Denuncian incumplimiento oficial del acuerdo agrario

Amenaza el CAP con reactivar movilizaciones

MATILDE PEREZ U.

De los 2 mil 800 millones de pesos que el gobierno se comprometió a ejercer en las acciones urgentes del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), que forman parte de los 282 compromisos signados el pasado abril, únicamente aplicó 680 millones de pesos. No es sólo asunto de recursos económicos, sino de cambios en reglas de operación y de políticas para el agro, en lo cual el gobierno ha incumplido, dijo el coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Durán Vera.

Inconforme por la tardanza gubernamental, el representante de las 13 organizaciones que integran el organismo campesino subrayó que el menosprecio gubernamental más reciente se dio hace 12 días. "El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, se comprometió con el CAP a reformular conjuntamente la propuesta de presupuesto para el campo, sin embargo nos dejó solos; acudimos con los presidentes de ocho comisiones de la Cámara de Diputados para sensibilizarlos de la urgencia de incrementar el gasto federal destinado al agro".

Esa actitud muestra la cara del gobierno a ocho meses de la firma del ANC, producto de un diálogo con cuatro meses de altibajos, y que fue considerado por el presidente Fox como gran logro porque "consolidaría el proyecto de nación al que aspiramos los mexicanos". Entre las promesas incumplidas está la presentación del estudio de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el agro, abundó.

"Los titulares de las secretarías de Economía y Agricultura se habían comprometido a entregar el estudio antes de fin de año y ahora afirman que lo harán en enero. Esto debe tener una respuesta política inmediata; por eso el CAP insistió en la reunión con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y espera que la respuesta sea en los primeros días de enero", dijo Durán Vera.

La revisión del TLCAN fue uno de los puntos más polémicos desde las primeras pláticas que se transformaron en las mesas del Diálogo por una Política de Estado para el Campo. Cada organización, inclusive la Confederación Nacional Campesina, siguen insistiendo en la presentación de ese estudio y esperan que refleje la situación de pobreza extrema que padecen 25 millones de campesinos.

Antes y de dichas mesas y durante ellas, los líderes campesinos utilizaron diversos tonos para convencer y hasta provocar la respuesta presidencial en torno a su demanda; incluso el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Alvaro López Ríos, acusó al presidente Fox de asumir "una posición escapista para no enfrentar los problemas del campo mexicano; busca una solución teórica a futuro, quiere vendernos ilusiones",

Rafael Galindo, de la Central Campesina Independiente, apuntó que los campesinos "estamos peor que antes de la firma de ese tratado, es urgente el reajuste del TLCAN, ya que es un instrumento que está perjudicando a la cuarta parte de la población del país".

Poco después del 28 de abril, cuando se signó el ANC, las organizaciones campesinas firmantes iniciaron la revisión de las reglas de operación de los programas para el campo, con la intención de que la mayoría acceda a los recursos. Ayer, el coordinador del CAP expuso que el esfuerzo fue infructuoso, pues la entrega de los recursos a los gobernadores para que ellos decidan "con absoluta libertad cómo y cuándo aplicarlos" ha dejado a miles de agricultores al margen de los beneficios -aunque mínimos- de los programas. Como ejemplo señaló los casos de los gobernadores de Yucatán, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Puebla y Chihuahua, "donde la demanda campesina sigue sin atenderse porque no se han ejercido los recursos".

Respecto a los cambios legislativos, comentó que sólo se logró la ley de energía para el campo; siguen pendientes los reglamentos para la Ley de Desarrollo Rural, crear el consejo de judicatura en el Tribunal Superior Agrario; la autonomía de la Procuraduría Agraria, la reforma a la Ley Agraria.

Explicó que los programas de acción inmediata fueron vivienda rural, apoyo a adultos mayores, conciliación agraria y empleo temporal (PET), sin embargo en ellos también hay atrasos. De los 500 millones de pesos para el programa de adultos mayores únicamente se ejerció 60 por ciento; de los 260 millones para vivienda rural se desconoce cuántas acciones han ejercido cada una de las organizaciones, y en conciliación agraria "hay avances, pero son insuficientes".

Respecto a los 150 millones de pesos para el PET, los 650 millones para Procampo y 140 millones en apoyo a la organización comercial a cargo de la Sagarpa, Durán asentó: "el secretario Usabiaga no aplicó esos recursos. No hubo movimiento".

Indignados por ese balance desfavorable, miembros del CAP han aludido a la posibilidad de reiniciar movilizaciones estatales y en la ciudad de México en 2004; incluso quemar el Acuerdo Nacional para el Campo, en señal de ruptura del diálogo con el gobierno. Advirtieron: "no aticen la ira social ni exacerben los ánimos campesinos".