La reforma viola el derecho internacional: ACNUR

En vigor, nueva Ley de Extranjería en España, entre protestas de ONG

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 22 de diciembre. La nueva Ley de Extranjería entró en vigor este lunes en España en medio de críticas de las principales organizaciones no gubernamentales que consideran que esta disposición afecta los derechos de los inmigrantes y fomenta la discriminación.

La legislación, que sufrió su tercera enmienda en el gobierno del derechista José María Aznar, obligará a las empresas de transporte a informar sobre sus pasajeros y permitirá a la policía acceder a la información del padrón municipal, imprescindible para ingresar al sistema público de la seguridad social.

La policía española tendrá la facultad de exigir a las líneas aéreas, marítimas y terrestres, información sobre sus clientes para evitar que las personas que ingresen como turistas se queden en el país, una vez que establece multas de hasta 6 mil dólares por pasajero.

La ley introduce una visa de tres meses, que no será de turista, para que los inmigrantes busquen empleo en España. Otra medida tipifica como infracción grave las actuaciones que favorezcan la "inmigración ilegal", con multas de 60 mil a 500 mil dólares, además de incluir como motivos de expulsión inmediata los delitos graves y la vulneración de la nueva normativa.

Otra modificación, que afecta a los extranjeros que cuentan con residencia en el país, es la limitación de los criterios para optar a la reagrupación familiar, al exigirles al menos dos permisos para acceder a este derecho básico.

El fenómeno de la migración, en ascenso durante los últimos años en España, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del gobierno de Aznar, que ha puesto énfasis en cerrar las rutas de acceso de los migrantes indocumentados.

El gobierno reformó la ley precedente a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, en marzo pasado, que consideró que al menos 11 artículos violaban preceptos constitucionales básicos.

La nueva normativa, además de incluir los artículos rechazados con una nueva redacción y a través de modificaciones de urgencia a leyes generales, incluye otras medidas que afectan a miles de extranjeros indocumentados que viven en España y que, al mismo tiempo, forman parte del sistema productivo, la mayoría con salarios y condiciones laborales injustas.

Para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) esta reforma no respeta el derecho internacional, debido a que "los transportistas no tienen capacidad para identificar los casos que pudieran necesitar la protección de los instrumentos internacionales de refugiados, ni pueden desarrollar competencias de ámbito estatal".

Médicos sin Fronteras criticó que la reforma permita a la policía acceder al padrón municipal, pues esto traerá como consecuencia el ocultamiento de los inmigrantes indocumentados y con ello la pérdida de derechos básicos.

SOS Racismo sostuvo que el gobierno de Aznar ha hecho caso omiso a la sentencia del Tribunal Supremo y en vez de acatar la sentencia, el régimen convierte en ley los puntos anulados, con lo que se perpetúan situaciones de explotación o abusos por parte de los reagrupantes.

Mustafa el Merbet, vocero de la Asociación de Trabajadores de Inmigrantes Marroquíes en España, señaló que la nueva ley pactada entre el gobierno y el opositor Partido Socialista Obrero Español, contiene varios aspectos difíciles de asumir para la comunidad de extranjeros, como el hecho de que la policía pueda acceder a la información del padrón municipal, pues es injusto que se viole la intimidad de la persona.

Elvira Pavón, presidenta de la Asociación Iberoamericana para la Cooperación al Desarrollo y los Derechos Humanos, expresó su preocupación ante esta política del gobierno que "está llevando a la marginalidad a los inmigrantes indocumentados, que de no empadronarse tampoco podrán acceder a la seguridad social, lo que les llevará a un extremo aún mayor de marginación y opresión".

Por otra parte, el nuevo gobierno tripartito de Cataluña, que preside el socialista Pasqual Maragall, tomó hoy posesión de manera oficial durante un acto que tuvo lugar en el Palau de Generalitat.

Maragall, que tomó posesión el sábado, señaló que el nuevo ejecutivo -integrado por el partido Socialista, los independentistas de Esquerra Republicana, y los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya-Vers-, está formado por catalanes de izquierda pero, subrayó, "es el gobierno de Cataluña y de todos los catalanes".