León Bendesky

Cuentas

Una vez hechas las cuentas del presupuesto federal de 2004, en el Congreso quedan pendientes muchas otras cuentas. Unas se refieren a los recursos con los que opera el gobierno, su monto y destino; otras tienen que ver con las políticas públicas, especialmente al entrar de lleno en la segunda mitad de esta administración y en un entorno político bastante deteriorado.

La Ley de Ingresos aprobada a finales de año no sólo quedó muy lejos de la propuesta del Presidente, sino que es prácticamente la misma que había antes. Esto fue motivo de grandes fricciones, poco alentadoras para el ánimo de la nación, por decir lo menos. Lo que sigue llamando la atención es que el quehacer dentro de la Cámara de Diputados, que exhibió gran desaseo en su funcionamiento, y la disputa de poder que presenciamos, se centraron en una serie de premisas con poco sustento.

Un aspecto tuvo que ver con la recaudación adicional que se pretendía hacer al modificar el impuesto al valor agregado, en las distintas modalidades que fueron presentándose en el debate. El principal argumento que esgrimieron los defensores de esa propuesta era que con aquélla se alteraría significativamente el estado de las finanzas públicas y se contaría con recursos para construir más hospitales, caminos y obras diversas. Este es, sin duda, un aspecto relevante de la política económica y fue defendida a capa y espada por el Presidente, por las fracciones parlamentarias del PAN en ambas Cámaras, y por la fracción, ahora conocida como elbista, de los diputados del PRI, y en ella de modo notorio por dos altos ex funcionarios de Hacienda en los gobiernos de Salinas y Zedillo.

El asunto es que dicho monto de recaudación adicional nunca fue manejado de manera expresa como referencia de la discusión legislativa, y base necesaria de los cálculos que elementalmente había que hacer para contar cuántos y qué tipo de hospitales, caminos y obras diversas se podían financiar.

Además, decir que esa sola medida impositiva (con todo y la parte que le corresponde en los mecanismos de control de la recaudación en la economía) cambiaría decisivamente la condición fiscal del Estado era, sin duda, una exageración técnica y políticamente insostenible. Entre tanto, y de modo notable, esos mismos funcionarios y legisladores no se olvidaron de dejar bien armado el paquete de recursos para seguir alimentando el rescate bancario mediante el Fobaproa y el IPAB, cuyos recursos representan más de 7 por ciento del producto que se genera en el país. Para lo anterior se contó de modo muy conveniente con la amnesia de los más prominentes senadores del PAN.

Mientras ese argumento de la recaudación adicional faltaba de modo claro en la práctica legislativa del Congreso, se puso de manifiesto el carácter verdadero de la disputa política que se ha abierto en el país, que ahora finalmente llegó al mismo PRI. Tres años después del triunfo electoral del PAN en la Presidencia fue el tricolor, y en su propia fractura, el que dirimió la disputa fiscal, dejando maltrecho al gobierno, que de manera inexplicable se alió abiertamente con la fracción elbista.

Hay, pues, dos aspectos de esta experiencia que conviene no perder de vista. Uno es de orden político y seguramente va a marcar la pauta de un entorno sucesorio -que se ha abierto de modo anticipado- en los dos años y medio que restan para las elecciones presidenciales de 2006. El otro es de carácter técnico y debe ser expuesto de manera tal que se aprecie que la ausencia de una base técnica suficiente para legislar tiende a exacerbar las tensiones políticas.

La legislación presupuestal requiere elementos técnicos capaces de sustentar en términos materiales las propuestas de política que guían las acciones del gobierno. Esa base técnica tiene que ser independiente de la Secretaría de Hacienda y estar disponible a todos los diputados y senadores con una solvencia profesional de primer nivel.

Para muchos mexicanos el resultado del debate presupuestal del pasado diciembre se expresará de modo efectivo en términos de la derrota de una propuesta que significaba una elevación de impuestos y una reducción de la capacidad de compra. En ese resultado pesó la acción del grupo priísta identificado como madracista y que tratará de sacar de todo esto el mayor provecho político (como empezó a hacerlo en el caso de las finanzas del Gobierno del Distrito Federal que se aprueban en la Cámara de Diputados).

Pero esta versión de lo ocurrido coexiste con el hecho de que sigue sin resolverse el grave problema de la fragilidad de las finanzas públicas. En este sentido el gobierno ha sido incapaz de alterar la situación. Sus propuestas son parciales y, por lo mismo, insuficientes, al tiempo que las acciones en el Congreso han quedado claras. Todo esto muestra la estrecha relación que hay entre la fiscalidad y la democracia, tema que deberá ocupar más de nuestra atención para salir cuando menos de una discusión que se está desgastando al mismo ritmo que la base económica y social del país.