ENTREVISTA /GILBERTO HERSHBERGER REYES, SUBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Pretende la SRA poner fin este año a los focos rojos en el agro

INVERSION EN LA PAZ SOCIAL DEL CAMPO, PRIORIDAD DE LA DEPENDENCIA

La mayor parte de los conflictos involucran factores religiosos, económicos, jurídicos, políticos, étnicos y ambientales. Chiapas, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, México, Guanajuato y Guerrero, las entidades con mayores problemas

MATILDE PEREZ U.

Dispuesto a recuperar la confianza de los sujetos agrarios para que dejen de dudar de los compromisos y la voluntad política del gobierno federal, el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, dispuso de 481 millones de pesos en ocho meses para resolver definitivamente siete de los 14 focos rojos en el campo.

"No es un gasto, sino una inversión en la paz social del campo, para abrir el camino al desarrollo en esas zonas cuyos habitantes sostuvieron enfrentamientos -algunos de ellos sangrientos- durante medio siglo o más", señaló el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Gilberto Hershberger Reyes.

La solución de la mitad de los 14 focos rojos involucra una superficie de 61 mil 865 hectáreas y cerca de 40 mil sujetos, localizados en 21 municipios de los grupos indígenas zoques, chinantecos, mazatecos, zapotecos, huastecos, nahuas, pames, tepehuanos y tzotziles.

Además, antes de finalizar este año podría concluir la negociación del asunto Acatepec contra Zapotitlán de las Tablas, Guerrero. "La clave de los avances es que se conformaron grupos de atención permanente, pues era frecuente que los funcionarios fueran a las zonas en conflicto, pero regresaban meses después o bien atendían los asuntos desde sus oficinas. Ahora hay un diálogo permanente con ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios en cada uno de los casos a resolver", abundó.

Hershberger Reyes confió en que la resolución de los restantes seis puntos rojos se alcanzará este año, en que también se atenderán los 140 problemas clasificados como focos amarillos.

Este fin de semana se formalizó ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, Oaxaca, la entrega de 120 millones de pesos a las familias de la colonia agrícola y ganadera Cuauhtémoc, que aceptaron la indemnización a cambio de la entrega de 13 mil hectáreas para la comunidad zoque de Santa María Chimalapa, uno de los focos rojos que tenía la atención de la comunidad internacional por estar inserto en el último reducto de bosque de niebla que le queda a México.

Al conformarse los equipos de atención para cada uno de los focos rojos, el titular de la SRA aclaró que ésta "es la institución de los campesinos que requiere cambios, pero primero hay que liquidar paradigmas para buscar otros; por eso hay que concluir con el ordenamiento de la propiedad social, con el propósito de terminar con los conflictos entre ejidos y comunidades o de éstos con particulares.

Inmerso en las acciones de concertación con los grupos agrarios, el subsecretario resumió: "en los pasados cinco meses se han resuelto dos conflictos diarios, ya que no sólo se han atendido los focos rojos, sino otros que también tenían años de estar hibernando. En estas acciones el respaldo político de los gobiernos de los estados ha sido un factor fundamental. No son soluciones que pendan de un hilo tejido por los recursos económicos, sino suma de voluntades políticas y sociales".

Agregó que semanas antes de la solución al caso Cuauhtémoc-Santa María Chimalapa, se resolvió el asunto de Santo Domingo Teojomulco y Santiago Xochiltepec, identificado por la opinión pública como la matanza de Agua Fría (27 muertos, en mayo de 2002) y cuya historia de disputas dejó un saldo de cerca de 60 decesos. Ambas comunidades, localizadas en la sierra sur de Oaxaca, se disputaban 4 mil 622 hectáreas de terreno boscoso.

La comunidad de Santiago Xochiltepec aceptó una indemnización de 51.5 millones de pesos, a cambio de cederle a Santo Domingo Teojomulco la superficie disputada durante 37 años.

Otros de los asuntos solucionados de abril a diciembre son: la disputa entre Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz, Chiapas, por 2 mil 113 hectáreas y por las que ambas partes recibieron 225 millones de pesos; San Juan Lalana, Oaxaca, que implicó la entrega de 59.5 millones de pesos por 8 mil 502 hectáreas; Pujal Coy, San Luis Potosí, en que se invirtieron casi 28 mil pesos para terminar la regularización de 300 mil hectáreas; el conflicto que mantuvieron la comunidad tepehuana de Santa María de Ocotán y Xoconostle, Durango (a la que se le reconocieron 452 mil 364 hectáreas, pero sólo entregaron 31 mil 225), con ejidatarios de Bermalejo de la Sierra, Zacatecas, que se opusieron a la expropiación de 5 mil 465 hectáreas para entregarlas a indígenas.

Santa Clara los Ajos y Bernalejo de la Sierra, Zacatecas, en que se aplicaron 52.4 millones de pesos, y el de El Milagro, Oaxaca.

En 2004 los primeros asuntos que posiblemente tengan una solución definitiva sean los casos de los yaquis, en Sonora; los 12 conflictos agrarios en Hidalgo, y tal vez se logre un fuerte avance en el caso de Montes Azules, en donde no habrá desalojo sino diálogo y concertación para reubicar a las familias. "El caso de la colonia Cuauhtémoc-Santa María Chimalapa fue resultado de hasta 13 horas de negociación, con sus altibajos, pero esa es una experiencia que muestra el camino a seguir.

"Ninguno de estos focos rojos -que no necesariamente implican un solo caso- volverá a revivir; todo está respaldado en la legalidad, no es únicamente solución política", insistió Hershberger.

De acuerdo con la Procuraduría Agraria, en el país hay 22 conflictos agrarios de alto riesgo, de ellos tres están en Chiapas, cuatro en Michoacán, dos en Oaxaca, tres en Veracruz y uno en Baja California, Sonora, Sinaloa y Quintana Roo, respectivamente. La mayoría de ellos son casos que tienen más de tres décadas y que, desde el punto de vista de las autoridades agrarias, requieren de un alto grado de coordinación entre los gobiernos estatales y profundas acciones de conciliación.

Entre los casos de Chiapas está el que involucra a las comunidades tzeltales y choles asentadas en parte de las 501 mil 106 hectáreas que se entregaron a los lacandones y que forman parte de la reserva de la biosfera de Montes Azules.

De los cuatro casos de Michoacán, localizados en Santa Ana Zirosto, Uruapan; la Barra, Ario de Rosales; Jauja, Queréndaro, y Meseta Purépecha, este último es el que sobresale, ya que involucra a 17 municipios, 62 comunidades y abarca 246 mil hectáreas, de las que 45 mil 675 están sin ejecutar, a pesar de tener resoluciones favorables del Tribunal Unitario Agrario, y 11 mil 639 están en proceso de titulación.

En Oaxaca, las comunidades de San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán -región del Istmo- mantienen una disputa por 21 mil 822 hectáreas. Las construcciones de las presas Luis Donaldo Colosio, Sinaloa, y Cerro de Oro y Miguel Alemán, Oaxaca, dejaron saldos negativos. La comunidad mayo de Huites fue obligada a dejar su lugar de origen y comprar 180 hectáreas al ejido Canutillo, al cual aún no pagan por 80 hectáreas de temporal. Los indígenas chinantecos reubicados en Uxpanapa por la construcción de los embalses en Oaxaca formaron 12 poblados y ahora son acusados de invasión por los indígenas zoques de Los Chimalapas.

Las otras historias están tejidas alrededor de los indígenas yaquis, huicholes (Jalisco), tarahumaras, mazahuas y nahuas. Y la que excluye a los indígenas, pero que incluyó la reserva de la biosfera de Sian Ka'an, es la del corredor turístico de la Costa Maya. Según las autoridades, inicialmente se cedieron 38 mil 206 hectáreas para dicho corredor, y en ellas iban integradas las 8 mil 457 de la reserva de la biosfera. Ahora la autoridad rectifica y asegura que sólo 29 mil 749 hectáreas son susceptibles de ser entregadas al gobierno de Quintana Roo.

A su vez, los 695 asuntos de trascendencia involucran a las comunidades y ejidos, y en su mayoría hay factores religiosos, económicos, jurídicos, políticos, étnicos y ambientales. Su solución -según la Procuraduría Agraria- requiere de la atención de los tres niveles de gobierno y mantener un seguimiento permanente.

Chiapas, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Campeche y Durango son los que tienen el mayor número de casos, mientras que las entidades que registran menos de una decena de asuntos son Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.