Cada magistrado debe entregar este mes sus primeras opiniones sobre el caso

En dos meses la CIJ fallará sobre los 52 mexicanos sentenciados a muerte en EU

Junto a la reposición de cada juicio, México pide que se respete la Convención de Viena

ROSA ELVIRA VARGAS

La suerte de 52 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos entró en cuenta regresiva y podría definirse, a lo sumo, en dos meses.

El "caso Avena y otros nacionales mexicanos'', como fue nombrada la controversia que interpuso México contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones al artículo 36 de la Convención de Viena entrará esta semana en una fase crucial, luego que los 16 magistrados que integran ese organismo de la Organización de las Naciones Unidas fueron citados en La Haya, Holanda, para iniciar la etapa de discusiones que llevarán a una sentencia final, que todo indica estará lista al inicio de la primavera.

Alcanzada la resolución, por reglamento interno de la Corte, ésta deberá ser leída en audiencia pública en la Gran Sala de la Justicia del Palacio de la Paz.

Asistencia jurídica

México interpuso una controversia ante la CIJ con el argumento de que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre derechos consulares, con la convicción expresa de que si se les hubiese proporcionado oportuna asistencia jurídica, muy probablemente esos 52 mexicanos no habrían sido condenados a muerte.

Luego de que a principios de 2003 México interpuso la demanda, la CIJ determinó, como medida de protección, que se suspendiera toda ejecución mientras se determinaba si la razón asiste a la parte demandante y, como cabría esperar, reponer los procesos judiciales de los 52 casos.

De acuerdo con la CIJ, las medidas precautorias se adoptan cuando se considera que los derechos que constituyen el objeto del fallo que ha de pronunciar corren riesgo inmediato, y se proponen, en general, "congelar la situación en tanto se dicta la sentencia definitiva de la controversia".

En diversas etapas, y de acuerdo con las solicitudes de la Corte, México y Washington hicieron llegar sus alegatos por escrito y, entre el 15 y el 19 de diciembre pasado los equipos jurídicos y agentes de cada país se presentaron en la fase de audiencias públicas en La Haya.

Entre las conclusiones de la presentación oral, México estableció que Estados Unidos violó sus obligaciones legales internacionales durante el arresto, detención, proceso, condena y sentencia de los 52 mexicanos y que, por tanto, le impidieron como Estado, ejercer su derecho diplomático a la protección de sus nacionales, porque éstos no fueron notificados "sin dilación" de sus garantías consulares.

Para la parte mexicana la actuación estadunidense resulta violatoria del artículo 36 (1b) de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, sobre todo porque la protección a que tiene derecho toda persona detenida en un país distinto al suyo debe brindarse con "razonable oportunidad".

El argumento mexicano no pretende presumir la inocencia de los 52 connacionales, pero es claro al puntualizar que la violación a los derechos consulares debería llevar a una forma de restitutio in integrum de los procesos que llevaron a tales sentencias. Además, rechaza que para suplir esa transgresión se recurra a los procedimientos de clemencia.

En el alegato mexicano, la restitución a que debiera obligarse a Estados Unidos consistiría en regresar cada caso al estado en que se encontraba el proceso antes de dictarse la pena de muerte y reponer el juicio. Asimismo, México pide que se evite la violación del artículo 36 de la Convención de Viena en procesos subsecuentes.

Washington no acepta ninguno de los postulados de la parte opositora.

Así, siempre de acuerdo con la reglamentación interna de la CIJ, concluida la etapa de las audiencias públicas, cada magistrado fue emplazado a entregar -durante este mes- sus primeras "notas" por escrito, especie de "minifallo preliminar".

Esta nota se traduce y se distribuye a los demás magistrados, lo que les da una idea de cuál puede ser la opinión mayoritaria.

"Semanas después se hace otra deliberación extensa, tras la cual, sobre la base de las opiniones [de] cada magistrado, la Corte constituye un comité de redacción cuyas opiniones reflejen de manera más cercana la opinión de la aparente mayoría" y se prepara un proyecto de decisión que se redistribuye entre los jueces, quienes tienen todavía la posibilidad de presentar propuestas de enmiendas.

Antes de aprobar el texto definitivo se hace una votación final. Cada magistrado vota en forma oral. No se permiten abstenciones; en caso de empate el presidente tiene el voto decisivo. Los fallos son definitivos e inapelables. Si una parte lo rechaza, "la única posibilidad que tiene es hacer una solicitud de interpretación o revisión", si hubiese surgido algún asunto del que no hubieran tenido conocimiento la Corte y la parte que lo solicite, además de ser factor decisivo en la sentencia.