Un subsecretario, un elbista y un panista alteraron dictamen con proyecto de presupuesto

Estratagema de Hacienda genera crisis y receso en San Lázaro

A espaldas del Legislativo, los operadores del ardid excluyeron acuerdos pactados entre bancadas
SHCP, inmoral: compró votos a cambio de carreteras y luego incumplió, señala Ramírez Cuéllar

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

En estratagema conjunta, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Hurtado; el diputado elbista Baltasar Hinojosa y el panista Juan Molinar Horcasitas modificaron por encima de la Comisión de Presupuesto el dictamen con proyecto de presupuesto para 2004, hecho que propició otro receso del pleno camaral -que fue citado para hoy a las 10 de la mañana- ante el reclamo de las bancadas de PRI, PRD y PT, que descubrieron el ardid.

El riesgo de haber discutido el texto alterado, reveló el priísta Carlos Jiménez Macías, es que el dictamen podría ser desconocido por la mayoría, lo que habría obligado a la Comisión de Presupuesto a "empezar de cero y elaborar otro".

La maniobra de esos tres personajes generó una crisis política en San Lázaro, porque modificaron a su arbitrio las cifras negociadas previamente entre las bancadas. Lo hicieron, además, sin el conocimiento de los coordinadores y del resto de los legisladores, quienes repudiaron la intervención de Hurtado en las tareas legislativas, el cual ofreció más recursos a cambio del respaldo para el documento. Sin embargo, los priístas reclamaron por la tarde a su coordinador, Emilio Chuayffet, que esos acuerdos no se habían cumplido, porque un importante número de proyectos de construcción -que exigieron sus gobernadores- no se incluyeron en el documento. Se dijeron, entonces, traicionados.

El presidente de la comisión, Francisco Rojas Gutiérrez, dijo desconocer los señalamientos contra él, Molinar, Hinojosa y Hurtado: "No puedo dar una versión de algo que desconozco. Cómo desmiento algo de lo que no tengo ni idea y de lo que no soy culpable".

-Se le acusa de participar en la modificación de las cifras, por ejemplo en el caso de las carreteras.

-Hay algunos errores, no en los montos totales, sino en las distribuciones. Son errores que suelen suceder, ¡y punto! Esto no modifica los números, son las distribuciones. Haga de cuenta que usted distribuye 200 carreteras y a lo mejor cinco están mal, y eso no quiere decir que alguien las haya manipulado. Que dijéramos "desaparecieron miles de millones", pues no. Son errores en la distribución, que se corrigen y ya. ¡Tan sencillo como eso, y es lo que estamos haciendo!

No obstante, el perredista Alfonso Ramírez Cuéllar describió la crisis y a los operadores de ésta como "verdaderos traficantes de los recursos públicos. Actúan como si el erario fuera propiedad de camarillas que lo pueden manejar a su antojo. Se traicionan entre ellos, y han puesto en una situación vergonzosa al Legislativo y la Cámara. Hacienda actuó con total inmoralidad: compró votos a cambio de carreteras, escuelas y hospitales, y luego no cumplió. Confiaron en la palabra y resultó que se traicionaron. Actuaron como mafia".

Durante 14 horas, desde las 3 de la tarde del domingo la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto había negociado la redistribución del gasto programable, obteniendo un total de 27 mil 200 millones de pesos que, sumados a los 13 mil millones de pesos adicionales que se captarán por la Ley de Ingresos, representan el total de reasignaciones a programas sociales y de infraestructura.

En ese lapso, a espaldas de los diputados, el subsecretario Carlos Hurtado dirigió una estrategia para modificar el documento, utilizando al tamaulipeco Baltasar Hinojosa, quien en una oficina anexa a la de Rojas Gutiérrez se apropió de la computadora para modificar las cifras acordadas antes por la mesa directiva.

Ayer a las 18:15 horas se evidenció la maniobra, cuando a la par de que Rojas Gutiérrez informaba de los montos de distribución negociados por el pleno de la Comisión de Presupuesto, el petista Gonzalo Yáñez y los perredistas Víctor Suárez y Clara Brugada denunciaron que la presidencia de ese órgano legislativo había omitido deliberadamente entregar los anexos del dictamen, que contenían el desglose de los programas y proyectos, así como sus montos de asignación presupuestal.

"¡No, no, no! ¡Esto no es posible! Nos abstuvimos, no vamos a avalar un documento en esos términos", dijo Brugada al salir de la oficina de Francisco Rojas.

Además de la oficina en que trabajó Hinojosa, funcionarios de Hacienda se encerraron en un búnker instalado en la planta baja del edificio E de la Cámara de Diputados, en el cual tenían impresora, computadoras portátiles, teléfonos con línea directa y una fotocopiadora. Los empleados de la dependencia también intervinieron en la modificación arbitraria del texto.

Durante la sesión de la madrugada del lunes, Víctor Suárez exigió a la presidencia de la comisión que se entregara el paquete completo del dictamen. En ese momento se dio una alianza entre los diputados leales a Elba Esther Gordillo y los panistas, y fue Tomás Ruiz -aspirante priísta a la candidatura al gobierno de Veracruz- quien pidió la palabra para demandar que se votara el decreto cuanto antes. En respuesta, Brugada y Minerva Hernández advirtieron que eso era ilegal, porque ellos no conocían el anexo numeral.

Döring y Molinar secundaron a Ruiz, que fue respaldado por el hijo del líder de la CNC, Heladio Ramírez, Luis Antonio Ramírez Pineda, para que de una vez fuera votado el dictamen, hecho que constituía una evidente violación a la norma legislativa, como comentó Gonzalo Yáñez.

Así fue. Por mayoría, se aprobó el documento con las firmas de los panistas Gustavo Madero, Rubén Mendoza, Juan Molinar, José Guadalupe Osuna, Manuel Enrique Ovalle, Gabriela Ruiz, Francisco Xavier Salazar, Javier Castelo y Federico Döring; los priístas elbistas Francisco Rojas, Antonio Astiazarán, Baltasar Hinojosa, José Angel Ibáñez (tesorero del SNTE), Oscar Pimentel, Luis Antonio Ramírez y Tomás Ruiz, y Luis Maldonado, de Convergencia. En contra se manifestaron los perredistas Brugada, Angélica Díaz del Campo, Minerva Hernández y Guillermo Huízar; el petista Gonzalo Yáñez; y los priístas Angel Buendía, Raúl José Mejía y Arturo Osornio.

El caso es que, además de ese albazo, el dictamen contiene otras dos irregularidades: el priísta Carlos Flores Rico fue incluido como "invitado" a firmar, aun cuando no pertenece a la comisión, e incluso Jorge Ruiz, secretario técnico de esa instancia, que no es diputado, figuró en la lista de firmas como militante del PRI.

Pese a esas evidencias, al finalizar la reunión el panista José Guadalupe Osuna replicó enojado a Gisela Ramírez, reportera de Radio Red, quien en esos momentos transmitía su reporte en vivo, que no se había dado un mayoriteo para aprobar el dictamen entre PRI y PAN: "¡Yo sí vi a los dos secretarios del PRD, Minerva Hernández y Guillermo Huízar, cuando votaron en favor del documento!"

No obstante el reclamo en torno a los anexos, éstos no aparecieron en San Lázaro hasta las 17 horas, cuando se reanudó la sesión en el salón de plenos, y entonces priístas, perredistas y petistas descubrieron que las cifras aprobadas por ellos en la Comisión de Presupuesto no correspondían al contenido del documento que se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

También a esa hora la mayoría priísta y las bancadas de PT y PRD se enteraron de que Hurtado e Hinojosa "habían metido mano" al numeral del dictamen. El coordinador del sol azteca, Pablo Gómez Alvarez, acusó al subsecretario de Hacienda de haberse convertido "en diputado de facto, a quien el PAN metió a elaborar el dictamen, y los elbistas lo han aceptado".

En ese tono, Gonzalo Yáñez cuestionó el papel del funcionario y de Hinojosa: "El subsecretario ha dado un trato vergonzante al diputado Baltasar, quien le ha servido de escribano, que sólo mueve la pluma mientras le dictan las cifras". Los diputados del PT se encontraron con otra sorpresa: la comisión aprobó que el Instituto Politécnico Nacional -gracias al cabildeo de José Manuel del Río Virgen- recibiera 350 millones de pesos, y de pronto esa cifra se redujo a 200 millones.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Miguel Alonso Raya, endureció el tono y calificó a Carlos Hurtado, a Juan Molinar y a Baltasar Hinojosa de "manipuladores" de las decisiones asumidas en la Cámara de Diputados. "Su maniobra se refleja hasta en el contenido del dictamen, porque recarga a los gobiernos de los estados la responsabilidad de asumir el costo de los desastres naturales. Con todo esto, Emilio Chuayffet está apanicado, no sabe qué hacer, porque todavía no logra sentarse en la silla de la coordinación del PRI."

Los priístas se encontraron -mientras Rojas leía el dictamen en la tribuna- con que algunos de los proyectos que habían propuesto para construcción de carreteras no fueron incluidos en el documento. Se acercaron a su coordinador Chuayffet para hacerle reclamos, y él de inmediato pidió a Juan de Dios Castro que decretara otro receso, quien al aceptar la solicitud y convocar para las 19:30 horas no ofreció explicación al pleno.

El presidente de la mesa se retiraba, pero lo detuvo el coordinador petista, Gonzalo Yáñez, quien le reclamó: "¿Por qué decretó un receso?"

-Ya lo decreté -respondió lacónico Juan de Dios Castro y, tembloroso, se dio la media vuelta.

-¡Es usted un irresponsable! -le replicó Yáñez.

A las 19 horas se convocó a una reunión urgente de la Junta de Coordinación Política. El petista Pedro Vázquez reclamó por qué se había decretado un receso sin fundamento y exigió un extrañamiento al presidente de la mesa directiva. Chuayffet se adelantó a explicar que al leer el anexo tres, con el desglose numeral del decreto, había detectado "algunas situaciones no convenientes" y que se le habían acercado algunos diputados priístas para informarle que las cifras no coincidían. Entonces decidió pedir el receso.

En el encuentro de última hora, Chuay-ffet aceptó que había cometido un error al no comunicar su decisión al resto de los coordinadores y ofreció una disculpa. Lo mismo hizo Francisco Barrio, del PAN. Entonces se planteó que se hicieran las correcciones al dictamen y que, una vez hechas, se debatiera el texto en la comisión.

Barrio se opuso, con el argumento de que "ése es trabajo de técnicos", pero el petista Pedro Vázquez lo detuvo: "Claro que no. Porque los acuerdos políticos, esos técnicos los han pisoteado. El procedimiento, entonces, es a la inversa: la comisión debe revisar los acuerdos que no están en el dictamen, y después se le den instrucciones a los técnicos para que hagan las correcciones, conforme a los acuerdos del domingo".

La mayoría de los integrantes de la junta exigió a Chuayffet que convocara a la mesa directiva de la comisión para que retomara las discusiones. Barrio planteó que la sesión se reanudara a las 22 horas, y que en caso de que las correcciones no estuvieran listas a esa hora, se convocara para hoy. No obstante, se impuso la idea de que, como la comisión se reuniría a partir de las 21 horas, el receso se ampliara a las 10 horas de este martes.