Jalisco. Significa que ser trabajador en huelga de Euzkadi es estar condenado al desempleo o a empleos marginales, con salarios de miseria.

"El 22 de enero pasado (el secretario del Trabajo) Carlos Abascal me decía: 'Jesús, hay que buscar una solución'. Totalmente de acuerdo, le dije, 'porque no sé si usted sepa lo que es estar dos años sin salario'. Ahora -agrega en la entrevista-, sólo hasta ahora, tenemos las condiciones para un acuerdo digno y justo, para negociar pago de salarios caídos, reapertura de la fábrica e inclusive explorar la posibilidad de integrar una cooperativa de llantas. Por lo pronto, el caso no ha terminado, la lucha da para más; por ahora seguimos sin nada; (el dictamen de la JFCA) es sólo una inyección a la moral."