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Antonio Medina y Alejandro Brito
A pesar del compromiso público de la bancada
perredista en la Asamblea Legislativa del DF, de aprobar la Ley de Sociedades
de Convivencia (LSC) --la cual reconoce derechos mínimos de tutela,
sucesión, alimentación y arrendamiento a compañeros
permanentes, parientes lejanos o parejas de distinto o del mismo sexo--,
su coordinador, René Bejarano, recurrió a toda serie de argucias
y maniobras para impedirlo. Obedeciendo órdenes del jefe de gobierno
capitalino, Andrés Manuel López Obrador, de pararla para
someterla a consulta pública, Bejarano detuvo el proceso de dictamen
de la iniciativa que ya se encontraba avanzado, lo que generó protestas
y divisiones en el interior de su fracción parlamentaria.
Aprobada en lo general, las comisiones unidas encargadas
de analizar y discutir la iniciativa acordaron a principios de diciembre
establecer una "ruta crítica" que permitiera la inclusión
de observaciones de los distintos partidos representados en la ALDF, el
análisis de propuestas de los diversos sectores sociales y las que
enviara el jefe de gobierno, antes de su aprobación en lo particular.
No obstante, René Bejarano maniobró una y otra vez para alargar
y posponer el dictamen de la iniciativa en lo particular hasta lograr frenarlo.
El líder perredista apoyó primero la argucia
de López Obrador de llamar a referéndum o plebiscito antes
de aprobar la iniciativa. Y ante las críticas y el rechazo generado
por la improcedencia jurídica y monetaria de esta propuesta, Bejarano
no dudó en crear una falsa polémica sobre la posibilidad
de adopción de menores por parte de parejas gay que supuestamente
abría el artículo sexto de la citada ley, en el que se plantea
que "para efecto de las demás leyes, la sociedad de convivencia
se regirá en los mismos términos que el concubinato", lo
que, según él, daba pie "para que las parejas conformadas
por personas del mismo sexo puedan adoptar menores de edad". Por supuesto,
Bejarano estaba al tanto de la falsedad de ese argumento, ya que el propósito
de equiparar a la sociedad de convivencia con el concubinato es el de abrir
la posibilidad de acceso a la seguridad social a los y las convivientes
que no contaran con él. Además, las leyes sobre la adopción
de menores son muy claras y los procedimientos muy estrictos, y no excluyen
la posibilidad de adopción por parte de personas solteras. Sin embargo,
esta nueva maniobra le sirvió a Bejarano para ganar tiempo. En sus
propósitos, el líder perredista en la Asamblea Legislativa
no dudó incluso en involucrar a Carlos Monsiváis al anunciar
que el escritor le había enviado sus "observaciones" a la iniciativa,
para justificar la presentación de un "nuevo proyecto alterno de
ley" que incluía esas y otras supuestas observaciones hechas por
abogados y magistrados, lo que volvió a retrasar el dictamen de
la iniciativa original.
Respuestas a las maniobras
En una reunión con diputados y diputadas de la
Asamblea, Rodolfo Millán Dena, asesor jurídico de la iniciativa,
explicó que someter a "consulta popular" la aprobación o
no de la ley violaría la Constitución General de la República
en su artículo primero, referente al principio de la no discriminación,
y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos firmados por México.
El abogado explicó a los asambleístas y a sus asesores que
en Teoría del Estado hay dos limitantes respecto al plebiscito y
al referéndum: "No se puede acudir a estas figuras cuando se trata
de impuestos o de derechos fundamentales". Estos últimos, dijo,
"no están a discusión de nadie, pues han sido producto de
una lucha que ha peleado la humanidad desde hace cinco siglos precisamente
en contra del autoritarismo y el poder".
Por su parte, en cartas enviadas a diversos medios, el
escritor Carlos Monsiváis desmiente que haya hecho "observaciones"
a la ley, como afirmó Bejarano, y da su apoyo a la iniciativa original:
"La iniciativa es justa, y así se ha reconocido ya en la Asamblea
Legislativa. No tiene ningún sentido una consulta telefónica,
como propuso el jefe de Gobierno ni proceden las mesas de consulta. Procede,
desde una perspectiva civilizada, votar a favor de la iniciativa (...)
porque el verdadero costo político de no hacerlo es negar la secularización
a favor de la mentirosa y no muy convincente autarquía confesional"
(Carta a La Jornada, diciembre 30 de 2003).
Bajo las consignas: "Aquí no se honra a Juárez,
se obedece al clero"; "PRD traidor, López Obrador conservador" y
"Peje, mocho, no eres estadista", representantes de más de 350 organizaciones
civiles que apoyan la ley se manifestaron el 29 de diciembre frente a la
ALDF para protestar por la decisión de posponer la discusión
de la ley hasta un nuevo periodo de sesiones. Ahí, Enoé Uranga,
ex diputada local y principal impulsora de la ley, acusó al PRD
y a AMLO de vetar la iniciativa a cambio de un "acuerdo electoral con el
clero católico", lo que hace que estén siendo incongruentes
con los principios partidistas de izquierda que dicen representar. Con
dicha acción, subrayó, "el PRD está llevando a cabo
las mismas prácticas que el PRI, donde el poder ejecutivo dictaba
y el legislativo votaba a favor".
Peje por liebre
Finalmente, y en lugar de la Ley de Sociedades de Convivencia,
el PRD presentó en la sesión del 30 de diciembre una iniciativa
de ley contra la discriminación. En un comunicado, la Red Ciudadana
por las Sociedades de Convivencia plantea que ese apresurado pretexto maquinado
por Bejarano tiene como objetivo "levantar una cortina de humo que trata
de diluir su responsabilidad en este complot al presentar una presunta
ley antidiscriminatoria improvisada y hecha al vapor, absolutamente irrelevante
y redundante con medidas legales ya vigentes, locales y federales". Y anunció
su determinación de realizar futuras acciones para defender su propuesta
ciudadana. |