También es investigado porque habría quebrantado la ley al otorgar permisos de caza

Raúl Arriaga Becerra, denunciado por autorizar importación ilegal de delfines

El ex subsecretario desdeñó advertencias sobre el riesgo que representaban los mamíferos

ANGELICA ENCISO L.

Pese a la violación a 35 requisitos establecidos en las leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de Vida Silvestre, el año pasado la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entonces aún a cargo de Raúl Arriaga Becerra, autorizó la importación de 28 delfines nariz de botella.

El ex subsecretario no sólo habría quebrantado la ley al otorgar cintillos para caza, infracción por la que el jueves pasado la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que iniciará procedimiento administrativo de responsabilidades contra él y otros 27 funcionarios, sino que también habría autorizado ilegalmente la importación de delfines el 8 de julio del 2003.

En la denuncia popular que la agrupación Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat presentó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la SFP, en la cual se hace referencia a documentos oficiales, se afirma que el proceso estuvo plagado de anomalías que llevaron a la violación de disposiciones y condicionantes de 13 instrumentos legales u ordenamientos del derecho mexicano.

El proceso para traer a dichos mamíferos comenzó el 25 de abril de 2003, cuando el Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc de la Unidad Inmobiliaria Propac Cancún, SA de CV, presentó ante la Dirección General de Vida Silvestre la solicitud de certificado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para la importación de 33 delfines nariz de botella Tursiops truncatus. Entregó fotocopia de un fax con un permiso de exportación fechado el 24 de abril, sin firma, supuestamente otorgado por el Ministry of Forests, Environment and Conservation de las Islas Salomón.

La firma incumplió obligaciones

Después de visitas e inspecciones de funcionarios de la dirección general, revisiones de documentos sin firma, condiciones que estableció la oficina internacional de CITES, que no fueron acatadas, la subsecretaría entregó el certificado y 28 delfines ingresaron en el país.

A su vez, el parque incumplió con las obligaciones en materia de confinamiento y establecimiento de un plan de manejo específico, lo cual exige la Ley General de Vida Silvestre.

Lo anterior fue precisado por la Dirección General de Vida Silvestre, a cargo de Georgita Ruiz Michael, entre las condicionantes del certificado el 9 de julio, en el cual se señaló que los delfines importados no debían "compartir el mismo encierro con los ejemplares nativos", sino que tenían que "permanecer en estricto confinamiento en las instalaciones" y contar con el plan de manejo particular, lo cual no fue acatado.

Cuando los delfines entraron en el parque fueron colocados en "encierros" localizados en el mar, delimitados por una malla de plástico que permite el libre intercambio de agua tanto con el mar como con los sitios de los mamíferos que ya residían ahí, lo cual ponía a éstos en riesgo. Otra anomalía fue que los importadores no presentaron un certificado veterinario que indicara que los ejemplares estaban libres de enfermedades infecto-contagiosas.

El 14 de agosto, Ruiz Michael envió un oficio a Arriaga, en el que señaló nuevos elementos legales que "se suman a las razones por las cuales esa subsecretaría, a su digno cargo, deberá proceder a la revocación del certificado CITES en cuestión", entre los cuales mencionó que el programa de manejo del parque establece la prohibición de introducir especies exóticas a dicha área natural protegida y que "los delfines importados representan un grave riesgo sanitario para las especies nativas", lo cual fue desdeñado por Arriaga Becerra, a pesar de los fundamentos legales que se le presentaron.

En el oficio SGPA/DGVS 5643/03 Georgita Ruiz señaló que el permiso de importación "fue entregado aprovechando que yo me encontraba fuera (...) A la distancia, fui mal informada por mis subalternos en cuanto a la legalidad del trámite (...) la urgencia en la instrucción dada a esta dirección general por usted telefónicamente, de otorgar el permiso de importación al promovente, de nuevo llevó a no poner la atención necesaria para hacer las cosas con estricto apego a la legalidad".

La denuncia sostiene que a partir de que Ruiz Michael ocupó su cargo fue rechazada por Arriaga, presuntamente por haber sido nombrada por el titular de la Semarnat, y la obligó a mantener a funcionarios de la confianza del ex subsecretario.

Georgita Ruiz manifestó al ex funcionario mediante un oficio, el 2 de septiembre, día en que fue suspendido de sus funciones: "con enorme extrañeza recibí su oficio número SGPA/0188/03, del 28 de agosto pasado, de cuya lectura resulta notoriamente evidente su sistemático afán, a lo largo de cada uno de sus puntos, de intentar sacudirse la responsabilidad que exclusivamente a usted corresponde en el asunto de que se trata, y de transferirla a la suscrita, en un acto más de sabotaje a mi gestión".