Las autoridades han agravado las causas del conflicto en Chiapas, señalan expertas

Documentan violaciones a los derechos humanos tras el alzamiento zapatista

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 25 de enero. "Ante las injusticias que dieron origen al levantamiento armado" (muchas de las cuales atentan contra las garantías individuales y colectivas), las autoridades han respondido "con violaciones a los derechos fundamentales, agravando las causas del conflicto". A 10 años del levantamiento zapatista, las activistas y especialistas en derechos humanos Marina Patricia Jiménez y Lucía Polo Herrera lanzan "una mirada retrospectiva" sobre el tema, que a raíz del proceso chiapaneco experimentó cambios profundos a nivel nacional.

"Al no responder a las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado, el Estado propició un clima de violencia política, que generó una crisis de la vida social, la cual repercutió no sólo en los ámbitos políticos, sino también en los económicos, sociales y culturales."

La situación de los derechos humanos en Chiapas, tradicionalmente crítica, se profundizó después de 1994, consideran las investigadoras, quienes preparan un amplio informe sobre el tema.

"Una de la primeras preocupaciones de las organizaciones civiles entonces fue proteger a la población civil no combatiente de los enfrentamientos entre el Ejército Mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se denunciaron gran cantidad de violaciones a los derechos, cometidas principalmente por elementos del Ejército Mexicano, cuerpos policiacos y autoridades de varios municipios."

Durante los años siguientes, "la violación a los derechos humanos se volvió una práctica sistemática del régimen contra la población insurgente y las que consideraba bases de apoyo". Jiménez (quien dirigió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas) y Polo Herrera agregan que "el operativo militar de 1995 contra las comunidades fue marco de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones por el Ejército".

Refieren que entre 1995 y 1997 "la violencia paramilitar fue intensa", si bien "disminuyó tras la masacre de Acteal, fundamentalmente por la presión de organismos internacionales de derechos humanos sobre el gobierno mexicano. Durante los dos años siguientes la violencia paramilitar se volvió más selectiva".

Las estudiosas recuerdan dos acontecimientos de 1997 como parteaguas: el ataque en marzo a la comunidad de San Pedro Nixtalucum (El Bosque) y el homicidio de tres jóvenes en la cueva de Xixiltón (Chenalhó) en junio.

"Eran señales claras de que la violencia se trasladaría con mucha intensidad a los Altos de Chiapas", expresan. Durante los operativos militares contra los municipios autónomos en 1998 se perpetraron de nuevo detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos, robos y la ejecución de seis personas en El Bosque.

"El uso político de la violencia no sólo se ha dirigido contra las iniciativas políticas del EZLN; ha sido también respuesta a las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y sociales".

En ambos casos, "la impunidad ha favorecido la continuidad de esta práctica". Enumeran las violaciones de mujeres por militares, la expulsión de sacerdotes y religiosas, el hostigamiento a defensores de derechos humanos, las amenazas y asesinatos de miembros de partidos políticos y la expulsión de observadores internacionales.

Jiménez y Polo Herrera consideran "fundamental" el papel de los organismos civiles de derechos humanos, pues colocaron en el ámbito público "esta realidad de atropellos e impunidad". Sus denuncias "pusieron ante los ojos de la comunidad internacional la problemática de los pueblos indígenas".

Eso obligó a establecer políticas que respondieran a los abusos y excesos de las autoridades. Las especialistas mencionan la creación de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos (CEDH y CNDH, respectivamente). Durante la pasada década, éstas emitieron recomendaciones acerca de casos graves.

Sin embargo, agregan, el gobierno atiende tales recomendaciones "sólo después de que los organismos civiles lo llevan a juicio ante la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Así, la CNDH y la CEDH "no han tenido incidencia en las políticas en la materia ni en la situación del conflicto armado"; aun tras los cambios de gobierno federal y estatal "se sigue socavando la creación de una cultura de derechos humanos".

A juicio de las analistas, "la presencia de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México es resultado del esfuerzo de quienes han sido agraviados y de quienes creemos que es posible construir un país democrático".

A 10 años del conflicto armado "existen cuentas pendientes y persisten agravios respecto a los derechos colectivos de los pueblos indios", exponen.

Las investigadoras esperan que los gobiernos federal y estatal "sean congruentes con lo que han pregonado" contra la impunidad. "No bastan discursos, hay que realizar acciones de fondo, y éstas no se han implementado".