Cerca de 500, los expulsados del pasado viernes en Suchiate; al menos 60 detenidos

Continúa el gobierno de Chiapas desalojos y advierte que no permitirá más invasiones

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 24 de enero. Llegó la temporada alta de los desalojos de campesinos. El gobierno del estado ha resuelto perseguir las invasiones de tierras, así tengan 11 años de antigüedad, como sucedió ayer en los predios Los Cerros y Los Cerritos en Suchiate, cerca de la frontera con Guatemala. Las tierras fueron devueltas a sus dueños legales, a saber, la inmobiliaria Las Cruces y los particulares Guadalupe Barrios, Arturo Barrios y Roberto Ocampo.

Una vez más, los perseguidos pertenecen a la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ). En este caso, de la vertiente "histórica". El día 12 fue desalojado el predio La Huasteca, municipio de Trinitaria, donde vivían decenas de familias de un grupo disidente de la OPEZ; en esa ocasión, la "histórica" actuó al lado de la policía del estado, y sus víctimas acusaron de paramilitares a los "históricos". En ese operativo de las fuerzas policiacas hubo cerca de 20 heridos, que llegaron al hospital, e inicialmente 80 detenidos, todos miembros de las corrientes Lucio Cabañas y Ernesto Che Guevara de la OPEZ.

En Suchiate, los expulsados del viernes fueron 450, y los detenidos 60. Un día antes, en Rancho Alegre, también Suchiate, fueron desalojadas 160 familias de la OPEZ. El secretario de Gobierno, Rubén Velázquez López, artífice de esta escalada, declaró ayer que "no se permitirán más invasiones en este gobierno", pero, apuntó, "se está exagerando en garantizar el respeto a los derechos humanos" durante los desalojos.

Menos mal que "exageran" los policías sectoriales y judiciales, si no, quién sabe cuántos más serían los heridos y cuántas las casas quemadas. Sólo en Nuevo San Rafael, en Montes Azules, elementos policiacos y de la Armada habrían quemado ayer 23 casas, dispersado a la población (choles de Sabanilla) y detenido cuando menos a Josué Jiménez Cruz, representante de los pobladores. Este desalojo (que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente describe como "voluntario") contradice las declaraciones del gobierno chiapaneco y de las nuevas autoridades ambientales federales en el sentido de que no habría desalojos en Montes Azules.

El actual secretario de Gobierno chiapaneco siempre fue partidario de los desalojos en Montes Azules, desde que era el responsable estatal de la política agraria y representaba al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía en el denominado Grupo Chiapas. En 2001 y 2002 se le identificó con la línea dura en materia ambiental. Ahora, como responsable de la política interior de Chiapas (lo que sea que eso signifique), Velázquez empieza a darse gusto y dar gusto a los propietarios, a los mandos militares y a las autoridades federales que quieren mano dura.

Con sus límites, por cierto, y lo lamenta: "las invasiones que se ubican en la zona zapatista, donde ni el gobierno federal ha logrado regresar a sus legítimos dueños los terrenos invadidos en 1994, están recibiendo un trato distinto". No obstante, Velázquez confirmó que se realizarán más desalojos. "No es represión ni nada que se parezca a esos términos. Simple y sencillamente es la aplicación del estado de derecho para poder vivir en paz".

Ya entrado en gastos, ayer ofreció su mediación en el conflicto del ejido Emiliano Zapata (municipio de Tila), donde la población exige el desmantelamiento de la base militar que se ubica allí. "La oferta inicial a estos paisanos inconformes es que presenten su denuncia y nosotros garantizamos que si existe la razón, será quitado de esa base el personal que esté excediéndose en sus funciones", lo cita el diario tuxtleco La Voz del Sureste. (Así, da a entender "a estos paisanos" que podría ser "quitado" algún personal, pero la base no se mueve).

Estas son algunas coordenadas del funcionario (ex priísta, como tantos en el gobierno chiapaneco) que se atreve a hacer lo que el gobierno salazarista dice que no hace. Desalojos violentos, aprehensiones masivas, destrucción de viviendas. Y proclama un "exagerado respeto" a los derechos humanos. Tanto "respeto" que todavía ayer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó un caso grave de tortura, cometido en San Cristóbal de las Casas por policías de la Agencia Estatal de Investigaciones, a cargo de la Procuraduría de Justicia del estado.

Ahora, mientras el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía parece dedicarse a la "política exterior" de Chiapas (se habla abrumadoramente en los corrillos de Tuxtla de que aspira al gabinete foxista), el secretario Velázquez, el procurador Mariano Herrán Salvatti y el secretario de Seguridad Pública, Horacio Schroeder, parecen llevar la política interna, que consiste en desalojar asentamientos rurales y llenar las cárceles de campesinos que ocuparon tierras o se resisten, por ejemplo, a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Para abrir lugar a tanto nuevo preso, hay que soltar algunos, como los miembros de Paz y Justicia absueltos hace 15 días; ya se ve la forma de liberar a los paramilitares que purgan por la matanza de Acteal, pues ahora son "perseguidos religiosos", según sus abogados y sus aliados.

Mientras propicia campañas informativas antizapatistas (al son de "si me dan un periodicazo lo desmiento y punto") y desliza declaraciones donde considera a los rebeldes un grupo menor que habita en unas cuantas rancherías (qué exagerado se vio el presidente Salinas con sus "cuatro municipios"), el secretario de Gobierno se apresta a colaborar con el Ejército federal y la Armada en fechas próximas para los desalojos que tiene planeados. Han de ser varios, pues ayer confesó a los reporteros: "no los tengo en la memoria. Y tampoco los diría".