Luego del costoso rescate debe al menos financiar a empresas mexicanas: Sodi

Instan PRD y PRI a idear mecanismo para recuperar la presencia nacional en la banca

Cuestionan venta de Bancomer en 4,100 mdd cuando tiene un pagaré de más de 80 mil mdd

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y VICTOR BALLINAS

Ante la extranjerización total de la banca, las fracciones del PRD y PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión plantearon la necesidad de analizar con el Banco de México (BdeM) un mecanismo que permita "recuperar una mayor presencia nacional" en los bancos, y que éstos sirvan a los intereses nacionales.

"México no tiene banca. Primero la saneamos con el Fobaproa; nos costó un dineral y ahora es una banca extranjerizada. Y ya que nos costó un dineral, siquiera que le sirva al país, que invierta en nuestro territorio, que prestara a las empresas mexicanas, que financiara la vivienda, pero no", afirmó en la tribuna de la Permanente el senador perredista Demetrio Sodi.

El debate sobre el control de los bancos en manos de instituciones extranjeras se inició luego de que la diputada del PRD, Dolores Padierna Luna, consideró urgente que los legisladores tuvieran un encuentro con el BdeM y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para revisar las implicaciones que tendría la venta de la totalidad de las acciones de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

La operación, dijo, no tendría mayor relevancia si no fuera porque el gobierno federal destinó recursos fiscales para el rescate de Bancomer mediante los pagarés de capitalización y compra de cartera. "El problema es que se quiere vender en 4 mil 100 millones de dólares, y ese banco tiene un pagaré por más de 80 mil millones de dólares", explicó.

También cuestionó que el banco pretenda no sólo eludir el pago de impuestos por la transacción, sino que Bancomer aún debe 19 mil 995.5 millones de pesos de impuestos diferidos. "Y antes de ser vendido, debe ponerse al corriente y pagar sus adeudos fiscales. Queremos que las autoridades bancarias nos demuestren que ya Bancomer hizo ese pago, porque en 2001 la CNB estableció que los bancos sólo pueden tener intereses moratorios que no rebasen 20 por ciento de su capital, y Bancomer tiene 68.3 por ciento de intereses diferidos respecto de su capital básico", detalló.

En la misma situación, dijo, se encuentra Bital (ahora HSBC) mientras otros bancos, como Banamex y Banorte, cubren la norma. "Con esa disposición, los bancos anotan los impuestos diferidos en su balance como activos para capitalizarse, pero ello implica una pérdida fiscal en un contexto de plena contingencia económica. Y el gobierno quiere cobrar IVA en alimentos y medicinas con el argumento de que no hay recursos, pero no les quiere cobrar a sectores privilegiados", expresó.

El senador del PAN Héctor Larios defendió el método de capitalización bancaria a través de los impuestos diferidos, con el argumento de que su operación "no cancela ninguna obligación fiscal que tenga, en este caso, BBVA. No hay exoneración".

Inclusive, avaló la operación de venta de las acciones de Bancomer a BBVA porque "lo único que pasaría es que las acciones son propiedad de una sola persona y, en consecuencia, no va a cotizar en bolsa seguramente, y al no hacerlo no tendrá que rendir los informes que todas las empresas están obligadas a emitir de manera periódica ni las auditorías que den garantía a quienes concurren a la Bolsa de Valores, de que la información presentada es correcta".

El senador Fernando Gómez Esparza, del PRI, coincidió en que con dicha operación estaría "culminando la extranjerización del sistema financiero de la banca mexicana, lo cual debe llamar la atención".

Por otra parte, la Comisión Permanente exhortó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a dictaminar las dos iniciativas que presentaron los ex diputados Sergio Acosta Salazar y Carlos Luna para constituir un fideicomiso que administrará el Fondo de Asistencia para los ex braceros del periodo 1942-1966.

Asimismo, el diputado priísta Carlos Flores Rico presentó un punto de acuerdo para que el Legislativo exija a la Secretaría de Gobernación a cumplir con el artículo 31 del Presupuesto de Egresos 2004, en el que estableció una nueva distribución de los tiempos del Estado en radio y televisión, para los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos autónomos.