Cuando en la administración de Ernesto Zedillo se realizó la reforma del sistema mexicano de pensiones y jubilaciones que condujo a la aparición de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), el gobierno en turno y los beneficiarios de ese cambio normativo -las instituciones financieras y los grandes capitales- señalaron hasta el cansancio que el nuevo modelo permitiría asegurar la viabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y garantizaría que sus trabajadores afiliados recibieran, al finalizar su etapa productiva, un ingreso justo y suficiente para afrontar su vejez con dignidad y oportunidades.

Pero de 1997, cuando entraron en operación las Afore, a la fecha, la privatización del sistema de retiro de los trabajadores ha generado, por un lado, un pasivo laboral de 900 mil millones de pesos y, por otro, ganancias por 50 mil millones de pesos para los operadores de esas instituciones, los cuales constituyen, a juzgar por estos datos, los beneficiarios principales de tal esquema. Ahora, prácticamente saturado el mercado original de asegurados, algunos grandes capitalistas han vuelto los ojos hacia los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como una nueva fuente de riquezas por explotar.

En este contexto, es claro que si bien los afiliados a las Afore han recibido algunos beneficios por su participación en este sistema, también resulta evidente que las instituciones bancarias y otros grupos privados propietarios de esas entidades se han llevado la parte del león. Incluso, como ha sido denunciado en repetidas ocasiones por numerosos analistas, actores sociales y derechohabientes, las elevadas comisiones que cobran las Afore a sus clientes, sumadas a un nivel de aportaciones y rendimientos fuertemente acotado, han abierto la inquietante posibilidad de que los ahorros de millones de trabajadores no resulten suficientes para ofrecerles, a su retiro, las posibilidades de vida digna a las que tienen derecho. En cambio, con base en tales cuotas, los dueños de las Afore han construido fortunas descomunales. En la balanza, la reforma de la seguridad social que condujo a las Afore se ha inclinado desmesuradamente hacia los grandes capitalistas, mientras que los trabajadores -su razón de ser y la fuente de toda esa riqueza- han recibido hasta ahora sólo inciertos y escasos beneficios. Por añadidura, el preocupante boquete financiero -900 mil millones de pesos- del pasivo contingente del sistema de pensiones del país podría, de no atenderse oportuna y adecuadamente, provocar una grave crisis, cuyos principales afectados serían las mayorías trabajadoras y no los acaudalados propietarios de las Afore.

En este contexto, cabe alertar sobre las pretensiones de ampliar al ISSSTE el actual sistema de las Afore, pues tal posibilidad en sí misma no es sino una nueva forma de exprimir a los trabajadores en beneficio de un reducido grupo de grandes capitalistas. Ciertamente, las flaquezas y los riesgos que enfrenta el país en materia de seguridad social y fondos para el retiro deben enfrentarse con prontitud y suficiencia, pero tal medida no debe consistir en la transferencia de las responsabilidades sociales del Estado a los particulares, como aconteció en 1997 con las Afore. Las instituciones públicas, en tanto entidades dedicadas al servicio de la nación y de la sociedad en su conjunto, no pueden simplemente renunciar a sus obligaciones en aras de cumplir el dogma neoliberal y enriquecer a unos pocos. Por el contrario, hoy resulta indispensable el compromiso firme del Estado mexicano para garantizar el futuro de sus trabajadores y ciudadanos, atemperar la desmesurada ambición de los operadores privados de los fondos para el retiro y emprender una reconfiguración solidaria, justa y viable del modelo de pensiones y jubilaciones vigente.