La oposición analiza exigir su renuncia y convocar a elecciones anticipadas

Enfrenta Toledo la peor crisis política desde que asumió la presidencia peruana

El mandatario anunció la restructuración de su gabinete y medidas anticorrupción

XIMENA ORTUZAR

Mal comienza el año para el presidente peruano Alejandro Toledo: la peor crisis política desde que llegó a la presidencia en julio de 2001 alienta el vaticinio de que podría no completar su periodo constitucional de gobierno de cinco años.

A las múltiples manifestaciones públicas y masivas de descontento por su gestión presidencial, traducidas en un exiguo 7.2 por ciento de apoyo popular en las encuestas, se suma el desmoronamiento de la alianza gubernamental de Perú Posible (PP) con el Frente Independiente Moralizador (FIM), por la renuncia de militantes, algunos de ellos parlamentarios. Hasta ahora, Toledo mantendría en el Congreso 39 votos -casi un tercio-, insuficientes para asegurar la gobernabilidad.

Ante este escenario, la oposición, con el Partido Aprista Peruano (APRA) a la cabeza, analiza incluso la posibilidad de exigir la renuncia de Toledo y convocar a elecciones anticipadas.

La crisis detonó al conocerse la existencia de "negociaciones" entre un colaborador del mandatario y un militar miembro de la llamada mafia fujimontesinista. Los protagonistas: el abogado César Almeyda Tasayco y el general (en retiro) del ejército peruano Oscar Villanueva Vidal, considerado "el cajero" de Vladimiro Montesinos. El encuentro entre ambos tuvo lugar el 10 de diciembre de 2001, cuando el primero era jefe del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) y el segundo se encontraba prófugo de la justicia.

El militar fue jefe de la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio del Interior entre 1996 y 1999. En tal calidad autorizó en 1997 -con anuencia de Vladimiro Montesinos- la adquisición de tres helicópteros por 11 millones 989 mil dólares. En 2002, la procuraduría del sector interior lo denunció penalmente por haber sobrevaluado el precio de los aparatos que, además, se encontraban en mal estado.

El 5 de noviembre de 2001 -ocurridas ya la huida y renuncia de Fujimori-, Villanueva, prófugo de la justicia, decidió acogerse a la Ley de Colaboración Eficaz. Como paso previo se reunió con César Almeyda para "negociar" un acuerdo con las autoridades anticorrupción: entregaría información de delitos de la mafia a cambio del beneficio de ley. El 31 de enero de 2002 el acuerdo se concretó.

El 31 de mayo de 2002 el militar se presentó ante autoridades judiciales, entregó su testimonio y fue detenido, pero el 29 de agosto de ese año la justicia cambió la prisión en cárcel por arresto domiciliario, debido a "la importancia de la información proporcionada y la calidad del material probatorio entregado".

Villanueva Vidal reconoció ante la justicia adquisiciones indebidas por un monto superior a los 22 millones de dólares; admitió haber desviado fondos del Ejército y del Ministerio del Interior al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) -a cargo de Montesinos- y nombró a 11 generales y dos docenas de oficiales corruptos implicados en delitos. Se suicidó el 1º de septiembre de 2002.

Para la justicia, Almeyda incurrió en el delito de encubrimiento personal por haberse reunido con un prófugo y no haber informado a las autoridades de su ubicación.

Los argumentos de Almeyda

Cuando Miguel Salas Sánchez, alias el agente Sun -secuaz de Villanueva- ofreció vender el audio del polémico encuentro y adelantó a los medios una transcripción del mismo, en enero pasado, Almeyda reconoció su participación en él, pero alegó que lo hizo con conocimiento del entonces Ministro de Justicia, Fernando Olivera. Agregó que sólo quiso "facilitar" al militar su cooperación con la justicia.

El escándalo puso a tambalear al gobierno.

Olivera negó conocer de ese encuentro en su momento. Almeyda corrigió: "sólo comenté al ministro que una persona deseaba colaborar a cambio de beneficios. Olivera entonces me recomendó buscar al procurador con la finalidad de iniciar los trámites correspondientes".

Almeyda, precisó el presidente Alejandro Toledo, tampoco supo de tal reunión en su momento.

Sus argumentos no alcanzaron para frenar la avalancha: la base de apoyo a Toledo se erosionó y la oposición comenzó a pedir la cabeza de Olivera y otros miembros del FIM en el Ejecutivo -sobre todo la del ministro de Justicia, Fausto Alvarado- "para que el FIM no investigue al FIM"-, la conformación de un nuevo gabinete ministerial e incluso un posible adelanto de elección presidencial.

La difusión del audio, el 29 de enero, echó más leña al fuego. Para dirigentes opositores, "fue un encuentro entre gánsters, al más puro estilo de la mafia". Para representantes del oficialismo, "una prueba cuestionable, de dudosa autenticidad y posiblemente editada". Especialistas reconocen que la calidad de la grabación es deficiente.

Recambio urgente

La oposición plantea una exigencia unánime: "la conformación de un nuevo equipo ministerial integrado por independientes y técnicos, consensuado por los diversos sectores políticos y sociales. Podría constituir -dicen- la última oportunidad de salvación del gobierno". Coinciden también en que el actual presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, es el indicado para encabezar ese nuevo gabinete.

La continuación del juicio político que el Congreso sigue a Raúl Diez Canseco por corrupción provocó en días recientes su renuncia a la primera Vicepresidencia de la República, cargo al cual fue elegido en la plancha de Alejandro Toledo. Que esto ocurriera en medio de la crisis agravó el panorama de "debilidad gubernamental".

Hay más. Salas Sánchez declaró ante el fiscal Jorge Cortez Pineda haberse reunido en tres ocasiones con el actual jefe del CNI, Daniel Mora Zeballos, a finales de 2003, para tratar el tema del audio. Mora Zeballos lo ratificó argumentando "un esfuerzo de su institución de obtener pruebas de un acto ilícito y en aras de contribuir con la justicia".

El agente Sun ha implicado también en sus denuncias -sin pruebas hasta el momento- a un sobrino y dos hermanos del presidente Toledo.

Similitudes con el pasado

Analistas opinan que la actual crisis se asemeja a otras de años recientes: la corrupción a niveles de gobierno sigue operando; audios de hoy remplazan videos de ayer; la renuncia del vicepresidente Diez Canseco recuerda la de Francisco Tudela en las postrimerías del fujimontesinismo. Reconocen que los tiempos son otros, pero advierten: "que la mafia se haya mudado a Palacio no relativiza los delitos cometidos en los años 90, pero sí propina un golpe decisivo a un gobierno cuya legitimidad se apoyaba parcialmente en la participación de algunas de sus más importantes figuras en el derrocamiento del gobierno corrupto de Alberto Fujimori".

En efecto, Alejandro Toledo alcanzó la presidencia de Perú en 2002, tras encabezar movilizaciones populares contra Fujimori.

Llenó un vacío. Fue el outsider, la carta no jugada en un escenario político carente de líderes con poder de convocatoria, en medio del repudio mayoritario a la clase política, cuyo último representante tradicional -Alan García Pérez- había concluido su mandato presidencial en 1990 en medio de denuncias de violación a los derechos humanos y corrupción. Se repetía con Toledo la situación que permitió a Fujimori alcanzar la presidencia.

Tema central de la campaña de Toledo fue combatir la corrupción agravada en el decenio del fujimontesinismo. Superada esa lacra, aseguraba, habría paz social, mejoraría la economía nacional, habría trabajo y equidad en el país.

Toledo cosechó siembras anteriores: aún bajo el gobierno de Fujimori y Montesinos, el FIM inició una cruzada de denuncias de métodos y prácticas gubernamentales corruptas y antidemocráticas. Punto culminante de esa cruzada fue la difusión de un video en que Montesinos sobornaba a un congresista de oposición. A la cabeza de esa denuncia estuvo el entonces diputado Fernando Olivera Vega, líder del FIM y luego candidato a la Presidencia. Tras el triunfo de Toledo, Perú Posible y el FIM integraron una alianza de gobierno. Olivera fue nombrado ministro de Justicia y posteriormente embajador en España, cargo que aún desempeña.

La confirmación de que un asesor de Toledo se reuniera en secreto con un general de la mafia, con conocimiento del entonces ministro Olivera, y que ello se conociera sólo porque el secuaz de Villanueva decidió recientemente poner a la venta -en tres millones de dólares- el audio de ese encuentro, provocó la más reciente crisis del gobierno de Toledo y la más grave, según analistas locales. Es que Almeyda no fue un colaborador más de Toledo, ha sido además su abogado personal y lo representó en el juicio de paternidad de su hija Zaraí. Se le consideró el hombre más importante del entorno presidencial en 2003.

Febrero se viene duro

La convulsión social ya presente en Perú se recrudecerá en febrero: diversas huelgas están anunciadas. El día 18 se llevará a cabo en Lima un congreso de agricultores cocaleros -que "podría propiciar manifestaciones antigubernamentales"- y trabajadores del sector salud han amenazado con un paro a finales de mes si sus demandas laborales no son atendidas.

El oficialismo acusa a la oposición -especialmente al APRA- y a los fujimontesinistas, de conspirar contra el gobierno para evitar que los culpables del pasado, hoy ante la justicia, paguen sus culpas.

En respuesta a la crisis, Toledo anuncia la restructuración del gabinete mediante el recambio de siete de los 15 ministros actualmente en ejercicio. Agrega a esto una treintena de medidas anticorrupción.

Para la mayoría ciudadana, el anuncio tiene sabor a un poco más de lo mismo.