El Presidente evade el asunto del rancho; "yo trabajo muy contento", expresa

Descarta Gobernación negociar impunidad

Patricio Patrón se niega a hablar con una representación de ex trabajadores de Yucatán

El presidente Vicente Fox pretendió dar por concluida la discusión en torno a las fallas de seguridad que hubo el fin de semana durante el allanamiento de la finca de su familia en Guanajuato. "Ya lo del rancho lo aclaré ayer", atajó en breve entrevista durante una gira por Durango. En la ciudad de México, por su parte, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, confirmó la reunión que hoy tendrá con los representantes de los ex braceros; sin embargo, advirtió que en la mesa de negociación no se aceptará ningún punto que "escude la impunidad".

Creel subrayó que seguirán las investigaciones sobre la ocupación del rancho. "Eso no puede ni va estar en esta mesa de negociación", insistió.

Por otra parte, en Yucatán, el gobernador panista Patricio Patrón negó apoyo para viajar a la capital del país a una representación de ex braceros que quería estar presente en las negociaciones en Bucareli, en busca de una respuesta a su demanda de recuperar el fondo de ahorro que se formó cuando trabajaron en Estados Unidos, entre 1942 y 1964.

Como si lo ocurrido en el rancho de la madre de Fox se tratara de un problema aislado, el mandatario estatal rechazó, incluso, conversar con integrantes de la Alianza de ex Braceros de Yucatán, conformada por 350 personas, algunas de las cuales llevaron al palacio de gobierno documentos y tarjetas que los acreditan como trabajadores en Estados Unidos en aquel periodo.

"¿Acaso ustedes participaron en la toma del rancho del Presidente?", interrogó Patrón a los ex trabajadores migrantes, para inmediatamente darles la espalda y retirarse rápido a sus oficinas.

Motín, eventual cargo

Mientras, en Guanajuato, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) continuó las indagatorias y este miércoles se presentaron a rendir su declaración como testigos de cargo Mercedes Angel Pacheco, quien vive frente a la casa allanada, y el delegado rural del poblado, Lidio Ruiz.

Ante la agencia mixta número uno del Ministerio Público, también se presentaron a declarar otras dos personas que no fueron identificadas, pero que "también presenciaron los hechos", se informó.

La delegada de la PGR en la entidad, Lucía Graciano Casas, confirmó que mediante las investigaciones que sigue la dependencia "pudiera deslindarse algún delito del orden federal, y con la información que aporten los testigos y otros elementos, podremos hacer el desglose de responsabilidades".

Al respecto, algunos colaboradores de la funcionaria revelaron que a los ex braceros que invadieron la finca se les imputaría "en primera instancia el delito de motín, establecido en el Código Penal Federal". Inclusive, comentaron que en la querella presentada por Gumaro Martínez Pérez, con la que se integró la averiguación previa 018/2004, "hay sustento para imputar esa acusación".

Graciano Casas se limitó, por lo pronto, a informar: "Estamos por determinar si hubo delitos del fuero federal, y en caso de que se comprueben allanamiento de morada, amenaza y perturbación del orden público, los casos se turnarán al fuero común, para que se sigan en la averiguación previa 1097/2004 que abrió, por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato".

En Bucareli, en una conferencia que ofreció, Creel Miranda precisó a su vez que las acciones de carácter legal por las investigaciones de los hechos en el rancho San Cristóbal corresponde llevarlas a la PGR, por lo que será esta dependencia la que realice los deslindes y consignaciones correspondientes contra los responsables.

De esta forma, subrayó, "el único tema" que este jueves será abordado con los ex braceros es el referente a la recuperación del ahorro que hicieron durante el tiempo que laboraron en Estados Unidos y la integración del padrón de afectados.

Reiteró, finalmente, que en caso de que se decida resolver este asunto mediante el pago del fondo de ahorro, los recursos tendrán que ser autorizados por la Cámara de Diputados. "Esa es la única solución, pues la ley no permite hacer uso de fondos públicos si antes no está aprobado por el Legislativo", puntualizó.

De gira por Durango, en tanto, Fox insistió en exculpar al Estado Mayor Presidencial y a su titular, el general José Armando Tamayo. Y para dar por cerrado el tema, apuntó: "Yo trabajo muy contento, muy feliz". A las declaraciones de Fox en el contexto de la visita a tierras duranguenses se sumaron, por separado, las del subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, quien dijo que se dialogará con los representantes. "Empero, tenemos que dar espacio para que se asiente la inconformidad y el tema nebuloso que implicaron los ruidos tras la ocupación".