México D.F. Lunes 9 de febrero de 2004
Los ahorros de los trabajadores no se invirtieron
en actividades para generar empleos
Fracasa el sistema de pensiones; dueños de Afore,
los beneficiados
Ochenta y cinco por ciento de los recursos están
en la Bolsa como instrumentos de deuda
Las administradoras de fondos han ganado 50 mil millones
de pesos por manejo de cuentas
RENATO DAVALOS
Seis años después de la reforma al sistema
de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ahorro de los
trabajadores no se invirtió en actividades productivas para generar
empleos, garantizar una "pensión digna" o sanear las finanzas del
IMSS. Hoy, 85 por ciento de los recursos generados desde entonces -casi
400 mil millones de pesos, 6 por ciento del producto interno bruto (PIB)-
están en la Bolsa, en instrumentos de deuda del gobierno, y las
12 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) han ganado 50 mil millones
de pesos por el manejo de cuentas de los trabajadores.
A ello se suma que, a contrapelo del ofrecimiento de la
reforma como "detonante del crecimiento y factor para retomar el desarrollo",
la sociedad tendrá que pagar tres distintas fórmulas de endeudamiento
con recursos fiscales. En primer lugar, el proceso de transición
obliga a solventar hoy las pensiones en curso de 2 millones de jubilados,
que le costarán al país 47 mil millones de pesos en 2004,
de acuerdo con la disposición respectiva en el Presupuesto de Egresos
de la Federación de este año.
En segundo lugar, el país financia los recursos
invertidos en la Bolsa -deuda interna en valores gubernamentales-, cuyo
monto asciende a 335 mil millones pesos de los 395 mil millones de ahorros
canalizados a la Bolsa Mexicana de Valores.
El
tercer pago lo amortizará el país al final de los 25 años
del sistema, cuando el gobierno cubra las pensiones de quienes ganan uno,
dos, tres salarios mínimos y más, que no garantizan la pensión
mínima de mil 350 pesos mensuales que por ley debe recibir un trabajador,
cifra muy distante de la "pensión digna" que se ofreció para
realizar la enmienda, impulsada durante el zedillismo, cuyas condiciones
no ha modificado el gobierno foxista.
Pese a ello esta administración apremia ya a reformar
el sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con una iniciativa que cabildea
desde hace meses el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz,
en el Congreso. A ello se añaden las amenazas de colapso de Eduardo
Sojo, coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia,
en caso de "no hacer esta nueva reforma".
La proyección para un trabajador que percibe salario
mínimo, al final de los 25 años de vida laboral, revela que
su ahorro será de 75 mil 943 pesos, cifra que le dará una
pensión mensual de 247 pesos, mil 100 pesos menos de los recursos
mínimos que por ley tendría que ofrecer el sistema por un
minisueldo.
Para quienes ganan dos salarios mínimos, al final
de su vida activa, recibirían 390 pesos mensuales, y los de tres
cobrarían 514.80 pesos. Al finalizar la vida del sistema, el gobierno
tendría que cubrir los faltantes generando una nueva carga fiscal
para el país.
Hoy los trabajadores no cuentan con la información
prometida, pues la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro (Consar), desde septiembre pasado, no ha dado a conocer los rendimientos
consolidados de los ahorros.
De acuerdo con el informe anual del IMSS, el porcentaje
de solvencia del instituto es negativo en 25.5 por ciento, lo cual significa
que hace frente a un faltante de recursos de una cuarta parte de sus necesidades.
Muy lejos de las razones esgrimidas para efectuar la reforma.
Con el cambio de régimen, se argumentó hace
seis años y se plantea ahora en la iniciativa de reforma a las pensiones
del ISSSTE, se "aliviaría la condición financiera del IMSS,
se elevaría la calidad de los servicios, se ampliaría la
cobertura y se mejorarían las condiciones de las prestaciones",
pero nada se ha cumplido.
Al cierre de 2003 el IMSS tenía 42.5 millones de
asegurados, incluidos a sus familiares, más 2.1 millones pensionados,
jubilados y 1.8 millones de familiares de éstos.
La pensión promedio es de 20 mil 97 pesos anuales,
aunque 76 por ciento tiene la mínima de mil 350 mensuales. Se tienen
reportados 7.4 trabajadores activos por pensionado. La cobertura de los
sistemas de seguridad social abarca apenas 30 por ciento de la población
económicamente activa (PEA).
De acuerdo con el informe, el peso del Seguro de Enfermedades
y Maternidad concentra más de 60 por ciento de los recursos, lo
cual determina las finanzas del instituto.
El año pasado el instituto tuvo ingresos por 150
mil 198 millones de pesos y egresos por 188 mil 565 millones, lo cual arrojó
un déficit de 38 mil 367 millones. Casi 70 por ciento de los gastos
correspondieron a pagos de nómina. De éstos, 42.5 por ciento
se dedican al pago de pensiones, jubilaciones y compromisos como patrón.
Cifras incompletas
Los reportes más recientes de la Consar revelan
un total de 31.3 millones de cuentas de trabajadores, de las cuales 12.1
millones son activas; es decir, 38.6 por ciento. El resto corresponde a
registros en los que se incluyen cambios de cuentas o movimientos generados
por quienes abrieron una y luego quedaron desempleados. La elevada diferencia
entre las cuentas individuales y activas del total afectan los rendimientos.
En la actualidad se tienen contabilizados 10.9 millones de trabajadores.
Según reportes de la Consar, el número de
cuentas activas ya no se incluye y en su lugar se utiliza el de trabajadores
activos. Tampoco hay claridad para identificar las comisiones cobradas
por flujo de recursos, saldo e inactividad, pero tampoco se reportan los
rendimientos por comisiones o por cambio en el valor de cartera. No se
ha precisado la información sobre los saldos netos de los traspasos
o los problemas derivados de la duplicación de cuentas.
Apenas el año pasado el gobierno dispuso de 20
mil millones de pesos de la cuenta concentradora, que manejaba el Banco
de México, de los trabajadores que no escogieron alguna Afore. Los
recursos fueron para fondear el nacimiento de Financiera Rural,
que a su vez absorbió sin investigación alguna la deuda del
Banrural.
Por la falta de informes claros y las insuficiencias tendrá
que comparecer este martes el titular de la Consar, Mario Gabriel Budebo,
ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Los datos hasta ahora ofrecidos no garantizan que un trabajador "pueda
decidir" invertir en un bono de desarrollo o en una acción.
Los fondos ascienden, sin contabilizar los recursos para
vivienda, a 395 mil 103 millones de pesos, a cifras de 2003; esto es, 6
por ciento del PIB. Por rubro de cartera, 49.7 por ciento está invertido
en bonos de desarrollo, 3.7 por ciento en Cetes y 6.5 por ciento en Udibonos,
entre otros. Mientras tanto, a acciones de empresas se ha canalizado 15.4
por ciento del total de los fondos.
La composición de la cartera detalla que 84.7 por
ciento del total de los recursos está invertido en la Bolsa, en
valores gubernamentales, y 10.8 por ciento en corporativos, es decir, de
empresas. A instituciones financieras corresponde 3.8 por ciento y apenas
0.6 por ciento a entidades.
En relación con las comisiones que cobran las Afores
a los trabajadores sobre el saldo a 25 años, ideado por el sistema,
se observa un promedio de 0.80 por ciento. La tasa menor corresponde a
la Afore Azteca, con 0.57 por ciento, y la más elevada es de Profuturo
GNP con 1.36 por ciento.
En promedio, los rendimientos históricos del 2
de julio de 1997 al 31 de diciembre de 2003 fueron de 8.15 por ciento.
En el periodo, el menor porcentaje lo otorgó Inbursa con 5.24 y
el máximo Banamex con 8.75 por ciento.
Un trabajador difícilmente puede retirar sus recursos.
La ley le da derecho a que cada cinco años, si demuestra que estuvo
sin empleo al menos 45 días, pueda disponer de 10 por ciento del
saldo en su cuenta o de 75 días del promedio del salario de cotización.
El retiro será sobre la cifra menor.
De mantenerse el actual ritmo de crecimiento, los recursos
manejados por el sistema podrían duplicarse en los próximos
tres años, porque las aportaciones bimestrales oscilaron por encima
de los 9 mil millones de pesos en 2003. Según el Banco de México,
las Afore aportaron 26.5 por ciento del ahorro financiero.
Las estimaciones del secretariado técnico de la
Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados plantean
que el volumen de comisiones que han cobrado las Afore en seis años
de operación asciende a 50 mil millones de pesos, lo cual representa
casi 12.5 por ciento de los fondos acumulados. En términos per cápita,
el costo del manejo de cuenta de una Afore es de 156 pesos, pero cobran
388.
En esa proyección se prevé que bajo las
actuales circunstancias el ahorro que una persona que percibe salario mínimo,
con ingresos por mil 300 pesos, al final de los 25 años habría
ahorrado 75 mil 943.50 pesos, lo cual le alcanzaría para una pensión
de 247 pesos. En el caso de quien gana dos minisueldos, ahorraría
93 mil 789.97 pesos con una pensión mensual de 390; en el de tres
salarios mínimos, tendría en su fondo 123 mil 407.21 pesos
con 514.80 pesos de pensión.
En los tres casos, el gobierno tendría que hacerse
cargo, de nueva cuenta, de cubrir la pensión mínima garantizada
de un salario mínimo, muy por debajo de la promesa de un ingreso
"digno".
De los casi 400 mil millones de fondos acumulados, según
informes de la Consar, Banamex cuenta con 91 mil 673 millones y 5.6 millones
de cuentas; Bancomer, con 83 mil 563 millones y 4.3 millones de cuentas,
y GNP con 40 mil 425 y 3.1 millones. Las 12 Afore reportadas en la Consar
son Actinver, Azteca, Bancomer, Banamex, ING, Principal Afore, Inbursa,
Siglo XXI, Bancrecer Dresdner, Profuturo GNP, Santander y Banorte Generali.
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