México D.F. Miércoles 4 de febrero de 2004
Participaron en el operativo unos 250
efectivos del Ejército y la SIEDO
Catean cuatro casas más en Juárez para
ampliar indagaciones sobre narcofosas
Investigan también presunta conexión del
cártel fronterizo con los homicidios de mujeres
GUSTAVO CASTILLO GARCIA, RUBEN VILLALPANDO Y DAVID
CARRIZALES REPORTERO Y CORRESPONSALES
Alrededor de 250 soldados del Ejército Mexicano
y agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (SIEDO) catearon y aseguraron ayer en
Ciudad Juárez, Chihuahua, al menos otras cuatro casas de seguridad
presuntamente propiedad del cártel de Vicente Carrillo Fuentes,
en una de las cuales iniciaron excavaciones en busca de cuerpos de personas
ejecutadas.
Estas acciones ocurrieron luego de que la Procuraduría
General de la República (PGR) obtuvo información de la posible
existencia de tres nuevas fosas en las cuales los narcotraficantes habrían
enterrado a sus víctimas, y de que un juez federal autorizó
cateos a otros seis inmuebles, de 12 solicitados.
Fuentes de la PGR informaron que la investigación
que realiza contra el cártel de Juárez -que dirigen
Vicente Carrillo Leyva; Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy; Ismael
El Mayo Zambada García; Joaquín El Chapo Guzmán
y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul- busca elementos
que pudieran ligar los asesinatos de mujeres en aquella ciudad fronteriza
con esta organización de narcotraficantes.
Pese a que no se han encontrado pruebas de que haya una
vinculación, la SIEDO no descarta la posibilidad de que existan
hilos conductores entre el narcotráfico y los feminicidios.
Respecto a las llamadas narcofosas, una fuente
de la PGR informó que concluyeron las excavaciones en la casa de
la calle Parsioneros 3633 del fraccionamiento Las Acequias. Agregó
que ya fueron identificados 11 de los 12 cadáveres encontrados en
la casa de Humberto Santillán Tabares, uno de los principales operadores
del cártel de los Carrillo Fuentes y quien se encuentra detenido
en Estados Unidos.
La información obtenida por la SIEDO refiere que
las personas encargadas de cuidar la casa de Santillán Tabares proporcionaron
información importante en torno a la vinculación de elementos
de la Policía Ministerial de Chihuahua con los asesinatos de personas
ligadas al narcotráfico.
En relación con las cuatro nuevas residencias cateadas
ayer, una de ellas se encuentra en la calle Río Sena, fraccionamiento
Los Nogales, tiene 800 metros cuadrados; se supone que allí tenía
sus oficinas principales Santillán Tabares, quien fue capturado
en El Paso, Texas, el 15 de enero pasado. El mismo dio información
a la agencia estadunidense de combate a las drogas respecto de su domicilio
y el sitio donde se encontraban enterrados los 12 cadáveres en el
fraccionamiento Las Acequias.
Otra residencia cateada se encuentra en la calle Colima
10603, colonia Granjas, una zona casi deshabitada a orillas de la ciudad.
A la entrada de la obra destaca una figura tallada en mármol de
San Judas Tadeo, de 2.5 metros de altura aproximadamente; la construcción
tiene más de 2 mil metros cuadrados, con bardas de cuatro metros
electrificadas, y cuenta con áreas para entrenar caballos de carrera
y alberca, entre otras instalaciones de lujo.
La tercera vivienda se encuentra en la calle España
2677 de la colonia San Antonio y era donde vivía el comandante de
la Policía Judicial del Estado (PJE) Miguel Angel Loya Gallegos,
actualmente prófugo por estar acusado de ser el principal jefe de
sicarios del cártel de los Carrillo Fuentes.
La última vivienda cateada se encuentra en el cruce
de las calles Querétaro y Centeno 1157, de la colonia El Granjero,
donde vivían dos hermanos del agente de la PJE Erik Cano, quien
también es buscado por su vinculación con los 12 cadáveres
localizados en la colonia Las Acequias.
Ambos fueron arrestados y trasladados a las instalaciones
de la PGR para ser interrogados sobre el paradero de su hermano, quien
es buscado por ser presuntamente uno de los principales brazos ejecutores
del cártel que dirigen Vicente Carrillo Fuentes y Vicente
Carrillo Leyva, hijo del oficialmente muerto Amado Carrillo Fuentes.
También catean vivienda de Los Zetas
en Nuevo León
Agentes de la SIEDO catearon ayer una casa de la colonia
Riberas del Río, del municipio de Guadalupe, Nuevo León,
donde la tarde del domingo se privó de la vida con una balazo en
la cabeza Oscar Guerrero Silva, El Winnie Pooh, quien de acuerdo
con la PGR formaba parte de la banda de Los Zetas, brazo armado
del cártel del Golfo.
Los fiscales de la SIEDO habrían trasladado a la
ciudad de México diverso material que sacaron de la casa cateada
y que podría servir para ahondar las indagatorias contra Los
Zetas y el cártel del Golfo. También fue llevada
para investigación Ivonne López Barrera, la mujer que residía
con el gatillero.
El gatillero muerto, de 33 años de edad, era originario
de Reynosa, Tamaulipas, y aparecía en la lista de los 50 delincuentes
más buscados por la PGR en su página web. Inicialmente
fue identificado como Ricardo Rodríguez Cantú, de acuerdo
con los datos que proporcionó su pareja a las autoridades locales
que investigaban el deceso.
Sin embargo se empezó a sospechar que se trataba
de un asunto de mayor relevancia cuando varios sujetos acudieron en tres
vehículos al anfiteatro del Hospital Universitario a reclamar el
cuerpo, pero se alejaron rápidamente cuando personal del nosocomio
reportó el incidente a la policía, que reforzó la
vigilancia con el envío de cerca de una veintena de agentes estatales
y federales.
Al descubrirse la identidad del gatillero también
se extremaron las medidas de seguridad en la casa donde se suicidó
-Vena del Río 3002, de la colonia Riberas del Río-, para
que nadie pretendiera sutraer evidencias o datos que pudieran servir para
combatir al crimen organizado, mientras se autorizaba la orden de cateo
por un juez federal.
La finca cateada es propiedad de Juan Gilberto López
Barrera, quien tiene antecedentes por homicidio y tráfico de cocaína.
Según vecinos, la residencia, que se localiza a unos 200 metros
de la Policía y Tránsito de Ciudad Guadalupe, era custodiada
por un supuesto agente de la Policía Ministerial del Estado, de
nombre Alfonso Cantú Cano.
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