Editorial
Finalmente, el PRD falló a su promesa de
aprobar la Ley de Sociedad de Convivencia en la Asamblea Legislativa del
DF. A falta de verdaderos argumentos, el coordinador de la fracción
mayoritaria de ese recinto legislativo, René Bejarano, recurrió
a múltiples argucias para detenerla. Una de ellas, la más
vil, fue hacerse eco del infundio de Provida de que esa ley abriría
la posibilidad de la adopción de menores por parte de parejas gay.
Las organizaciones civiles agrupadas en la Red Ciudadana por la Sociedad
de Convivencia desmintieron puntualmente esa y otras tantas falacias por
el estilo, con lo que develaron que las verdaderas razones de Bejarano
para oponerse no eran jurídicas sino políticas: cuidar la
relación del gobierno de López Obrador con la iglesia católica,
en particular con el arzobispo Rivera Carrera, con vistas a las elecciones
del 2006. Estas razones trascendieron a la prensa, se filtraron de las
mismas reuniones cerradas de la fracción perredista, donde Bejarano
advirtió de lo anterior a sus correligionarios.
Por ello, es de lamentar que en esta contienda la única
ganadora haya sido precisamente la jerarquía católica, cuya
influencia política se extiende ahora dentro de las filas de la
izquierda. Por el lado de los perdedores no sólo debemos apuntar
a las múltiples organizaciones civiles que la apoyaron y al propio
PRD, sino también, y esto es lo más grave, a la condición
laica de los poderes públicos. Tanto el poder ejecutivo como el
legislativo en el DF sucumbieron al veto eclesiástico.
Resulta paradójico que en nuestra recién
estrenada democracia y en una sociedad de larga tradición laica,
sea la jerarquía de la iglesia católica la gran cortejada
por las diversas fuerzas políticas, de izquierda y de derecha, en
su lucha por el poder. Lo que significa un mal augurio para el reconocimiento
de los derechos sexuales y reproductivos.