Acusan al edil de omitir gastos de 120 obras sociales

Detectan presuntas irregularidades en San Luis Acatlán, en Guerrero

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

Acapulco, Gro., 27 de enero. La Contraloría estatal detectó presuntas irregularidades administrativas que habría cometido la administración municipal de San Luis Acatlán, a cuyo alcalde, Genaro Vázquez Solís -hijo del guerrillero Genaro Vázquez Rojas-, imputó omitir la comprobación de gastos relativos a 120 obras sociales realizadas el año pasado con recursos de los ramos 20 y 33.

En tanto, Sonia Venus Vargas González y Gaudencio Ponce Ramos, regidores de PRI y PAN, respectivamente, aseguraron que en la demarcación prevalece la ingobernabilidad, y acusaron a Vázquez Solís de actuar en forma "unilateral".

El titular de la Contraloría de Guerrero, Marcelino Miranda Añorve, dio a conocer que en una auditoría practicada a la gestión de Vázquez Solís se observaron las anomalías referidas, por lo que se notificó al edil que tiene un plazo de 15 días para justificar el uso de los recursos en cuestión, provenientes de los ramos 33 y 20.

Añadió que la dependencia informará del asunto "al Congreso del estado, con copia a la Agencia del Ministerio Público Federal".

De su lado, los regidores Vargas González y Ponce Ramos afirmaron, en entrevista, que en San Luis Acatlán "hay ingobernabilidad" desde que Vázquez Solís tomó posesión del cargo. De igual manera señalaron que durante su gestión el alcalde "nunca ha estado una semana completa atendiendo en el palacio municipal".

De acuerdo con el panista Ponce Ramos, Vázquez Solís ha realizado acciones "unilaterales, sin consultar al cabildo". Indicó que un ejemplo de ello es que el edil entregó una concesión para recolección de basura en la cabecera municipal a Miguel Angel Vivero Díaz, quien percibe por su trabajo "el día laborado más una compensación diaria de 500 pesos, que en los siguientes seis meses alcanzará la cantidad de mil pesos".

Los regidores negaron estar en contra de Vázquez Solís y señalaron que su intención únicamente es solicitar "que se cumpla la legalidad, porque el alcalde está beneficiando en el municipio" a sus correligionarios perredistas.

Dijeron ser "muy respetuosos" del plantón que diversos comisarios municipales instalaron ante la alcaldía en noviembre anterior, para exigir una auditoría al ayuntamiento y la renuncia del edil, a quien acusaron de desviar 28 millones de pesos.