Vaticina embate contra las juntas de buen gobierno, con papel clave de Pablo Salazar

La CNDH propicia la impunidad del Ejército en Chiapas, señala abogado

El grupo paramilitar Paz y Justicia se puede reactivar en cualquier momento, alerta

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 18 de enero. "En toda la historia del conflicto, el Ejército se ha beneficiado de la impunidad. En ninguno de los casos demostrados de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas se ha iniciado investigación seria, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido nunca una recomendación al respecto", declara a La Jornada el abogado Miguel Angel de los Santos.

En Chiapas "se preludia una política de combate directo contra la autonomía y, para empezar, una campaña de deslegitimación de las juntas de buen gobierno zapatistas, en la que el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía juega un papel clave, pues ha pasado de posiciones ambiguas hacia el conflicto a una política abiertamente contrainsurgente".

En relación con los grupos paramilitares, en particular Paz y Justicia, De los Santos apunta: "Son grupos de choque del Ejército y, cuando se necesite, podrán confrontar en su lugar a las protestas o las comunidades en resistencia". Menciona como ejemplo la agresión, el 8 de enero, de miembros de Paz y Justicia a los pobladores del ejido Emiliano Zapata (Tila) que demandan la salida del Ejército.

"La consecuencia de que no se combata ni castigue a Paz y Justicia por los crímenes que ha cometido es que el grupo se puede reactivar en cualquier momento. Sus miembros se sienten favorecidos por el gobierno del estado y, por tanto, protegidos. Mantienen sus estructuras, pueden seguir actuando."

Ante las violaciones a los derechos humanos "en que incurrió el Ejército al instalarse en las comunidades, la instancia que está para defender esos derechos de los ciudadanos, la CNDH, no ha intervenido. En la práctica, demuestra que el Ejército está fuera de su ámbito", agrega el abogado chiapaneco, miembro de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos.

"La CNDH protege al Ejército ante la opinión pública. Ha llegado a sostener que los campamentos o la sola presencia de las tropas no constituye una violación a los derechos humanos. Con esto no sólo ignora los derechos colectivos de las comunidades, sino que prueba a qué grado la comisión no ha sido un instrumento efectivo para la protección de los derechos indígenas."

El abogado insiste en que, además, la instalación de las posiciones militares trae consecuencias a los derechos colectivos. ¿Cuántas veces la presencia de tropas ha impedido ceremonias religiosas y muchos otras prácticas tradicionales o culturales?, cuestiona. "La CNDH no actúa en ningún caso. En su conjunto, las prácticas de la comisión en Chiapas dan impunidad y justifican la presencia del Ejército en las comunidades".

Asesinatos olvidados

Los crímenes más conocidos de tropas federales desde el inicio del conflicto han sido "olvidados" por la CNDH: las ejecuciones en Ocosingo en enero de 1994, el asesinato de tres indígenas del ejido Morelia, la ejecución de un indígena en La Libertad (Altamirano) en febrero de 1995, la violación de varias tzeltales.

Por su parte, el gobierno del estado tiene la responsabilidad de investigar y castigar los delitos que cometieron los paramilitares, "pero no lo ha hecho, y por eso los grupos como Paz y Justicia, si bien menos fuertes que en el pasado, todavía constituyen un peligro".

Para De los Santos resulta significativo que el pasado día 12 la policía del estado llegara al ejido Emiliano Zapata junto con los mandos militares que advirtieron a los ejidatarios que, si siguen sus protestas, se instalarían más campamentos.

"Significa lo mismo que esos documentos que ahora andan circulando, con papel oficial de la Secretaría de Gobierno: que participa ya directamente el gobierno de Salazar Mendiguchía en la contrainsurgencia y el respaldo a la militarización de las comunidades."

Los documentos que menciona pertenecen al diagnóstico gubernamental titulado EZLN. Caracoles y juntas de buen gobierno, con fecha del 12 de noviembre pasado, el cual goza desde hace un mes de particular favor en la prensa nacional e internacional, sin que el gobierno lo haya desmentido oficialmente.

Si bien ese texto merece un análisis más amplio, basta citar la última de sus "propuestas de línea de acción a nivel estado". Luego de abogar por la "integración" de las comunidades y solicitar delaciones a las presidencias municipales "para obtener datos de comunidades con influencia del EZLN", la Secretaría de Gobierno propone:

"Establecer una campaña de difusión de las acciones ilícitas y agresiones suscitados (sic) en el territorio zapatista, pudiendo ser a través de un corresponsal de algún medio de comunicación nacional y/o (sic) internacional, que cuente con la solvencia moral que permita dar a conocer dichos actos."

Al menos este documento (no necesariamente el último párrafo) ha sido glosado en numerosos medios nacionales e internacionales, o sea que dicho propósito ha sido satisfecho.