El ayuntamiento, incompetente para ofrecerlo, afirma

El cabildo de Tijuana autoriza concesionar a la IP servicio de limpia

JORGE A. CORNEJO CORRESPONSAL

El cabildo de Tijuana, Baja California, aprobó una declaratoria en la que se establece que el ayuntamiento es incompetente para ofrecer el servicio de recolección de basura de la ciudad y, por lo tanto, autoriza su concesión a una empresa privada.

Una vez conocida la decisión, el dirigente del sindicato de burócratas de Tijuana, José Antonio Sifuentes Meraz, anunció que exigirán al Congreso local iniciar juicio político contra el alcalde Jesús González Reyes.

Se debe recordar que los sindicalistas efectuaron una manifestación el jueves para oponerse a la medida porque, argumentaron, provocará el despido de 700 de sus agremiados. Cuando los trabajadores intentaron ingresar a la sala de cabildos, donde el concejo discutiría el asunto, la policía les cerró el paso y se produjo un enfrentamiento con saldo de 13 policías y ocho manifestantes heridos.

Una vez terminada la manifestación, los concejales votaron la propuesta y la aprobaron con 12 votos del PAN contra cinco del PRI y las abstenciones de los regidores del PRD y PT. El regidor panista Enrique Méndez Juárez dijo que el gobierno está obligado a buscar soluciones viables a los problemas de la ciudad.

La misma tarde de ayer el diputado priísta Marcelino Hidalgo Silva, presentó ante el pleno del Congreso una iniciativa de punto de acuerdo en la que solicita que rechace la pretendida privatización del servicio de recolección de basura en el municipio de Tijuana.

De su lado, el presidente municipal Jesús González reiteró que ninguna plaza laboral se perderá por esta medida, y que se creará un comité técnico, en el que se incluirán representantes del sector empresarial, para determinar las acciones a seguir.

Explicó que el comité tendrá la facultad de exigir a las empresas que quieran participar en la licitación que cumplan con todos los aspectos que garanticen la recolección al ciento por ciento de la basura al menos dos días por semana.

Encarcelan a cuatro trabajadores de Tapachula

En tanto, policías de la Agencia Estatal de Investigación trasladaron a un penal a los cuatro trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Chiapas (Coapatap), que enfrentaban órdenes de detención y que fueron apresados el miércoles pasado durante el desalojo de las instalaciones de este organismo.

Los presos trasladados a la cárcel son Ezzio Mejía Osorio, Luis Manuel Sánchez Román, Manuel Santos Balboa y Julio César Jiménez Córdova, quienes enfrentan una demanda por despojo agravado interpuesta por el director del Coapatap, Isaac Rojas Rodas, luego de que encabezaron la ocupación de las instalaciones durante casi dos meses.

Sus abogados solicitaron la ampliación del término constitucional de 72 horas a seis días para reunir pruebas de la inocencia de los acusados. Sin embargo, el subprocurador de Justicia, Gonzalo Mario Díaz Castellanos, aseguró que fueron consignados y no pueden obtener su libertad bajo fianza.

En el expediente penal la parte acusadora les imputa delitos que no alcanzan libertad bajo fianza -entre ellos su presunta autoría intelectual y/o material-; inclusive podrían enfrentar penas de entre seis y nueve años de prisión, así como multas de 50 a 180 días de salario mínimo, según lo establece el Código Penal.

Las otras 91 personas aprehendidas ese día continúan en los separos de la Subprocuraduría de Justicia, en espera de la determinación jurídica de las autoridades