Recomienda penas superiores a 20 años de cárcel

Propone el DIF a los legisladores endurecer normas contra pederastas

CAROLINA GOMEZ MENA

En materia de combate y prevención de la explotación sexual comercial infantil (ESCI), este año el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se abocará a promover iniciativas para que las penas carcelarias que cumplan los pederastas sean más severas, "de más de 20 años", y trabajará en el establecimiento de albergues para las víctimas de abusos, señaló la subdirectora general de Atención a la Población Vulnerable del DIF, Loreto García Muriel.

En entrevista, la funcionaria detalló que es inadmisible que un crimen como la ESCI sea castigado en algunos estados con sólo tres años de prisión e inclusive sea un delito por el que se obtiene la libertad bajo fianza. Es que, dijo, aunque en otras entidades se castiga hasta con 20 años de cárcel, lo que urge es homologar a escala nacional las penas y que este ilícito sea catalogado como "grave".

Existen diversas propuestas en la Congreso, indicó García, al hacer hincapié en que el DIF trabaja "muy de cerca con ambas cámaras legislativas, Gobernación, asesores jurídicos y con las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia" que posee la institución en los estados. La expectativa es que en el primer semestre de este año se pueda contar con una propuesta única que haga más extensas las penas, "para que así se castigue más severamente a estos delincuentes y disminuya la impunidad".

El único estudio realizado en México sobre el fenómeno, de la investigadora del Ciesas, Elena Azaola, y el Unicef, arrojó que existían alrededor de 16 mil menores explotados sexualmente en centros turísticos y ciudades fronterizas, pero se estima que la cifra podría ser muy superior. Por lo pronto, el DIF trabaja en 19 ciudades con riesgo (el año pasado integró a Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen, Tlaxcala y Valle de Bravo), y su intención es aumentar la cobertura este año, aunque ello dependerá de la disponibilidad de recursos.

Sobre ello, García Muriel recordó que debido a la estrechez presupuestal del DIF los recursos canalizados al programa de prevención de la ESCI han sufrido recortes. Así, mientras en 2002 se gastaron 30 millones de pesos, el año pasado apenas se destinaron 5 millones 200 mil pesos, que salieron de ahorros de la institución, y se apoyó con trabajo voluntario de las entidades. Asimismo, en 2002 a los estados sólo se lograron canalizar a través del fondo V del ramo 33 sólo 8 millones pesos para sus proyectos en el rubro, mientras que el año pasado "no pudimos distribuir nada", lamentó García Muriel al resaltar que de no lograr llevar más recursos al programa, "tendremos respuestas poco eficaces, seguiremos poniendo curitas en donde se necesita un quirófano y una cirugía mayor".

Para este año las perspectivas financieras no parecen estar mejor. No obstante, el DIF espera establecer albergues para atender de manera integral a las víctimas de la ESCI, y si no hay más recursos federales se insistirá en buscarlos en la iniciativa privada, lo cual, hasta ahora, no ha rendido frutos.

"Queremos crear un modelo muy específico para las necesidades de México, de nuestros niños, en los que se les brinde un tratamiento especializado, y no meramente de buena fe, en donde se daría una atención temporal con médicos, siquiatras, sicólogos, trabajadores sociales y orientadores en desarrollo humano. Hemos planteado la idea a posibles patrocinadores, pero casi ninguna empresa o institución quiere relacionar su nombre o imagen con este problema", afirmó García Muriel.