Miguel Concha

Revisión de pasajeros y equipaje

La revisión de pasajeros y equipaje en distintos aeropuertos de la República, con el objetivo primordial de cumplir los deseos del gobierno de Estados Unidos y la seguridad de aquel país, han causado molestia, indignación, preocupación e incertidumbre en vastos sectores de la población. Molestia, por las alteraciones a que se han visto sujetos algunos compatriotas que tenían que regresar a sus lugares de trabajo o estudio; indignación, porque muchos de ellos han sido objeto de discriminaciones, vejaciones y otros abusos de autoridad; preocupación, por la forma poco clara, encubierta o clandestina con que han venido actuando, directa o indirectamente, agentes del gobierno del vecino país del norte, e incertidumbre, por la falta de información oportuna, congruente y, en todos los casos, verificable de nuestras autoridades.

La preocupación y el malestar son expresión de lo que muchos mexicanos, que no tenemos como patria el poder y el dinero, no deseamos: una nación sojuzgada, una sociedad indigna y un gobierno autoritario. Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 nadie puede negar que la amenaza del terrorismo es real, y que este actor o su sombra son factor importante en el escenario internacional. En este contexto es lógico que México coopere con las demás naciones, en particular con Estados Unidos, en los temas de seguridad. Sin embargo, hemos de ser muy cuidadosos, pues la sicosis y manipulación política que la administración Bush se ha encargado de expandir ha derivado en una serie de medidas que, con firmeza, pueden definirse como contrarias a la autonomía, la libertad y la democracia.

Aparte de la correcta o incorrecta gestación interna del llamado Acuerdo de Fronteras Inteligentes, que el secretario de Gobernación firmó en 2002, resultan inadmisibles los excesos en que se ha convertido su aplicación: "inspecciones corporales", discriminaciones por el aspecto social, tener que comerse un queso que se lleva a los familiares, rociarse con el propio perfume o desodorante, abandonar los chocolates que se llevan para el viaje, poner de pie a una señora que va en silla de ruedas o verse obligado a consumir el tequila que se transporta en dirección opuesta. México ha participado en diversos foros, continentales y mundiales, defendiendo la postura del respeto y promoción de los derechos humanos, en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Ha alzado la voz para expresar su descontento ante las arbitrariedades que Estados Unidos ha cometido en su caza de terroristas. ƑPor qué ahora permite que estas acciones se desarrollen en su propio territorio? El gobierno actual debe hacer congruente su política exterior con sus políticas internas, en la que los derechos humanos fueron propuestos como eje fundamental. De nada sirve sólo el discurso. El propio Presidente promovió en lo interno el acceso y transparencia a la información pública, como derecho de la ciudadanía y elemento importante del proceso de democratización. ƑPor qué una vez más vuelve a la discrecionalidad, a la falta de reglas claras y explicaciones confiables a la población?

No nos oponemos a la creación de un sistema de seguridad que proteja a los mexicanos y a todos los seres de la Tierra, sino a la manera en que se conciba y a la forma como se aplique. La seguridad es el primero de nuestros derechos individuales y colectivos, y tenemos que participar en ello. El Estado tiene el deber de combatir el terrorismo en todas sus formas, pero sin dejar de respetar y proteger los derechos humanos de toda la población. México ha firmado instrumentos internacionales en ese sentido, y a ello obliga nuestra Constitución. La población tiene todo el derecho a saber quiénes son las autoridades que intervienen en las revisiones en nuestros aeropuertos, cuáles son las facultades que les competen y con base en qué marco jurídico actúan.

Ciertos derechos y libertades fundamentales, como la igualdad, el acceso a la información pública o la libertad de tránsito, juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia y en la garantía cotidiana de los derechos humanos. Aun cuando se comprenda la urgencia de prevenir actos terroristas, particularmente si ello descansa sobre la base de información -y sólo de información confiable, cualquiera que sea su fuente-, el respeto a la dignidad e integridad personal no puede ser subordinado a otros intereses, políticas o prácticas. Dentro de la ley ha de encontrarse el justo medio entre la responsabilidad del Estado de proteger a las personas en su jurisdicción, en el ejercicio de su soberanía, y el respeto cabal a los derechos humanos como forma de garantizar la seguridad en su sentido más amplio