La justicia social, necesaria para la salvaguarda de los derechos fundamentales, indica

Soberanes apremia al gobierno a orientar su interés y acción a los grupos vulnerables

Advierte ante legisladores que la desigualdad social pone en riesgo la gobernabilidad

VICTOR BALLINAS, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, alertó que ante la precariedad de los derechos económicos y sociales, y el aumento de la desigualdad social, crece el riesgo de la ingobernabilidad.

Al presentar su informe de labores ante senadores y diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional subrayó que sin expectativas de desarrollo no se podrá satisfacer plenamente la vigencia de los derechos humanos, en una sociedad notablemente marcada por la enorme desigualdad en el acceso a las oportunidades y los bienes materiales.

En ese tenor, sostuvo: ''nuestra democracia exige, por lo mismo, que el Estado oriente su interés y su acción hacia los sectores y grupos sociales que requieren atención prioritaria, pues la justicia social es componente inseparable de la salvaguarda de los derechos fundamentales".

Reconoció durante la lectura de su informe -el cual debió recortar porque sólo le otorgaron 30 minutos para su exposición- que no se pueden negar los avances en materia de derechos humanos, pues se han desplazado los de primera generación por los de segunda y tercera generaciones.

Sin embargo, precisó, ''los derechos económicos y sociales aún son precarios; por ello no podemos cantar victoria ni caer en el optimismo infundado. Primero, porque México sigue siendo un país muy desigual, con zonas marcadas por el atraso y la barbarie, como lo reflejan las matanzas en zonas rurales o los feminicidios en Ciudad Juárez, y segundo, porque subsisten fenómenos aberrantes que socavan el estado de derecho, como la presencia creciente de secuestradores y otras formas de delincuencia organizada que afectan el tejido social y corrompen a las instituciones".

Si a eso se añade, abundó, la incapacidad y la corrupción policiacas, y su contraparte en la impunidad; las debilidades en materia de procuración y administración de justicia, y la inseguridad que tiene en vilo a las familias en tantas zonas del país, ''tenemos sin duda bastantes motivos de preocupación''.

Ante ese panorama que esbozó ante los legisladores, Soberanes subrayó: ''definitivamente no creo que podamos prescindir de un Estado solidario en una democracia con tantas desigualdades, como por desgracia todavía es la nuestra".

La experiencia ciudadana de que un gobierno democráticamente electo tendría, per se, capacidad superior para responder pronta y eficazmente a los problemas de la vida social, particularmente en lo relativo a la disminución de la pobreza, la reducción del desempleo y la lucha contra la desigualdad como obstáculos al desarrollo, no se ha concretado todavía, y parece depender del curso que tomen la economía, la política fiscal y el empleo en los próximos años, precisó.

No obstante, sostuvo: ''pensamos que aún es posible cumplir con esas esperanzas ciudadanas, si reconocemos que se trata de exigir derechos y asumir responsabilidades. El Estado social, para serlo en verdad, debe atender sus obligaciones hacia la sociedad. No creo que pueda prescindirse de un Estado solidario en una sociedad con tantas desigualdades".

Demandó en la tribuna legislativa "dejar atrás, y de una vez para siempre, los tiempos en los que el respeto a los derechos humanos era una cuestión de imagen, y establecer en cambio la necesaria congruencia entre el reconocimiento constitucional de estos derechos y un ambiente social que favorezca que todos los sectores de la población puedan ejercerlos".

Y enfatizó: " ni la impunidad ni la simulación serán impedimento para que esta comisión nacional mantenga en alto su exigencia de que actuar con legalidad es la primera condición para proteger y promover efectivamente los derechos fundamentales de las personas".

Informó que a la CNDH le preocupa la situación detectada en los campos agrícolas del noroeste del país, donde se han constatado las precarias condiciones en que se encuentran los jornaleros, en especial los menores de edad que trabajan periodos excesivos y perciben pagos inferiores al mínimo legal, además de que carecen de servicios educativos y de salud.