Los ex titulares de la DFS son acusados del delito de privación ilegal de la libertad

Esta semana decide tribunal si ampara a Nazar Haro y De la Barreda Moreno

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Los abogados de Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), presentaron la tarde del pasado jueves, en la oficialía de partes del Palacio de Justicia de San Lázaro, demandas de amparo contra la orden de aprehensión que enfrentan sus clientes por el delito de privación ilegal de la libertad.

Los dos recursos quedaron radicados al día siguiente en distintos tribunales unitarios del Distrito Federal. En el transcurso de esta semana se determinará si los recursos son admitidos o se desechan por improcedentes, informaron fuentes del Poder Judicial.

Tanto Nazar Haro como De la Barreda Moreno fungieron como titulares de la DFS en los años 70 y 80, durante la llamada guerra sucia. Desde diciembre pasado enfrentan órdenes de aprehensión por el secuestro de Jesús Piedra Ibarra, hijo de la fundadora del Comité Eureka -Rosario Ibarra-, ocurrido en 1975, además de que también son investigados como responsables de múltiples desapariciones forzadas y actos de tortura en contra de integrantes de grupos armados de aquella época.

Según las fuentes consultadas, ambos amparos fueron solicitados no para evitar la detención de los indiciados -ya que así correrían el riesgo de ser desechados, toda vez que dicho delito es considerado grave y sin derecho a libertad provisional-, sino para buscar que sea cancelada la orden de captura que enfrentan.

Aunque los ahora prófugos de la justicia son defendidos por abogados de despachos distintos, la estrategia de defensa está coordinada de tal manera que los recursos fueron solicitados el mismo día (jueves) con sólo un par de minutos de diferencia, puntualizaron los funcionarios del Poder Judicial consultados.

Por ejemplo, la demanda de amparo correspondiente al capitán De la Barreda Moreno fue remitida el viernes pasado al quinto tribunal unitario en materia penal del primer circuito -que se habilitó hace apenas dos semanas, con el objetivo de desahogar la carga de trabajo de los otro cuatro tribunales unitarios existentes-, mientras el recurso interpuesto por la defensa de Nazar Haro fue turnado ese mismo día al segundo tribunal unitario del Distrito Federal.

El objetivo de ambos abogados es conocer criterios jurídicos distintos, con el propósito de que si uno de los dos magistrados desecha una de las demandas y otro la acepta, puedan tener la posibilidad de apelar de la determinación negativa. Además los defensores también pretenden que si son aceptados ambos recursos terminen integrándose en un solo tribunal unitario, debido a que el fondo del asunto es el mismo.

Tiempos jurídicos

Los abogados de Nazar Haro y del capitán De la Barreda, José Luis Nazar Daw y Marcos Castillejos, respectivamente, habían anunciado hace más de dos semanas que ya tenían listas las demandas de amparo, que serían solicitadas en un tribunal unitario de Monterrey, Nuevo León, toda vez que fue el primer tribunal unitario de esa ciudad el que emitió las órdenes de aprehensión contra sus clientes.

No obstante, ambos litigantes decidieron esperar más tiempo antes de interponer los recursos, con el propósito de que éstos pudieran ser presentados en el Distrito Federal por razones de desplazamiento, ya que sus despachos están ubicados en la capital del país. Por eso fue hasta finales de la semana pasada cuando decidieron presentarlos.

Así, esta semana -posiblemente hoy- serán notificados respecto de si los recursos fueron aceptados o desechados por "incompetencia" o "improcedencia jurídica".

Si son rechazados los amparos, sería básicamente por dos razones: el primero de los casos (por incompetencia) se daría si los magistrados en turno determinan que debe ser un tribunal unitario de Monterrey el que conozca de las demandas de amparo, porque fue en esa ciudad donde se emitieron las órdenes de aprehensión. Respecto al otro argumento (por improcedencia), éste sería aplicado por los juzgadores si las demandas no cumplieran todos los requisitos estipulados por la Ley de Amparo para la procedencia de un juicio de ese tipo.

En los alegatos de defensa, los abogados de ambos indiciados intentarán demostrar que el magistrado del primer tribunal unitario de Monterrey, Isidro Gutiérrez, no valoró suficientemente las pruebas que en su momento presentaron los defensores y giró las órdenes de captura sin sustento jurídico, por lo que sería necesaria la protección de la justicia federal para los quejosos.