No descarta ir a huelga ante el relanzamiento de ese plan por el gobierno foxista

El SME refuerza su oposición a la privatización eléctrica

FABIOLA MARTINEZ

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) advirtió que reforzará su estrategia opositora a la privatización de la industria eléctrica y no abandonará la lucha que abandera desde 1999, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales (sobre los bienes de la nación).

Este mes, cuando casi un millar de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) están constituidos en "asamblea legislativa" para la revisión bianual del contrato colectivo en esta empresa, el secretario de trabajo de este gremio, José Antonio Almazán González, señala al gobierno foxista: "No intenten provocarnos porque nos vamos a defender. Nunca nos verán de rodillas; truncaremos los intentos de 'reforma' que el gobierno promueve en su desesperación por atender las presiones de las grandes trasnacionales del sector".

La advertencia ocurre en pleno proceso de revisión contractual, cuyo emplazamiento a huelga vence el próximo 16 de marzo por un aumento salarial de 10 por ciento y la inclusión en el contrato colectivo de una cláusula en la que se refrende el carácter público de LFC.

Con ello, ante una eventual aprobación de la "reforma" al sector eléctrico, este gremio, que encabeza Rosendo Flores Flores, podría hacer uso de la huelga al argumentar que se ha violado el documento que rige las relaciones laborales en la paraestatal.

Como ocurre cada dos años, un numeroso grupo de sindicalizados, representantes de unos 50 mil afiliados a esta organización, se integra en "asamblea legislativa" para delinear el pliego petitorio y los posibles cambios al contrato colectivo.

En esta ocasión, el proyecto de revisión contractual tiene entre sus principales objetivos fortalecer a LFC como empresa pública, luego de que concluyeron que el gobierno del presidente Vicente Fox está "relanzando" la privatización mediante los recortes presupuestales para este organismo, en particular en el gasto corriente y en inversión productiva.

Con ello -señaló Almazán- los funcionarios buscan deliberadamente reducir la eficiencia operativa del organismo, aun cuando la demanda de energía eléctrica en la zona centro del país -área de acción de LFC- continúa al alza; lo anterior afecta también los programas para abatir las pérdidas "técnicas y no técnicas" del fluido eléctrico, rubro que se ubica en 28 por ciento, respecto al total de energía distribuida.

"El hecho de proponer un presupuesto raquítico para la empresa contribuye al deterioro de la imagen pública de ésta y a que aumente el nivel de pérdidas ante una red de distribución obsoleta", explicó.

Por lo anterior, la "asamblea legislativa" propone, en principio, nuevas reglas para detener el deterioro de las finanzas de LFC, a partir de una negociación de precios de compra de energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad; reforzar los programas para recuperar la cartera vencida, y no condonar los adeudos, especialmente en favor de empresas públicas y municipios.

En este contexto, señala el dirigente responsable del proceso de revisión contractual, el análisis de la "asamblea legislativa" tiene como fin encontrar las vías para "cerrar el paso" a los administradores que aplican "una política de guerra interna" para debilitar a esta empresa pública.

La negociación con el equipo del director de LFC, Luis de Pablo, se inicia la segunda semana de febrero. El SME confía en llegar a un acuerdo que evite el paro, ya que un día antes del vencimiento concluye el plazo de negociación en gremios como el de trabajadores del Seguro Social, donde se discute el esquema de jubilación y el pasivo laboral de ese organismo.