La eliminación del impuesto a los cigarros, motivo de la baja en los recursos

Aprueban diputados la Ley de Ingresos con reducción de más de $2 mil millones

Acusan a los senadores de favorecer a grandes empresarios importadores de maíz

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2004, que contempla un monto de un billón 650 mil 505.1 millones de pesos, es decir, 2 mil 761.5 millones de pesos menos de lo aprobado el lunes pasado por el pleno de San Lázaro, a causa de que el Senado eliminó el gravamen adicional de 20 por ciento sobre el precio de venta final de cajetilla de cigarros.

La reducción se registró en el impuesto especial de producción y servicios (IEPS), en el rubro de tabacos labrados, que disminuye de 15 mil 761.6 millones de pesos a 13 mil millones de pesos.

La minuta que envió ayer el Senado señala que, derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio del próximo año, se estima una recaudación federal participable de 940 mil 465 millones de pesos y no de 943 mil 6 millones de pesos, como se había contemplado inicialmente.

En el documento aprobado se adicionó una fracción al artículo séptimo para establecer que, en el caso de registrarse excedentes petroleros, la Cámara de Diputados estará facultada para determinar el destino de esos recursos de acuerdo con lo previsto en el presupuesto de egresos, una vez cubierto el aprovechamiento para obras de infraestructura en materia de exploración, gas, refinación y petroquímica.

Precisiones a Pidiregas

Otro de los cambios ratificados por el pleno camaral en San Lázaro fue la modificación al artículo cuarto, referente a los Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), para establecer que a más tardar el 31 de enero próximo las entidades del gobierno federal deberán enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos de las obligaciones fiscales atribuibles a cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo. Estos deberán incluir una contabilidad que permita identificar ingresos y gastos asociados a los mismos.

En el artículo quinto del proyecto de ley se agregaron tres párrafos para establecer que los recursos provenientes, tanto del fondo de empresas expropiadas del sector azucarero como de Nacional Financiera, o de cualquier otro ente financiero, no podrán considerarse excedentes hasta no cumplir sus compromisos con proveedores y acreedores afectados por el proceso expropiatorio.

También fue modificado por el Senado el artículo sexto transitorio para precisar el tratamiento a la importación de maíz amarillo y blanco, frijol y leche en polvo, y señalar las condiciones que deberán cumplirse para la fijación de cuotas mínimas y adicionales a la importación de maíz blanco.

A pesar de que el pleno en San Lázaro aprobó el lunes pasado aplicar una tasa impositiva de 20 por ciento a los cigarros y aceptó la propuesta de establecer aranceles a la importación de maíz y frijol, el Senado de la República modificó ambos aspectos, y ayer los mismos diputados admitieron en lo general y lo particular, con 431 votos a favor y 24 abstenciones, la minuta de los senadores.

El diputado del PRD Víctor Suárez Carrera denunció en tribuna que la autorización del Senado para exentar del pago de 217 millones de dólares a 11 empresas, de las cuales 5 son nacionales y 6 trasnacionales, implicará aumentar las ganancias de los importadores de maíz amarillo a México. "Los consorcios a los que beneficiará el Senado son Carril, H. Daniells Millan, Corn Products Internacional, Tyson, Pilgrims Pryde y Riceton por el lado externo, y las empresas mexicanas a las que se le da trato de privilegio son Bachoco, Maseca, Minsa y Lala", dijo.

Durante la sesión extraordinaria, el pleno también aprobó el dictamen con proyecto de decreto de la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamos de Ahorro a sus Ahorradores. Ese ordenamiento establece los límites a los que se deberán sujetar esas sociedades para ser objeto de apoyo financiero, o bien para el pago a sus ahorradores, y se eliminan ambigüedades y vaguedades.

En una sesión de trámite -pues la atención se centró en la construcción del presupuesto para 2004-, se aprobó el proyecto de decreto para reformar el Código Fiscal de la Federación. El documento establece que los certificados de firma avanzada podrán ser emitidos por prestadores de servicios de certificación, autorizados por el Banco de México, cuando se trate de personas físicas, y por el Servicio de Administración Tributaria en el caso de personas morales.

El decreto excluye la obligación de utilizar documentos digitales a los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. En tal caso, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados consideró conveniente que el SAT acepte los certificados de firma electrónica avanzada que emita la Secretaría de la Función Pública para los servidores públicos, así como los emitidos por prestadores de servicios de certificación autorizados.

Otro de los dictámenes aprobados fue la modificación a las leyes de instituciones de crédito, de ahorro y crédito popular, de los sistemas de ahorro para el retiro, federal de instituciones de finanzas, general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros y del mercado de valores.

De esa forma, se amplían las facultades de la SCHP para emitir disposiciones generales de los intermediarios financieros, para detectar operaciones en materia de financiamiento al terrorismo y para que las instituciones financieras, mediante reportes de conocimiento del cliente, puedan identificar a las personas u organizaciones que costeen operaciones terroristas.

El documento señala que es necesario implementar medidas que permitan reconocer el origen de los recursos con que se realizan operaciones de terrorismo, lo que implica contar con elementos para que las autoridades encargadas de perseguir esos delitos les hagan frente.

También fue aprobada la reforma a la ley para regular las sociedades de información crediticia, con objeto de agilizar el proceso de evaluación y otorgamiento de créditos y se pueda acceder a ellos sin necesidad de realizar trámites complicados.