Coordinadores tienen mejor condición salarial que los encargados de impartir justicia

Esperan magistrados y actuarios que se ponga fin a burocracia excesiva en TFJFA

ANDREA BECERRIL

A contracorriente de las medidas de austeridad impuestas en todas las dependencias del gobierno federal y de la intención de despedir a 50 mil trabajadores de base, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) se instauró una burocracia similar a la de una secretaría de Estado, al crear un nuevo aparato administrativo con tres coordinadores, 19 directores generales y una treintena de delegados.

Los salarios de coordinadores y directores generales serán de 120 mil y 80 mil pesos, respectivamente, además de que recibirán prestaciones adicionales y coche con chofer, condiciones salariales muy superiores a las de los abogados y actuarios, e incluso de los magistrados encargados de impartir justicia en ese tribunal.

La decisión, dada a conocer en momentos en que se canceló incluso la creación de cinco salas regionales por falta de recursos económicos, la tomó antes de dejar el cargo el ahora ex presidente del TFJFA, Alejandro Sánchez Hernández, autor del Reglamento Interior de la Ley Orgánica del tribunal, publicado el pasado 19 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, donde se establecen los cambios y se crean las nuevas plazas administrativas.

Sánchez Hernández, de filiación panista, que concluyó su periodo de dos años al frente del TFJFA el último día de diciembre, no pudo lograr que la sede de ese tribunal se trasladara al World Trade Center, pero sí ese nuevo reglamento que, a decir de magistrados, abogados y secretarios de acuerdos consultados, es sólo para beneficiar a amigos e incondicionales.

Entre el personal judicial del TFJFA hay descontento e incluso indignación por esa medida, ya que el gobierno federal decidió recortar en 34 millones el presupuesto de este año del organismo -que no llega a 900 millones de pesos-, y la esperanza es que la nueva presidenta del tribunal, Consuelo Villalobos, que sí tiene amplia carrera judicial e historial honesto, eche abajo ese reglamento y corrija de inmediato todas las anomalías cometidas por su antecesor, entre ellas el despido injustificado de la magistrada Aurora Cortina, a quien removió de la dirección del Instituto de Estudios de Justicia Fiscal y Administrativa.

Hija del fundador del tribunal, con una trayectoria de más de 20 años en el mismo, a Aurora Cortina se le despidió de manera violenta, obligándola a salir por la fuerza de las instalaciones del tribunal -presentó incluso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, bajo el argumento de que había escrito un artículo "subversivo" en la revista de la Suprema Corte, en el que se pronunciaba por el establecimiento de la carrera judicial y la instauración de un Consejo de Judicatura en el TFJFA.

En su lugar, Sánchez Hernández puso a un amigo incondicional, Federico Savignón -con un salario de 76 mil pesos mensuales, contra los 40 mil que percibía Cortina-, quien se dedicó a desviar recursos del instituto en beneficio de dos escuelas de su propiedad.

Las irregularidades fueron documentadas por La Jornada, pero Savignón sigue al frente del instituto, ya que Sánchez Hernández pasó por alto hasta recomendaciones de la Comisión Permanente y llamados de senadores del PRI, entre ellos de Emilio Gamboa, Martha Tamayo y del ahora gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, quienes le demandaron restablecer la legalidad en el TFJFA.

Entrevistados sobre la situación en el tribunal, secretarios de acuerdos, actuarios y magistrados -de los que no puede publicarse el nombre pues temen ser despedidos de inmediato- insistieron en que Consuelo Villalobos, que desde principios de mes preside el tribunal, debe poner orden y desechar el nuevo reglamento interno, porque de lo contrario hay el riesgo de que el organismo pase al Poder Judicial.

Hay coincidencia en que la pesada estructura burocrática que se creó afectará incluso la función esencial del tribunal, encargado de resolver todas las controversias entre particulares y el gobierno federal. Más de 90 mil sentencias se dieron el año pasado, y buena parte recayó en los cerca de 400 secretarios de estudio y cuenta, mejor conocidos como "secretarios de acuerdo", abogados que llevan la mayor parte de la carga de trabajo, ya que admiten demandas, llevan el procedimiento y proyectan la sentencia, que en muchos casos los magistrados sólo firman.

El salario de los secretarios de acuerdo es de 24 mil pesos, que contrasta con los 80 mil que habrán de percibir los 19 nuevos directores generales encargados de tareas administrativas, algunas tan innecesarias como preparar "manuales para los actuarios", que en realidad son una simple hoja con instrucciones que se saben de memoria.

En el reglamento hay plazas innecesarias, como la de dirección general de Asuntos Jurídicos. ƑDónde se ha visto que en un órgano compuesto por abogados se requiera de un puesto así?, se preguntó un actuario. También duplicidades, ya que la Dirección General de Publicaciones tiene las mismas funciones que la Coordinación de Tesis.

En el Senado, legisladores del PRI y el PRD analizan el nuevo reglamento, porque hay la percepción de que es inconstitucional, ya que crea más plazas de las establecidas en la Ley Orgánica del TFJFA. La senadora priísta Martha Tamayo trabaja desde hace varios meses en un proyecto encaminado a crear la carrera judicial y un Consejo de la Judicatura en ese tribunal, similar al que existe para la Suprema Corte, con el propósito de que se puedan controlar excesos como los cometidos por Sánchez Hernández.

La fracción del PAN en el Senado, con Fauzi Hamdan y Diego Fernández de Cevallos al frente, presentaron una iniciativa en abril del año pasado que busca incluso desaparecer al tribunal, reintegrando sus funciones al Poder Judicial.