Necesario, que la maestra declare dentro del proceso abierto por el asesinato de mentores

Solicitan ayuda al IFE para ubicar a Gordillo y que comparezca ante juez

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La diputada federal Elba Esther Gordillo Morales no ha respondido a un ordenamiento judicial emitido por el juzgado quinto B de amparo en materia penal, como parte del juicio 1576/2003 que solicitó el profesor Teodoro Palomino Gutiérrez, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) determinó no ejercer acción penal contra la priísta y archivar la averiguación previa que el Ministerio Público Federal integró para investigar a la legisladora por su presunta responsabilidad en los asesinatos de más de 100 profesores ocurridos durante los años 80, entre ellos el del maestro mexiquense Misael Núñez Acosta.

El juez Jacinto Figueroa emplazó en días pasados a Gordillo Morales para que presentara un escrito en el cual manifieste lo que a su derecho corresponda como "tercera perjudicada" en dicha demanda de amparo, pero hasta el momento la maestra no ha respondido el exhorto.

Por tal motivo, el impartidor de justicia solicitó el apoyo del Instituto Federal Electoral y de la Secretaría de Gobernación para ubicar el domicilio actual de la diputada priísta, con el objetivo de que pueda recibir personalmente la notificación emitida por el titular del juzgado quinto de amparo.

Debido a que la tercera perjudicada (Gordillo Morales) aún no ha presentado su declaración respecto al asunto, el juicio de amparo 1576/2003 aún se mantiene en la etapa de análisis y no ha podido pasar a sentencia, a pesar de que entre el 15 y 17 de diciembre pasados fueron desahogados los alegatos que presentó el demandante.

Palomino Gutiérrez solicitó la protección de la justicia federal con la finalidad de que la PGR reabra las investigaciones contra la legisladora por la desaparición y asesinato de varios mentores, asunto en el cual también está implicado el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Carlos Jonguitud Barrios.

Según consta en los alegatos presentados por el quejoso en su demanda de amparo, el Ministerio Público habría violado sus garantías constitucionales porque al exonerar a Gordillo Morales le restringió su derecho de "acceder a la justicia".

El profesor Palomino Gutiérrez, quien fue compañero del extinto Misael Núñez Acosta, basó sus argumentos en un estudio del caso que realizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el apoyo de abogados penalistas, y en el cual se detectó que el Ministerio Público no agotó todas las diligencias correspondientes a la denuncias que varios maestros presentaron en 2002.

Además se manifestó que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado se declaró incompetente sin la autorización de su titular, Ignacio Carrillo Prieto. También se detectó que no fueron citados a declarar dos de los acusados: se trata de Ramón Martín, secretario general del SNTE en 1981 (cuando fue asesinado Misael), y Leonardo González Valera, líder en ese año de la sección 36 del sindicato en el estado de México.

Como se recordará, el agente del Ministerio Público Federal, Jaime Rafael Alcántara García, informó en julio pasado que según consta en el oficio 1198/2003, "fue autorizada en definitiva la consulta de no ejercicio de acción penal (contra Gordillo Morales) dentro de la averiguación previa 40/DAF/2003".