El 19 de diciembre unos doscientos vecinos de Unión Hidalgo, Oaxaca, dieron la bienvenida a Carlos Manzo, que acababa de salir del Penal de Tehuantepec donde estuvo recluido durante siete meses. Manzo era el último de un grupo de tres presos políticos encarcelados por falsos cargos que pretendían ocultar que la prisión era un castigo por pedir una auditoria al presidente municipal Armando Sánchez y por impedir que se estableciera una granja camaronícola que amenazaba con desertificar los manglares comunales.

Con este hecho se cerró un episodio de la lucha de los zapotecos unihidalguenses, pero no su historia. Existe un punto de acuerdo en el congreso oaxaqueñó de auditar el presupuesto municipal, pero nada se ha hecho. El gobernador José Murat se comprometió a establecer una mesa de diálogo, pero a seis meses de la promesa ni siquiera se prepara su instalación. Quizá ya no exista interés de la empresa Camarón Real del Pacífico por apropiarse del estero, pero, ubicada en un punto estratégico del istmo de Tehuantepec, Unión Hidalgo está en el paso de muchos de los de desarrollos transnacionales que apetecen esta zona.

Los cargos imputados a Carlos Manzo y sus compañeros Francisco de la Rosa y Luis Alberto Marín López se pretendían fincar en los hechos ocurridos durante la manifestación del 13 de febrero ante el palacio municipal que fue recibida a balazos por la policía de Unión Hidalgo con un muerto y 10 heridos. Esta manifestación se realizó cuando los ciudadanos se dieron cuenta que no se realizaría la reunión en la que se pretendía auditar al presidente municipal Armando Sánchez, ya que no pudo documentar siete de los once millones de su presupuesto.

El encarcelamiento ha estado rodeado de asesinatos, muertes "accidentales", desgano judicial y amenazas. El 19 de junio murieron en un accidente de carretera Luis de la Rosa y Juanita Gutiérrez, miembros del Consejo Ciudadano Unihidalguense y parientes de Francisco de la Rosa, que se dirigían a Oaxaca a dialogar con el gobernador. El 17 de agosto, el diputado local y abogado defensor de los presos, Carlos Sánchez López, fue asesinado en Juchitán.

Pero el proceso contra los participantes del Consejo Ciudadano Unihidalguense, ha estado acompañado por una intensa actividad de denuncia y participación política.

Carlos Manzo calificó de "política de terror" la que aplicó el gobernador José Murat. Estas acciones tienen entre otros propósitos poner a las comunidades a la defensiva y desmovilizarlos por medio del miedo. Estos objetivos no se cumplieron. Por ahora Manzo y las organizaciones unihidalguenses se han reintegrado a proponer alternativas a los proyectos transnacionales y no consultados que se tratan de imponer en el istmo. Tal es el caso de la carretera Huatulco-Ixtepec, cuyo trazo original afectaba a las comunidades de Jalapa del Marqués, donde los comuneros esperan se respete el compromiso de construirla por donde ellos plantearon.