Las tierras de los grupos expulsados son de interés para la explotación de la madera

Conflictos entre evangélicos y católicos esconden intereses agrarios en Chiapas

Ambos sectores se acusan además de traficar con indocumentados centroamericanos

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

Mitziton, Chis., 29 de diciembre. Desde hace dos décadas, los habitantes de esta comunidad tzotzil, católicos tradicionalistas y evangélicos, han utilizado la religión como pretexto para tratar de esconder intereses agrarios, así como tráfico de indocumentados y de madera, lo que ha provocado en la zona una marcada discordia y constante ambiente de tensión.

En nombre de sus creencias, los tradicionalistas han expulsado a decenas de protestantes, han quemado o destruido templos, destrozado cercas y prohibido cortar leña para uso doméstico, lo que ha propiciado enfrentamientos que han dejado lesionados de ambos bandos y encarcelamientos ilegales. Complica la situación que la entrega de recursos del Programa de Apoyo al Campo (Procampo) en la zona se realice de manera discrecional.

Al respecto, el subsecretario de Asuntos Religiosos estatal, José María Morales, señaló que los grupos en pugna han tomado a la religión "como pretexto" para enfrentarse, pues "cuando nos hemos sentado a platicar afloran cosas que tienen que ver con la cuestión agraria y reclamaciones mutuas de que, por ejemplo, el Procampo no se entrega a todos".

En similar tenor se expresó el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, quien consideró que "la razón fundamental del conflicto" en Mitzitón "no es la religión, pero ésta se utiliza o se mezcla con intereses políticos o económicos".

El pastor y dirigente evangélico Esdras Alonso González explicó que las agresiones contra protestantes comenzaron en 1982, cuando se expulsó violentamente de la comunidad a 50 familias, con el argumento de que por su credo religioso no podían vivir ahí, a pesar de que varias eran dueñas legales de sus tierras. "El objetivo de los caciques tradicionalistas era y es quedarse con las tierras de los 'hermanos', con sus derechos agrarios para trabajar las parcelas y explotar la madera", agregó.

Consideró que con las primeras expulsiones, los católicos "pensaron que habían cortado de raíz el problema, pero el evangelismo siguió creciendo, y en 1989 descubrieron y corrieron ilegalmente a otras 25 familias".

En 1999, cuando otros indígenas se habían convertido a la fe evangélica, entre ellos algunos ex dirigentes comunitarios con bastante influencia, los católicos intentaron desalojar a un tercer grupo, pero esta vez encontraron fuerte resistencia, que no lograron vencer al encarcelar a protestantes, destruirles el templo de madera donde realizaban sus ritos ni robarles sus pertenencias, añadió Alonso González.

Poco a poco lo que al principio aparentemente era un conflicto relacionado con religión e interés agrario tomó otros matices, pues se entremezcó el tráfico de migrantes centroamericanos, que realizaron miembros de ambos grupos, con la entrega selectiva de recursos de programas federales.

El pastor evangélico aseguró que sus feligreses "han sido acusados de traficar con indocumentados, cosa que es verdad, no es mentira, porque Mitzitón ha sido una base para los polleros, y en eso están involucrados también los tradicionalistas".

En agosto de 2001, los católicos detuvieron a Carmen Díaz López, Francisco Jiménez Vicente y Francisco Díaz López, tres de los principales líderes protestantes, cuando presuntamente trasladaban a 29 indocumentados guatemaltecos y salvadoreños.

El trío fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal Juan Antonio Estrada Quintero, quien poco después los liberó "por falta de pruebas", lo que provocó molestia entre los católicos, quienes aseguraron que los presuntos polleros pagaron al funcionario 95 mil pesos por dejarlos en libertad.

De acuerdo con los protestantes acusados, quienes trafican con migrantes son los tradicionalistas, "pero la policía los protege; sabemos que cargaban o cargan tráileres con papas en la parte de arriba, pero abajo colocan a los indocumentados; eso lo comprobamos en 2000, pero lo siguen haciendo".

Alonso González comentó que 21 líderes tradicionalistas tienen en su contra órdenes de aprehensión desde hace varios años, lo mismo que al menos cinco protestantes, y contra miembros de ambas facciones se han iniciado 19 averiguaciones previas, casi todas sin consignar.

Comentó que "no pocas veces se han escuchado disparos de arma de fuego de grueso calibre en la comunidad", cercana a las instalaciones de la 31 Zona Militar, con sede en Rancho Nuevo, pero hasta ahora ninguna arma ha sido decomisada.

Aunque las denuncias han sido constantes, fue el pasado 30 de noviembre cuando la policía detuvo a Mariano Heredia Jiménez, uno de los católicos más influyentes de Mitzitón, presuntamente porque un sobrino suyo transportaba en un vehículo de su propiedad a varios indocumentados centroamericanos. Igualmente se le imputó quemar un templo evangélico en 1999, así como robo con violencia y daños.

La tensión es constante en la comunidad por la confrontación entre ambos grupos, disfrazada siempre por el tema religioso.

A tal grado es el encono, que hace un año se instaló en la comunidad un destacamento de la policía estatal para prevenir la violencia entre las casi 250 familias católicas y 70 protestantes del lugar.

El dirigente evangélico Carmen Díaz señaló que, además de transportar indocumentados, los "caciques católicos explotan ilegalmente la madera del ejido. A nosotros no nos dejan ni siquiera cortar leña o sacar carbón para nuestro uso doméstico".

En este contexto, Esdras Alonso manifestó que "hay gente externa que trafica con madera en Mitzitón, protegida por los católicos. Qué incongruencia, muchas veces meten a la cárcel a los que cargan carbón, pero no les hacen nada a los traficantes que se enriquecen con la madera".

Otro punto de interés común es la disputa por la tierra. Los protestantes aseguraron que con las expulsiones se pretendió despojarlos de parcelas, en un poblado donde la mayoría de los habitantes carecen de derechos agrarios. "Ahora viven muchas personas que no son de la comunidad, los católicos les han dado tierra para incrementar su grupo", indicó Carmen Díaz.

La disputa en este rubro ha provocado que en los meses recientes la Procuraduría Agraria (PA) haya intentado actualizar el censo de ejidatarios, con el fin de desactivar conflictos en lo que a este tema se refiere, ya que uno de los argumentos de los tradicionalistas para exigir el destierro de sus contrarios es precisamente que no tienen certificados que los acrediten como dueños de tierras.

"De fondo es un problema agrario, no es religioso, ya quedó claro. Lo que hay es una serie de irregularidades agrarias. Hay un censo antiguo de 76 personas, que son las únicas que tienen derechos agrarios, de los cuales por lo menos 33 son evangélicos, pero el ejido ha crecido tanto y de forma tan desordenada que ahora ya viven más de 300 padres de familia, mucho más de lo que los certificados agrarios determinan", afirmó el pastor Esdras.

El presidente del Consejo de Vigilancia de Mitzitón, Sebastián Jiménez González, aseguró que los católicos no pretenden apoderarse de terrenos y madera de sus vecinos evangélicos, quienes a su ver "sólo vienen a causar problemas y divisiones, no pagan las cooperaciones, se niegan a recibir cargos religiosos, no hacen trabajos comunitarios, nos provocan con música religiosa a todo volumen y nos amenazan con que nos van a matar. Tienen armas y causan muchos problemas a la comunidad porque trafican con indocumentados. Lo que vemos es que quieren acabar con nuestras culturas".

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, dijo que en Mitzitón "la razón fundamental del conflicto no es la religión, pero ésta se utiliza o se mezcla con intereses políticos o económicos de ciertas personas o grupos. Eso no es solamente de ahora ni de Mitzitón, ha sucedido en muchas partes".

Agregó: "tan no es religioso el conflicto, que los dirigentes católicos son reacios a la entrada de sacerdotes de San Cristóbal".

Añadió que muchas veces "las leyes civiles o divinas como que no cuentan en algunos grupos; cuenta más su propio interés, y entonces a nadie nos hacen caso. Pero todos tenemos que unirnos, autoridades civiles y religiosas, para poder ayudar a desactivar los conflictos".