Rolando Cordera Campos

Violencia constitucional

El gobierno del presidente Vicente Fox y algunos gobernadores de su partido parecen dedicados a crear las condiciones de una situación de violencia constitucional que, de darse, podría abrir la puerta a una ruptura del nada sólido estado de derecho del que aún disfrutamos. Su conducta es jurídicamente lamentable y políticamente peligrosa: puede contribuir a un deterioro temprano del muy precario sistema político que nos dejó la transición democrática, la cual concluyó con la derrota del PRI y la alternancia.

La conducta omisa del gobernador Sergio Estrada Cajigal, de Morelos, es un botón de muestra de lo anterior. Dejar que el descontento electoral derivase en ilegalidad flagrante no es propio de un gobernante responsable, mucho menos de un político dedicado al cultivo del acuerdo y la prevención de la violencia. Puede decirse lo que se quiera de la extraña coalición que apareció en estos días como protagonista del conflicto local en Tlalnepantla, menos que no pudiera preverse su irrupción tras meses de irresponsable dejar pasar, dejar hacer, por parte del Ejecutivo morelense y del extraño mutis del centro. Los enconos no pueden llevar sino a la furia y ésta no puede sino volverse el caldo de cultivo de los delirios más extravagantes. Más aún si todo esto tiene lugar en ambientes amagados por el empobrecimiento y la incertidumbre colectivos.

No es verdad, verdad histórica al menos, que toda acción colectiva, de pueblos, sindicatos, campesinos, o colonos, o amas de casa y vecinos urbanos, tenga que desembocar en violencia y devastación comunitaria o institucional; en realidad, ha sido siempre algún tipo de acción colectiva, las más de las veces popular, la que ha llevado al poder a realizar cambios positivos para la sociedad y la política. Sin embargo, también es cierto que descuidar el contexto de estas movilizaciones, el optar por "el que se pudran", que tanto deleitaba al ex presidente Ernesto Zedillo, no puede sino llevar al deterioro y la putrefacción no sólo del movimiento sino de amplias capas de las comunidades e instituciones involucradas. Tal iba a ser el caso de la UNAM, que su comunidad impidió, pero es lo que ha ocurrido en Atenco, en amplios territorios de Chiapas y tristemente va a ser el de Tlalnepantla si los gobiernos estatal y federal no actúan de inmediato.

Lo mejor sería que la Comisión Permanente decretara la desaparición de los poderes en Morelos y que, a partir de ahí, se iniciase una reconstrucción institucional urgente de tan estratégico estado; pero lo que no se entiende es por qué el Congreso local no hace lo propio en el caso del municipio mencionado. En cualquier hipótesis, lo que importa es que cuanto antes se ofrezca a los contendientes un horizonte jurídico-político creíble y cercano, a no ser que lo que se busque sea volver realidad la absurda profecía de la guerrilla a las puertas de Tlayacapan.

Lo que ocurre en Morelos se engarza con la guerrilla verbal y mediática desplegada por el presidente Fox y su funcionario económico en torno a la Convención Nacional Hacendaria. Insistir en la legitimidad y la racionalidad de poner sobre la mesa de esa convención el tema del IVA, convertido en el espectro de una de por sí fantasmal reforma fiscal, es forzar los términos de la cuestión hacendaria, y lleva a pensar que lo que en realidad se busca es sofocar la convención, sobrecargarla, convertirla en un aquelarre peor que el que ocurrió en la Cámara de Diputados en diciembre pasado (y anteriores).

Sin duda, el secretario de Hacienda tiene todo el derecho de volver y revolver sobre su tema preferido, pero tanto él como su presidente y el secretario de Gobernación deben tener claro, y asumirlo explícitamente, que las resoluciones de la CNH no son ni pueden ser vinculantes para el Congreso de la Unión, que es donde se decide la Ley de Ingresos y el decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación. No hay alianza con gobernadores que pueda sustituir, mucho menos trascender, las rutinas y los rigores de ese proceso. En ello se juega el carácter republicano y federal del Estado democrático que se dice querer construir.

Dar por superado este código de entendimiento y conducta pública, constitucional como pocos, porque nos refiere a la esencia y orígenes del Estado moderno, es fintar desde el Poder Ejecutivo con violencias a la Constitución y poner contra la pared lo poco que el país ha logrado crear en materia de democracia representativa. Y es esto lo que por error u omisión está propiciando el gobierno del presidente Fox. Es indispensable que corrija. Luego hablamos de la sucesión.