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Antonio Medina
Las expectativas de dar continuidad a la cobertura
universal de medicamentos antirretrovirales a las personas que viven con
VIH/sida e incrementar las acciones de prevención, así como
garantizar la operación de los programas de género, corren
el peligro de no cumplirse debido a que el presupuesto de Salud no se incrementó
e incluso, en algunos casos, disminuyó. En declaraciones por separado,
el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, y el diputado panista José
Ángel Córdoba Villalobos, presidente de la Comisión
de Salud de la Cámara de Diputados, coincidieron en señalar
que el presupuesto 2004 para el rubro de salud se vio afectado debido a
que no se concretó la reforma fiscal propuesta por el presidente
Vicente Fox.
Para VIH/sida, la actual legislatura aprobó 368
millones de pesos para la compra de antirretrovirales, a los que se suman
53 millones para gastos de operación del Censida, con lo cual queda
un presupuesto global de 421 millones de pesos, superior sólo en
un millón de pesos al del año pasado. Pero con la inflación
de este año, que se prevé sea de 4.5 por ciento, y el eventual
aumento en el costo de los medicamentos, esa cantidad representa un decremento
de dicho presupuesto en términos reales. De igual forma se vio afectado
el presupuesto para programas de género, cuyo monto se redujo de
1.03 por ciento del gasto total en 2003 a 0.82 por ciento en 2004. Además,
ocho programas para mujeres que el año pasado recibieron recursos
etiquetados, ya no aparecen en el presupuesto de este año, como
los de Prevención y Control del Cáncer Cérvico-uterino,
de Atención a la Salud Materno Infantil y Arranque Parejo en la
Vida. De esta manera, según apreciación de diputadas y activistas,
el gobierno está endosando a las mujeres la factura de la crisis
económica.
En riesgo cobertura universal de tratamientos contra
el sida
El año pasado, la Secretaría de Salud proporcionó,
según datos del Censida, medicamentos y atención a 7,121
personas que viven con VIH/Sida, que sumados a los 2,961 atendidos por
los gobiernos estatales, suman 10,082. Esto es, se logró la cobertura
universal de población no derechohabiente. Sin embargo, con el presupuesto
aprobado por el Congreso de la Unión para este año ese logro
ya no está garantizado, pues sólo se contempla dar continuidad
a los tratamientos en curso y no alcanzará para cubrir a los 1,800
nuevos casos de sida esperados que requerirán de medicamentos este
año.
Gabriel Lara, analista económico del Centro de
Análisis e Investigación Fundar, explica que la inexperiencia
de los legisladores y la debilidad técnica de sus asesores ocasiona
que los presupuestos se aprueben al vapor. "Hemos observado --dice-- que
los diputados sólo palomean montos sin considerar factores como
inflación, aumento de los costos de medicamentos, ampliación
de programas o incremento de personas que requerirán atención
médica. El área de salud requiere mayores recursos año
con año, y eso no se refleja en la propuesta de presupuesto."
El especialista añade que en países como
Estados Unidos e Inglaterra la propuesta de ingresos y egresos federales
llega a sus respectivos congresos a mediados de año, por lo que
los diputados tienen seis meses para analizarla, discutirla y en su caso
modificarla. "En ese medio año --agrega-- se da una dinámica
de intenso cabildeo político en el que participan todas las dependencias
gubernamentales, organizaciones civiles y los mismos legisladores. Al final,
la propuesta original se modifica hasta en más de 50 por ciento.
En México no sucede lo mismo. Por lo regular el jefe del Ejecutivo
entrega su propuesta al Congreso y éste lo aprueba sin cambios significativos,
pues en mes o mes y medio los diputados no tienen el tiempo de hacer un
verdadero análisis."
De acuerdo con la propuesta de las organizaciones civiles
presentada a legisladores de la Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados, basada en estimaciones del mismo Censida, se requerían
542 millones de pesos para mantener el logro de la cobertura universal
de los tratamientos contra el sida. Esto es cien millones de pesos más
a la cantidad aprobada. Con ello, detallaron, se lograría disminuir
en 40 por ciento la mortalidad por ese padecimiento, reducir los ingresos
a los hospitales y el número de días de hospitalización
por persona y, por consiguiente, los costos de hospitalización,
que bajarían 35 por ciento. Es decir, más que un gasto se
trata de una inversión que significaría un ahorro significativo
a largo plazo. En su planteamiento, las ONG proponían, además,
aprobar otros 53 millones de pesos destinados a prevenir nuevas infecciones.
Pero en este año, como el anterior, no se aprobó ningún
presupuesto para prevenir la diseminación de la epidemia de VIH/sida.
A las y los legisladores les faltó visión. Al respecto, Gabriel
Lara apuntó: "el gobierno y los legisladores deben tener la suficiente
visión política para darse cuenta de los beneficios que conlleva
reducir las infecciones. No se puede eternizar un mismo presupuesto para
atender a quienes ya atiende, más los que se incorporen cada año.
Se debe tener una estrategia de disminución de nuevos casos para
que poco a poco el monto de inversión en atención sea menor".
Por su parte, en entrevista con Letra S, el diputado Ángel
Córdoba Villalobos achacó a la falta de acuerdos en el Congreso
sobre la reforma fiscal, el poco avance logrado en este rubro: "la reforma
fiscal hubiera dado la posibilidad de que la demanda presupuestaria planteada
por las organizaciones de lucha contra el sida se consiguiera; como no
fue así, el presupuesto (para sida) solamente se mantuvo".
No obstante, Julio Frenk Mora, secretario de Salud, asegura
que la cobertura universal de tratamientos antirretrovirales no está
en riesgo, ya que se destinarán 100 millones de pesos más
para el VIH/sida provenientes del Fondo de Gastos Catastróficos
del Seguro Popular, el cual incluye enfermedades como cáncer, problemas
cardiovasculares, lesiones graves, rehabilitación y VIH/sida. Pero
el problema es que los recursos de ese fondo solamente llegarán
a quienes cuenten con dicho seguro.
En presupuestos se rompen géneros
La salud de las mujeres es uno de los rubros castigados
en las asignaciones presupuestarias de este año. El gobierno federal,
y en particular la Secretaría de Salud, no considera a la salud
de las mexicanas una prioridad en sus programas de este año, o por
lo menos la considera menos prioritaria que la salud financiera de los
banqueros. Las organizaciones civiles Equidad de Género, Ciudadanía,
Trabajo y Familia, Salud Integral para la Mujer, Fundar y Consorcio para
el Diálogo Parlamentario han dado seguimiento al gasto etiquetado
para programas de mujeres desde hace cuatro años. En sus análisis
del presupuesto actual encontraron que, comparado con el del 2003, el gasto
destinado este año a la salud de las mujeres se redujo ¡un
60 por ciento! En carta enviada a las diputadas de la Comisión de
Equidad y Género de la Cámara de Diputados, alertan sobre
esta reducción. El año pasado, explican, el gasto para la
salud de las mujeres representó el 17 por ciento del gasto total
de la Secretaría de Salud, pero este año sólo representa
el 7 por ciento. En la propuesta de presupuesto enviada por el Ejecutivo
este año, las partidas para programas específicos desaparecieron,
entre ellos los de Prevención del cáncer cérvico-uterino
y mamario (primeras causas de mortalidad femenina), Arranque Parejo en
la Vida (atención a la salud materno infantil), y de No violencia
y discriminación hacia las mujeres. El gasto total etiquetado para
mujeres pasó de representar el 1.03 por ciento, en 2003, al 0.82
por ciento del Presupuesto total de Egresos de la Federación en
el 2004.
Al Hospital de la Mujer no se le asignó ni un centavo
este año, cuando el anterior recibió 227 millones de pesos.
"No sabemos si cuando se presente el presupuesto desagregado se le otorguen
recursos, pues el hospital está en un proceso de descentralización
y no se sabe si le corresponderá al Gobierno del Distrito Federal
financiarlo o seguirá funcionando con aportaciones federales. Lo
cierto es que en este momento no cuenta con presupuesto", explica a Letra
S Concepción Martínez, del grupo Equidad y Género.
Otra inconsistencia en el proyecto de presupuesto es el
rubro denominado "Becas para adolescentes embarazadas", que para 2004 tiene
asignados 10 millones de pesos. Llama la atención porque en los
tres años anteriores recibió más de 40 millones de
pesos por año, mismos que se devolvieron a la Federación
porque la SEP, responsable de operar este programa, no los ejerció.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad
y Género, Diva Gastélum, informó a este suplemento
que a principios de diciembre integrantes de esa comisión se reunieron
con el doctor Roberto Tapia Conyer, subsecretario de Salud, para conocer
dónde fueron colocados los recursos, a lo que respondió que
ellos "tampoco alcanzan a ver dónde están". Ante esa respuesta,
la diputada señaló que será arduo el trabajo de búsqueda
del presupuesto. "Hay que empezar a etiquetar donde no está etiquetado
y desagregar con perspectiva de género", dijo. Para ello ya iniciaron
una serie de reuniones con la Mesa de Enlaces Federales del Inmujeres y
con 14 de las comisiones de la Cámara, entre ellas la de Presupuesto
y Cuenta Pública, pues "no podemos permitir la reducción
del presupuesto porque afecta directamente a las mujeres". Consideró
que como mínimo se deben mantener los presupuestos que se ejercieron
durante el 2003 y criticó la acción del ejecutivo federal
de "endosar la crisis económica a las mujeres".
Frenk se lava las manos
Ante la reducción del presupuesto para mujeres
y la protesta de legisladoras y de organizaciones civiles, el secretario
de Salud, Julio Frenk Mora, transfirió la responsabilidad a la Cámara
de Diputados, que debió otorgar recursos suficientes a los programas
afectados, como el de Arranque Parejo en la Vida y el de cáncer
cérvico uterino y de mama. El funcionario aseguró, al igual
que en el caso del VIH/sida, que "los programas prioritarios de la Secretaría
de Salud no serán sacrificados ante el escenario de austeridad",
y se dijo "totalmente convencido" de que el anteproyecto presupuestal elaborado
por la dependencia a su cargo es "responsable", aunque evadió responder
si la etiquetación de los recursos afecta los planes, programas
y proyectos de salud destinados a las mujeres.
Lucía Pérez Fragoso, de la organización
civil Equidad de Género, expresó a Letra S que si
bien hubo falta de sensibilidad en la propuesta presupuestaria entregada
por el presidente Fox y una defensa tímida de la Cámara de
Diputados para mantener o aumentar los presupuestos para mujeres, hubo
cuando menos tres nuevos rubros: uno destinado a la investigación
de los asesinatos y desaparición de mujeres en todo el país,
otro para beneficiar a mujeres en reclusión, y un tercero de apoyo
a las mujeres migrantes en situación de maltrato. Lo anterior, precisó,
fue el resultado de un arduo trabajo de las diputadas que conforman la
Comisión de Equidad y Género.
Por su parte, Daptnhe Cuevas, integrante de la organización
civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, criticó
severamente la falta de sensibilidad política y congruencia de los
legisladores cuando revisan los presupuestos. Considero "ofensivo" para
la ciudadanía que el gobierno se esfuerce por recortar programas
de salud para las mujeres o personas que viven con VIH/sida, antes que
pensar en recortar gastos administrativos, gastos de representación
u otros que significan un exceso para la administración pública,
en alusión al caso muy sonado del "embajador dormimundo".
En contraste, el gobierno foxista ha favorecido a organizaciones
conservadoras, de perfil asistencial, en la dotación de recursos
públicos por sobre las organizaciones formadas por mujeres. Concepción
Martínez Medina, de Equidad y Género, documentó que
durante el año pasado el gobierno federal proporcionó 96
millones de pesos a 135 organizaciones de corte religioso, entre ellas
Provida, que recibió 30 millones, con los que puso en operación
trece centros de ayuda a la mujer, dedicados a disuadir a las mujeres de
no interrumpir su embarazo y convencerlas de dar en adopción al
bebé. Este año, el presupuesto etiquetado para esas organizaciones
es de 93 millones de pesos, que se entregarán, por mencionar algunas,
al Hospital de Jesús, Asociación Manos que Ayudan, Instituto
Médico San Francisco de Asís y Comité Nacional Provida.
Concepción Martínez lamentó el favoritismo del gobierno
federal y la nula revisión de la Cámara de Diputados hacia
los proyectos distribuidos por medio de la Beneficencia Pública.
Las activistas informaron que estarán muy atentas
el próximo 28 de febrero, fecha en que se dará a conocer
un informe desagregado del presupuesto, para analizar con lupa la distribución
de los recursos y pedir en su caso una explicación a las diferentes
comisiones por la falta de recursos a programas que ya habían sido
beneficiados y que, hasta lo que conocen al momento, no fueron tomados
en cuenta para el 2004. |