Lo indica información que ha cruzado el Cisen con reportes estadunidenses, dice

Son reales las amenazas y riesgos de actos terroristas, afirma Salinas Torre

ALONSO URRUTIA Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

Las amenazas y riesgos de actos terroristas "son reales", de acuerdo con la información que ha cruzado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) con los reportes de Estados Unidos, informó ayer el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, al justificar nuevamente las medidas de seguridad que se han instrumentado en el aeropuerto capitalino y la presencia de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Señaló que el aumento en las revisiones efectuadas en los vuelos que van a Estados Unidos no son simples "ocurrencias", sino parten de reportes que alertan sobre un incremento en los niveles de riesgo, "por encima de los demás". Las decisiones, insistió, no son tomadas por las autoridades a sugerencia de un agente estadunidense, se hacen porque se requiere adoptar medidas adicionales y revisar más cuidadosamente a los pasajeros.

En diversas entrevistas radiofónicas, Salinas Torre aseguró que el esquema de cooperación que mantiene México con Estados Unidos forma parte del cambio: "sí hay una vinculación exponencial de flujo de información, sí colabora la Policía Federal Preventiva y el Cisen con la FBI y la CIA; esto es parte de la apertura, lo malo es que antes se hacía y no se decía".

La negativa gubernamental a asumir que la presencia de la FBI es ilegal se fundamenta en el acuerdo del 3 de julio de 1992 de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General de la República, que regula la presencia de agentes extranjeros con rangos de policía. En dicho acuerdo se prevé la posibilidad de admitir personal de estas características para combatir el crimen internacional, señaladamente el tráfico de armas, el narcotráfico y el terrorismo.

En dicho acuerdo, firmado por los entonces secretarios Fernando Gutiérrez Barrios, Fernando Solana y el procurador Ignacio Morales Lechuga, se estipula que los agentes no gozarán de inmunidad en caso de violación de leyes, y se reconoce que cualquier país podrá acreditar en México personal de este tipo y corresponderá a la cancillería autorizarlo.

Las referencias expresas al personal policiaco extranjero que se hacen en dicho acuerdo están ausentes en el Plan de Acción de la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos. Sólo el punto 9 hace alusión a las acciones que se aplican en la actualidad: "establecer un mecanismo de intercambio de información anticipada para vuelos entre México y Estados Unidos y otros que se consideren relevantes".

Es a partir de esta frase que la Secretaría de Gobernación justifica la presencia de los agentes de la FBI, información que salió a relucir días después de que éstos llegaran a México, así como los datos sobre la cancelación de unos vuelos y la devolución de otros que habían despegado o salieron con días de retraso.

Acerca de este tema y de la incorporación de agentes de la Policía Federal Preventiva en vuelos de aerolíneas mexicanas con destino a Estados Unidos, Salinas Torre confirmó que el gobierno estadunidense sufraga los gastos que esto implica: "van agentes mexicanos cuyos gastos corren por cuenta de la embajada de Estados Unidos, porque nomás faltaba que a propósito del miedo de los señores tuviéramos que gastar nosotros".

En tanto, mientras crece la polémica sobre los alcances de las medidas de seguridad en el aeropuerto, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, no ha interrumpido sus días de asueto tras el seguimiento que dio a los debates sobre el paquete financiero hacia finales de 2003. Tampoco ha aparecido públicamente el titular de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, aunque según esa dependencia ha estado en contacto continuo con el problema.