Jorge Santibáñez Romellón*

No es un acuerdo migratorio, pero puede ser útil

El 16 de diciembre de 2003 el presidente George W. Bush aclaraba enfáticamente ante diversos medios de comunicación que de ninguna manera promovería una amnistía que regularizara a los indocumentados en Estados Unidos. La declaración surgía a consecuencia de declaraciones previas de Tom Ridge, responsable del poderoso Departamento de Seguridad Interna, de que habría que buscar los mecanismos para que esos indocumentados dejaran de serlo.

En mi opinión, esas declaraciones establecen claramente cuál es el contexto en que se da la propuesta del presidente Bush lanzada el miércoles de la semana pasada y que tanto revuelo ha causado en México y Estados Unidos. En la paranoica carrera que el gobierno de Bush ha desarrollado para alcanzar la seguridad extrema de su país, que tantos dividendos políticos le ha aportado (simplemente recuerde el lector la debilidad del mandatario al asumir el cargo), el Departamento de Seguridad Interna se creó teniendo como misión fundamental garantizar la identificación de quién entra, quién sale y quién permanece en Estados Unidos. La presencia de entre 10 y 12 millones de indocumentados pone en duda el debido cumplimiento de esa misión y tarde o temprano haría que el Congreso se preguntara sobre el destino de los millones de dólares invertidos en esa dependencia, que, si no sirve para detener a 12 millones de indocumentados, menos servirá para parar a cuatro o cinco terroristas. Por ello quien pone el tema en la mesa es precisamente Tom Ridge.

Pensar que la propuesta de Bush deriva de sus buenas intenciones hacia los migrantes, su sentido de justicia o de las presiones mexicanas, es ignorar la espiral de seguridad extrema en la que el mandatario se ha lanzado y no ver cuál es la lógica en la que actualmente se desenvuelven las decisiones en Estados Unidos.

El otro componente que no explica la propuesta de Bush, pero sí el tiempo en que ocurre, es el proceso electoral que Estados Unidos vivirá este año. Con su propuesta, el mandatario estadunidense busca atraer votos de la llamada comunidad hispana, restándoselos así, en virtud del bipartidismo, al Partido Demócrata.

Por las razones enunciadas el presidente Bush fue sumamente cauteloso en darle un poco a cada quien y en no usar, ni en diciembre del año pasado ni ahora, la palabra amnistía, porque sabe muy bien que hay dos palabras que en el tema migratorio no se pueden usar, ya que al emplearlas la iniciativa se muere: "amnistía" y "bracero".

En esta lógica la propuesta de Bush no se inserta en el camino de un "acuerdo migratorio". Se trata de una iniciativa unilateral (como casi todo lo que ha emprendido su gobierno) que corresponde a sus intereses y a su calendario político, no hay nada que permita llamarlo acuerdo ni negociaciones, ni compromisos de ambas partes, ni obligaciones o derechos, ni mecanismos de seguimiento, ni de solución de eventuales controversias, nada.

Dicho lo anterior, suponiendo que la propuesta sea retomada por el Congreso, debemos aceptar que se abre una oportunidad con aspectos potencialmente positivos, pero también negativos. Así son las cosas, aunque quisiera equivocarme, tampoco veo muchas alternativas. O jugamos ese juego o seguimos permitiendo que cientos de migrantes mueran en su intento por cruzar a Estados Unidos y que cientos de miles sean objetos de abuso. México debe asumir la tarea, si realmente quiere beneficiar a los migrantes y sus familias, de diseñar y aplicar estrategias que incrementen lo positivo y disminuyan o eliminen lo negativo. Creo que no debemos perder más tiempo en discutir agendas e intereses más que dudosos; si la propuesta es buena, festejarla mecánicamente, o si es mala descalificarla, o bien si ésta esconde algún fin perverso.

Personalmente veo dos caminos. El primero es hacer que la propuesta sea aprobada. Para ello deberemos convencer a los congresistas estadunidenses de las bondades de la propuesta, no en función solamente de nuestros intereses o principios, sino de los de ellos. Esta responsabilidad no sólo es del gobierno, sino de otros muchos actores, como el Congreso mexicano, los gobernadores, la sociedad civil organizada en torno al tema, la academia, etcétera, los cuales pueden jugar un papel importante, quizá aún mayor que el propio gobierno, siempre y cuando el mensaje que enviemos sea congruente y no cada quien por su lado, cuidando de sus propios intereses de corto plazo. Debemos acercarnos a los organismos que representan a los migrantes para actuar coordinadamente.

El segundo camino tiene que ver con el orden que debemos poner "en casa", para aprovechar de manera coordinada las ventajas de la propuesta. Me pregunto, por ejemplo, cómo deberíamos organizarnos para que aquellos sectores y regiones de Estados Unidos que requieren de mano de obra se encuentren con las regiones en México con exceso de mano de obra o bien cómo garantizaremos que las prestaciones laborales les serán acordadas a los migrantes, etcétera.

Hay acciones que México debe realizar y pronto. Urge un acuerdo interno con respecto a esas estrategias, y la verdad últimamente no nos hemos caracterizado por llegar a acuerdos sobre los problemas nacionales. Ojalá en esta ocasión no se sobrepongan intereses particulares o de grupos.

* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte