Iván Restrepo

La depredación no se detiene con promesas

La Secretaría de la Función Pública inició finalmente procedimientos de responsabilidad administrativa contra 28 ex funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Entre los implicados destaca Raúl Arriaga, durante casi tres años subsecretario de Gestión Ambiental; también Fernando Clemente Sánchez, Eleazar Loa Loza y José María Reyes, gente de confianza de Arriaga. Se les acusa de entregar ilegalmente 92 mil permisos de caza en 2001 y 2002. Igualmente se investiga el monto real y destino de los dineros recolectados por ese concepto. Se calcula que causaron al erario un daño superior a 3 millones de pesos. Este asunto se conoció mediante una denuncia periodística y por los datos que aportaron agrupaciones defensoras de los recursos naturales.

En cambio, nada se sabe sobre otras irregularidades presuntamente patrocinadas por Arriaga (ex colaborador del presidente Fox cuando gobernaba Guanajuato). Cito algunas.

1. Los permisos para levantar en Cancún un enorme hotel de capital español, el Riu, pese a que se violaban normas ambientales, de densidad y tamaño. El hotel se edificó a ojos de miles de personas y los únicos que ignoraron lo que ocurría fueron los funcionarios responsables de proteger el ambiente.

2. Permisos para construir otro megahotel, el Mayan Palace, a 40 kilómetros de Cancún.

3. Autorización para erigir un nuevo muelle en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde existe ya uno que trabaja al 40 por ciento de capacidad. El nuevo muelle está en una zona coralina y afecta la principal playa pública de esa población.

4. Dar el visto bueno para construir el cuestionado Home Port en Xcaret, parque "ecológico" propiedad de dos de las más poderosas familias de Quintana Roo.

5. Permisos para importar, violando normas nacionales e internacionales, 28 delfines de la islas Salomón.

En tanto, las autoridades federales se deshacen en declaraciones como respuesta a las denuncias que levantan los medios de comunicación, grupos ambientalistas y científicos por la matanza de tortugas en las costas de Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Michoacán, así como de lobos marinos, delfines y ballenas en costas de Sinaloa, Sonora y Baja California. A cada denuncia se responde prometiendo evitar la depredación y se anuncian operativos para dar con los culpables.

En diversas ocasiones La Jornada ha documentado la matanza de tortugas en nuestros litorales. Ahora fue el diario Reforma el que ofreció testimonio de la más reciente y masiva en Petatlán, Guerrero. Por su parte, El Noticiero, de Joaquín López Dóriga, ilustró el triste destino de ballenas y lobos marinos que mueren atrapados en las redes que dejan abandonadas pescadores en las costas del Pacífico Norte y el Golfo de California. Artes de captura obsoletas, pues arrasan con la fauna marina que encuentran a su paso. La que no es de interés comercial (cerca de 80 por ciento) se regresa al mar, sin vida.

En todo esto se advierte que la capacidad de actuar de los depredadores contrasta con la lenta o nula respuesta de las instancias oficiales encargadas de perseguir a los delincuentes. Algunos funcionarios confiesan que carecen de recursos humanos bien pagados, así como de infraestructura para enfrentar los problemas y vigilar las playas adonde llegan a desovar los quelonios. Hay -agregan- pobreza que lleva a depredar. En buena parte esto es cierto, como lo es que no pocos servidores públicos arriesgan su vida al cumplir con su deber. Pero mientras faltan programas para atacar la pobreza sobra dinero para dar posada de lujo al embajador dormimundo, para que la pareja presidencial se vista "adecuadamente" y para que algunos legisladores y sus familias cubran con nuestros impuestos viajes, distracciones y gastos médicos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente repite que tiene identificados los sitios y las rutas de quienes comercian con la carne, los huevos y la piel de las tortugas. Pero el combate a esas mafias no prospera, caen apenas los ubicados al final de la madeja de complicidades y de corrupción. La Procuraduría General de la República, por su parte, no aparece por lado alguno, pese a que se trata de delitos federales. La realidad es que con la destrucción de recursos naturales perdemos todos y se refuerza la idea de que el gobierno se especializó en promesas