Con apoyo paramilitar, el Ejército asedia al EZLN, documentan investigadores

En Chiapas, la mayor concentración de tropas en el país, confirma un estudio

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 11 de enero. Estudios recientes confirman algo que por demás resulta evidente: la demografía militar en Chiapas es la más alta del país, después del Distrito Federal, sede del mando militar nacional. A raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLLN), ese estado del sureste mexicano "concentró el mayor número de jefes y oficiales en una sola entidad", de acuerdo con un estudio realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por Jorge Luis Sierra.

La trascendencia de ese fenómeno modificó profundamente la división territorial castrense. Se crearon dos zonas militares, la 38 en Tenosique, Tabasco, y la 39 en Ocosingo, ambas solamente para rodear la selva Lacandona. Se sumaron dos nuevas bases aéreas: Copalar y Altamirano.

"Cinco años después del alzamiento indígena, la séptima Región Militar quedó integrada por cinco zonas militares", apunta Sierra en El enemigo interno (Plaza y Valdés Editores, México): la 30 de Villahermosa, la 31 en Rancho Nuevo, la 36 de Tapachula, además de las mencionadas 38 y 39.

Citando documentos de inteligencia militar, reportes de otros analistas, obras académicas y frutos de su propia investigación, Sierra ofrece un panorama esclarecedor en un tema sobre el cual la información siempre ha sido difícil, inexacta, en buena medida secreta. Su enumeración resulta elocuente: "La vigilancia lograda por la séptima región militar se reforzó con los batallones de infantería 36 y 82 de la 29 zona militar en el sur de Veracruz, y con los batallones 10 y 74, ubicados en la 33 zona militar de Campeche. Se creó así una de las mayores concentraciones de tropas en todo el país".

El investigador de la Universidad Iberoamericana señala que hacia 1997 había en Chiapas tres generales de división, 11 generales de brigada y ala, 13 generales brigadieres, dos generales de grupo, 18 coroneles y siete tenientes coroneles. "Se desplegaron al menos seis batallones de infantería, dos regimientos de caballería motorizada, tres grupos de morteros y tres compañías no encuadradas."

El ajuste del dispositivo estratégico entre 1994 y 1998 llevó a la creación de 70 Grupos Aeromóviles y 36 Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales en el país. De los primeros, seis se instalaron en el área de conflicto. Se crearon bases de operaciones mixtas con la participación de las policías estatales, que así pasaron a ser adiestradas por el Ejército.

La investigación de Sierra abre una ventana documentada y confiable en un tema sustraído del escrutinio público, pero que afecta la vida cotidiana de más de un millón de indígenas chiapanecos e incide negativamente en las posibilidades de alcanzar la paz. Las fuerzas armadas desplegadas en Chiapas están aquí para hacer la guerra por diversos medios, no todos directos.

La vía paramilitar

"En la primera mitad de 1995 comenzaron dos procesos antagónicos: mientras las partes en conflicto se reunían en San Andrés Larráinzar para dialogar, la violencia añeja y arraigada de pistoleros y guardias blancas dio paso a la formación de ejércitos privados dirigidos como una fuerza de contención armada del EZLN", agrega el estudio.

Algunas investigaciones observan que el surgimiento de grupos paramilitares coincidió con la renovación del mando de la séptima región militar. Escribe Sierra: "El general Mario Renán Castillo, considerado autor de la doctrina contrainsurgente contemporánea, remplazó al general Miguel Angel Godínez Bravo en febrero de 1995". (Es decir, al momento de la ofensiva militar del presidente Ernesto Zedillo contra las comunidades rebeldes.) "De acuerdo con los manuales de guerra irregular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que escribió el propio general Renán, el 'personal civil militarizado' es fundamental para 'destruir las fuerzas integradas por el enemigo y traidores a la patria'."

Una investigación realizada en 1999 por la bancada perredista en San Lázaro reveló que, de acuerdo con la doctrina del Ejército Mexicano, el comandante del área puede usar "personal civil militarizado" para "apoyar en retaguardias, servir de informante, mediante recompensas u organizaciones secretas de información de guía de tropas, camuflado o uniformado como militar" (Los paramilitares en México. Cuarto informe de las fuerzas armadas mexicanas, Cámara de Diputados, 57 Legislatura). Tal doctrina "establece que el comandante militar del teatro de operaciones deberá emplear a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas enemigas".

Paz y Justicia, "el grupo paramilitar más importante de la primera etapa de paramilitarización", a la fecha sigue dando de que hablar. Según documentos de inteligencia militar, "se constituyó el 5 de agosto de 1995 como frente de ejidatarios, campesinos y autoridades para contrarrestar la 'actividad radical' del PRD y de las 'células' del EZLN" (Información sobre diversos aspectos en el área de ops. norte de Chiapas, s/f).

Por esos mismos días se establecieron las bases de operaciones militares de la zona norte (que aún existen), exactamente en los bastiones de Paz y Justicia, cuando el grupo aún no empezaba a actuar. Aunque formalmente se creó, en los términos del mismo documento, para "repeler posibles ataques de presuntas células del EZLN y defender intereses comunes afectados por el activismo del PRD, auspiciado por religiosos adscritos a la diócesis de San Cristóbal de las Casas... algunos integrantes de Paz y Justicia recurren al uso de las armas para hacer frente a los grupos que atenten en contra de su integridad (células del EZLN), incluso para defender sus propiedades".

Otro estudioso del tema, Raúl Benítez Manaut, distingue allí "la feudalización del conflicto", es decir, el proceso por el cual el esfuerzo de contención del EZLN pasa del gobierno a las elites locales. (Esto permite de paso borrar las huellas de participación militar directa cuando las cosas salen de control, como ocurrió en Acteal a finales de 1997.)

"En sus primeros tres años de actividad, los paramilitares en Chiapas provocaron la muerte de mil 500 personas y el desplazamiento de cerca de 10 mil. A pesar de sus campañas para aplicar en la región la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Ejército pareció ser incapaz o carecer de la voluntad para desarmar a los grupos paramilitares. El hecho de que el gobierno negara su existencia agravaba la impunidad de estas organizaciones, pues las fuerzas de seguridad no estaban obligadas a desmantelar organizaciones que no existían oficialmente." El retorno a la "guerra interna" hoy sigue en manos de dichas "elites locales" estratégicamente feudalizadas.