Demanda Alonso Raya al asesor foxista explicar en qué basa sus afirmaciones reduccionistas

Informe de la Consar desmiente el alarmismo de Sojo sobre pensiones

El pago a ex empleados afiliados al IMSS en los próximos 10 años será de 5.1% del PIB de 2002, dice el reporte Pide el diputado que Ejecutivo y Legislativo elaboren un diagnóstico real del fenómeno

ROBERTO GARDUÑO

La exposición del coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Eduardo Sojo, en torno al enorme déficit en el sistema de pensiones en México, se contrapone a los datos que posee la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que en su último informe enviado al Congreso de la Unión revela que para las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores afiliados al IMSS -que constituyen la mayoría en el país-, el gobierno federal erogará durante los próximos 10 años 314 mil 668 millones de pesos, cifra equivalente a 5.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2002.

Al comentar los datos de la Consar -cuyo documento se encuentra en este diario- y los emitidos por el funcionario de la Presidencia, quien advirtió que el monto del déficit representa 25 por ciento del PIB, el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, demandó al foxista una explicación de las cifras y cálculos utilizados en su exposición.

"¿De qué está hablando Sojo? Su exposición es alarmista. No dijo si el déficit es producto de una proyección de este año a 2050, y mucho menos mencionó si es el cálculo desde que se originó el sistema de pensiones en 1948. Entiendo que está hablando de un [monto] histórico, que implica desde que se inició el sistema de pensiones, tal como lo refleja el estudio que ellos tienen, y que se realizó entre 1999 y 2000. Si fue así, muchos de los problemas financieros ya se resolvieron, y el hecho es que ahora se debe contemplar cómo resolver los problemas del futuro. En lugar de estar alarmando, tomemos medidas y demos datos oficiales. Hay un problema de fondo en el sistema de pensiones; ¡sí, eso no se puede negar! Entonces, sentémonos a dialogar para hacer un diagnóstico. Demos el paso sobre esa base y visualicemos si la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el camino".

La complejidad del tema, a decir del diputado perredista, implica la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para elaborar en conjunto un diagnóstico real sobre el problema de las pensiones, porque "si se aborda como este gobierno lo viene haciendo se puede encender la mecha de la inconformidad social, [lo] que podría ser muy grave".

El criterio utilizado por Sojo en la primera fase de la Convención Nacional Hacendaria es "reduccionista", porque en primer lugar no especifica periodos, y segundo, no manifiesta soluciones viables, advirtió Raya.

"Sin tener un estudio que sustente esos dichos, es necesario abrir la mesa de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo para hacer un diagnóstico sobre todos los regímenes de pensiones, ubicar el problema del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) [...], de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -donde sus ministros se autorizaron pensiones de privilegio-, también las universidades públicas, las pensiones de los ex presidentes, de los ex trabajadores de la banca de desarrollo. Hasta ahora los foxistas insisten en la solución de la aportabilidad de las pensiones, y eso es homologar hacia abajo, no tiene viabilidad y nos arrastraría a todos a un grave problema social de repercusiones imprevisibles. ¡Con eso no se puede jugar!"

Por lo que hace a las pensiones en curso de pago para los ex trabajadores afiliados al IMSS, cuya cifra rebasa 2 millones en todo el país, significándose como el sistema más grande en México, seguido del ISSSTE (484 mil), la Consar, en el informe que envió al Congreso federal desde agosto de 2003, que no ha sido analizado ni calificado por las comisiones de Seguridad Social en el Senado y en la Cámara de Diputados, el problema no es tan catastrófico.

Los compromisos asumidos por el gobierno federal, derivados de la reforma del sistema, están enfocados a cubrir las pensiones en curso de pago y las mínimas garantizadas.

"De acuerdo con la información del IMSS, el valor presente del costo fiscal de las pensiones en curso de pago para los próximos 10 años se estima que ascenderá a 314 mil 668 millones de pesos de 2002. Esta cifra equivale a 5.1 por ciento del PIB de 2002. Por lo que se refiere a las pensiones en curso de pago del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM), el costo fiscal a valor presente para los siguientes 10 años asciende a 294 mil 402 millones de pesos. Dentro de este seguro, el principal concepto de costo corresponde a las pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada. Por otra parte, las pensiones en curso de pago del seguro de riesgos de trabajo tienen un costo fiscal al valor presente de 2 mil 266 millones de pesos constantes para los próximos 10 años, lo que equivale a 0.3 por ciento. Es importante precisar que estas pensiones se otorgaron antes de la reforma al sistema pensionario, pero fueron absorbidas por el gobierno federal para fortalecer la situación financiera del IMSS."

De acuerdo con los datos del IMSS, el coso fiscal de las pensiones en curso de pago para los próximos 10 años se estima en 39 mil 885 millones de pesos de 2002. No obstante, Miguel Alonso Raya estima que ese cálculo queda corto, porque tan sólo para el presente año los recursos que se destinarán a esa obligación gubernamental rebasarán 45 mil millones de pesos, y en conjunto con aquellos que contemplan para el ISSSTE sumarán más de 85 mil millones de pesos en 2004.

Sobre el particular, el documento de la Consar establece que, en promedio, entre 1997 y 2001 el gobierno federal había erogado cada año un monto equivalente a 0.6 por ciento del PIB por concepto de pensiones de los afiliados al IMSS.

"Para los próximos 10 años se estima que el gobierno federal erogará anualmente alrededor de 0.56 por ciento del PIB para sufragar las pensiones en curso de pago y las mínimas garantizadas."

Esa cifra no incluye otros componentes del costo del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS, como son las aportaciones gubernamentales a los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) y el de invalidez y vida (IV), así como la cuota social que el gobierno federal aporta a la cuenta individual de cada trabajador.

Critica los regímenes de jubilaciones en entidades como Bancomext, Banobras y Nafin

El IMEF hace eco del diagnóstico del gobierno federal

DAVID ZUÑIGA

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) hizo eco a las advertencias del gobierno federal acerca de que la crisis del sistema de pensiones pone en peligro la estabilidad financiera del país, y señaló que este año se necesitarán 152 mil millones de pesos para este rubro, cifra superior a la inversión física presupuestal.

En un análisis elaborado por su Comité de Seguridad Social, el IMEF señala que los sistemas de pensiones en México "se están desbaratando" porque no reciben suficientes ingresos y se les extraen recursos. El documento explica que la esperanza de vida en México se ha incrementado de 49.6 años en 1950 a 71.9 en 2000 y en 2030 podría llegar a 76.5 años, lo que causará "un desastre" financiero, a menos que haya una reforma.

El adelgazamiento del Estado ha contribuido a agravar esta situación: hace dos décadas las aportaciones de 20 trabajadores en activo financiaban un pensionado; ahora sólo hay cinco empleados por cada pensionado y, de continuar esta tendencia, la proporción será de 2.3 a uno. De acuerdo con cálculos del Consejo Nacional de Población (Conapo), el número de pensionados aumentará de poco más de 2 millones en 1997 a casi 17 millones en 2078.

El IMEF advierte que la reforma de los sistemas de pensiones podría estar en riesgo si los partidos lo utilizan para hacer campaña y prometer mejores condiciones de jubilación, aun a costa de la estabilidad financiera.

Los analistas también destacan que algunas entidades gubernamentales mantienen esquemas de jubilación insostenibles, dadas las condiciones actuales. Por ejemplo, en el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Nacional Financiera bastan 26 años de servicio para tener derecho a una pensión.

El IMEF señala que la reforma a las pensiones no debe incluir sólo a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino también a los del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

El organismo propone generalizar el sistema de cuentas individuales de fondos para el retiro, aumentar la edad de jubilación, fijar edades mínimas y eliminar las edades de retiro por años de servicios, equilibrar los años de cotización con los de expectativa de vida, fijar topes máximos a las jubilaciones y crear un sistema nacional de pensiones que garantice el reconocimiento de derechos.

El caso del IMSS, señala, pone en evidencia la necesidad de reformar el sistema de pensiones: aun si se vendieran todos los activos del instituto, los mexicanos tendrían que pagar a cada trabajador y ex trabajador 320 mil pesos, en promedio.

Los trabajadores del IMSS se jubilan, en promedio, con 131.6 por ciento de su último sueldo, que incluye 13 prestaciones laborales, y reciben los mismos incrementos que los sueldos de los trabajadores activos.

Además, los hombres que trabajan para el IMSS se pueden jubilar luego de haber laborado sólo 8 años, y las mujeres 27. Como resultado, la edad promedio de retiro de los trabajadores del IMSS es de 53 años, mientras que el resto de los empleados del sector privado tienen que esperar a los 65.

Esta situación, concluye el IMEF, pone en riesgo la viabilidad fiscal de México. De continuar así las cosas, las próximas generaciones tendrán que soportar mayores cargas tributarias, lo que pondría en riesgo la estabilidad social del país.