Genera inquietud la asignación de recursos diseñada en San Lázaro

Sindicatos de universidades públicas preparan movilizaciones

JOSE GALAN

La asignación discrecional de la Cámara de Diputados del Fondo de Equidad para las Universidades Públicas ocasionó no sólo inquietud entre las instituciones de educación superior, sino también protestas porque los legisladores modificaron los criterios de asignación establecidos por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y dejaron fuera de dicho criterio a instituciones como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Sonora.

La inquietud se refleja en los movimientos sindicales que comienzan a agudizarse en esas instituciones con miras a la protesta nacional en esta ciudad a partir del 27 de enero, bajo el pretexto de petición de un incremento salarial mayor al que negoció el sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 3.8 por ciento, y que por tradición rige las negociaciones en el resto de las universidades públicas del país.

Para las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Educación Superior, por ejemplo, no están claros los criterios con que los legisladores federales decidieron retirar de la propuesta de la ANUIES a las universidades ya mencionadas, además de la Universidad de Durango, para incluir, por ejemplo, a la Autónoma de Hidalgo, o por qué se otorgó un incremento "equitativo" a la Universidad Autónoma de Chiapas de sólo 34 millones de pesos cuando a la Autónoma de Sinaloa se le proporcionaron 220 millones de pesos; o la razón de que a la Universidad Autónoma Metropolitana se le hayan descontado para este año casi 100 millones de pesos respecto de 2003. Para dos de las universidades más grandes del país -luego de la UNAM-, la UdeG y la UV, la decisión discrecional no estuvo sustentada en el modelo de asignación de los recursos que vienen trabajando junto con otras instituciones en el seno de la ANUIES por lo menos en los dos últimos años.

Dicho modelo había ya recibido, por primera vez, el visto bueno de las instituciones durante la reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la ANUIES, realizada en Huatulco, Oaxaca, a principios de diciembre pasado. Con el visto bueno incluso de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dicho modelo contempla una distribución equitativa con base en parámetros como el costo por alumno.

En cambio, ninguna institución tiene clara la forma en que las comisiones de Educación, Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda de la Cámara de Diputados decidieron el otorgamiento de recursos, incluyendo los 400 millones de pesos de incremento presupuestal destinados a la UNAM, cuando instituciones como El Colegio de México recibieron casi 10 por ciento menos de recursos que el año anterior. En este sentido, las protestas han comenzado a llegar a la SEP, en búsqueda de mecanismos que permitan una redistribución de las reasignaciones presupuestales acordadas por los legisladores para esa dependencia del Ejecutivo Federal.

En el interior, las instituciones ya advirtieron a sus sindicatos que las negociaciones salariales se darán de acuerdo con los recursos presupuestados para este año, a pesar de que los trabajadores administrativos y académicos han fijado su piso de negociación en por lo menos 15 por ciento de aumento salarial, en rechazo al 3.8 por ciento negociado por el STUNAM a finales del año pasado.