León Bendesky

Bancos, historia sin fin

Esta es una historia digna de Edgar Allan Poe: un verdadero horror. Un horror económico, financiero y fiscal, que no es, por supuesto, sólo un error craso de política pública. Ha sido muy consistente el empeño que han puesto el gobierno y los grupos interesados por manipular las condiciones y consecuencias del desastre bancario, desde la privatización amañada de De la Madrid, y especialmente de Salinas, el salvamento con dedicatoria que hizo Zedillo luego de la crisis de 1995, y la actual complacencia de Fox. Pero es evidente que ese sector clave para el financiamiento de la inversión en el país se ha constituido en una pesada carga para esta economía y en un obstáculo institucional, no cumple su tarea de intermediación desde hace mucho tiempo y aun así devenga enormes ganancias, presta un mal servicio y cobra comisiones injustificables sin que autoridad reglamentaria alguna haga el trabajo que por ley debe hacer, o incluso de modo abierto bajo su mismo amparo.

En su última etapa en manos del capital privado nacional, se desvirtuó la función de los bancos en aras de una pronta recuperación del capital que se había invertido para comprarlos en un proceso desaseado y mal planteado financieramente en la primera mitad de la década de 1990. La pésima gestión monetaria y cambiaria de fines del sexenio de Salinas y el inicio del de Zedillo le dio la puntilla, pero enseguida se armó un esquema de protección que no tiene paralelo en ningún otro caso. De ahí las experiencias nefastas del Fobaproa y del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) con su enorme costo fiscal que paga toda la población.

Los bancos se han vuelto ya propiedad de grandes empresas extranjeras, y debe quedar claro que ésta no es una apreciación basada en un nacionalismo trasnochado, y aun menos es una defensa de los banqueros mexicanos de la última época, eso sí grandes especuladores y hábiles mercaderes que aprovecharon la debacle económica en su propio beneficio. Se trata, en cambio, de resaltar la relevante implicación que tiene la propiedad extranjera de 90 por ciento del sistema bancario, en particular en cuanto a la capacidad del gobierno para diseñar y aplicar la política económica. Esa capacidad se ha perdido prácticamente por completo, ya que estas empresas mueven los recursos financieros con base en sus propios criterios corporativos, ajenos a cualquier cosa que pueda caracterizarse como el interés nacional, si es todavía válida una referencia de ese tipo. Así pues, no hay modo de orientar el uso de ese capital en función de algún plan de desarrollo que se enfoque en actividades o regiones que pueden fomentar el crecimiento del producto y la generación de empleo, o incluso para ampliar el acceso al crédito de la mayor parte de la gente que hoy no lo tiene.

Ahora estamos en el capítulo BBVA de esta historia. El banco español quiere comprar el total de Bancomer, el 40 por ciento que le falta, y asimilarlo de manera íntegra a su grupo financiero. El negocio mexicano le ha sido en verdad rentable a BBVA, tal como expresaron sus flamantes y bien remunerados ejecutivos en su reciente informe de gobierno corporativo. No debe pasar inadvertido que eso ha ocurrido en un periodo de lento crecimiento de esta economía, de nulo aumento del ingreso por habitante y de una caída de la inversión productiva. Y cómo no habría de ser un gran negocio si el banco se compró saneado a costa del erario con el pago del pagaré emitido por el Fobaproa, es decir, en condiciones en que obtienen una renta a un plazo muy largo con la garantía del Estado mexicano y en un entorno de bajo riesgo puesto que básicamente colocan sus recursos en la deuda pública por la vía de los Cetes. Esas son las fuentes de sus ingresos y no la colocación de créditos, excepto mediante tarjetas de crédito que cobran un interés de agio. Para BBVA, Bancomer representa 26 por ciento de sus clientes, 34 de sus empleados, 24 por ciento de sus sucursales, 17 por ciento de sus activos y nada menos que 28 por ciento del total de sus utilidades. Este es un negocio redondo, como bien saben Citigroup y los demás.

El negocio de los bancos extranjeros en México y en particular para BBVA se sustenta además en una estructura en que tienen a su servicio a la Secretaría de Hacienda con los organismos que dependen de ella -como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el IPAB-, al Banco de México y hasta al Congreso, cuando menos a la parte que gana las votaciones legislativas con representantes de todos los partidos.

Ahora las autoridades financieras no pueden mostrarse sorprendidas por el modo adverso en que opera el sector bancario y menos aún decirse preocupados por la creciente concentración en términos de la propiedad y el control del mercado (Bancomer tiene una cuarta parte del total de los activos del sistema y con Banamex llegan a la mitad). El entusiasmo de los dueños de BBVA sobre su inversión mexicana basada en la renta contrasta con la situación de crónico estancamiento de la economía que, para variar, ha sido bien retratada en el Programa Monetario para 2004 del banco central. El negocio bancario no implica ahora ningún compromiso con el país en el que opera, como se demostró a las claras en el caso argentino durante la crisis de 2000, simplemente se fueron con lo que pudieron llevarse a cuestas, es decir, con todo. Esta es la política que prevalece para el sector bancario y no hay dedo que pueda tapar el sol.