Acusan a Calvillo Vives de desviar 500 millones de pesos

Trabajadores del INEGI señalan terrorismo laboral

JOSE GALAN

La Coalición de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) denunció que el director de la institución, Gilberto Calvillo Vives, ha desviado más de 500 millones de pesos de los diversos programas para "liquidar, comprar o corromper" a cientos de trabajadores despedidos entre 1997 y 2001, en una práctica de "terrorismo laboral" que ha impulsado la contratación de más de 17 mil trabajadores eventuales por tan sólo mil 400 de base.

La coalición se pronunció, además, por que el Congreso de la Unión otorgue una autonomía de fondo al instituto, para que sus resultados en temas como la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares se sustenten en la realidad "y no en el maquillaje de cifras que elimina a millones de pobres en el país".

Agrega: "en contra de la realidad que se vive diariamente en México, el INEGI presenta cifras sobre desempleo, pobreza y crecimiento muy diferentes a las que experimentan cerca de 60 millones de mexicanos".

Tras recordar que el dictamen de reforma de los artículos 26 y 108 constitucionales propuesto por el Senado de la República para dar autonomía al instituto se encuentra ya en la Cámara de Diputados para su aprobación (que para la coalición debe dar pie no sólo a la autonomía, sino a un "órgano ciudadanizado, sin influencia de las autoridades gubernamentales"), los trabajadores sostienen que el INEGI "siempre ha sido el instrumento mediante el cual gobiernos priístas y ahora la administración panista tratan de hacernos creer que el modelo económico que impulsan es el indicado".

Añaden que, por ello, "los propios ex trabajadores del instituto han presentado cifras contrarias a las maravillas que presenta el INEGI. Datos como la pérdida de 2 mil 500 empleos diarios, y comparativos sobre el poder adquisitivo, nos demuestran que el país presenta una gran debacle económica que se refleja principalmente en los bolsillos de los campesinos y de los obreros".

"Despidos ilegales"

Sobre el aspecto laboral, denunciaron que desde la llegada de Vicente Fox a la Presidencia hasta ahora han sido despedidos cerca de 4 mil trabajadores "de manera ilegal", y que existen "más de 2 mil 300 empleados que han interpuesto demandas por violación a sus derechos laborales, y cuya situación no ha sido contemplada en la iniciativa de reforma actualmente en las cámaras".

Recuerdan que existen tres solicitudes de investigación ante la Auditoría Superior de la Federación, y cientos de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, principalmente por desvío de recursos, corrupción y nepotismo, "sin que hasta el momento ninguna autoridad logre poner orden al interior del INEGI".

Reiteran que el titular del INEGI ha desviado más de 500 millones de pesos para "liquidar, comprar o corromper" a cientos de trabajadores despedidos entre 1997 y 2001, y revelan que "tan sólo en el transcurso del presente mes el director jurídico del instituto liberó cheques por cantidades que oscilan entre los 19 mil y 110 mil pesos para dar por terminada la relación laboral con personas que fueron despedidas en 2000, y a quienes se buscó casa por casa".

Por último consideran que la elaboración de estadísticas representa uno de los negocios más prósperos del país, y que han aparecido "decenas de empresas encargadas de hacer encuestas de opinión, muchas de ellas dirigidas por ex funcionarios del INEGI. Y con el anuncio de la autonomía, junto con una privatización silenciosa de la estadística, estas empresas se verían beneficiadas al realizar los trabajos que hoy lleva a cabo el instituto, mediante jugosos contratos que incrementarían el costo de esa institución para los mexicanos".