Magadalena Gómez

Acteal, agenda inconclusa

Seis años ya y el proceso judicial para castigar a los autores intelectuales y materiales de la masacre de Acteal sigue rodeado de impunidad. No hemos visto autores intelectuales; por el contrario, quienes en ese momento tenían las más altas responsabilidades en política interior nacional y local en Chiapas fueron removidos, más con motivo de protección que como indicio de responsabilidad. Precisamente en torno de las investigaciones de la guerra sucia, 35 años después se está reconociendo que no prescriben las responsabilidades cuando por omisión, acción o negligencia permitieron, toleraron o, peor aún, ordenaron acciones constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Estos años hemos dado cuenta de los intentos oficiales por orientar el móvil de la masacre de Acteal a conflictos intracomunitarios, e incluso se ha mencionado que la matanza se originó por causas religiosas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas afirmó en reciente comunicado que "el Estado mexicano es responsable por las violaciones al derecho a la vida, a la seguridad y a la justicia cometidas en el caso Acteal, pues ha mantenido una estrategia contrainsurgente que contempla la organización, preparación y tolerancia de grupos paramilitares, quienes perpetraron materialmente la masacre y provocaron el desplazamiento en el que aún viven miles de familias indígenas chiapanecas. Menos aún el gobierno ha garantizado las condiciones mínimas de seguridad personal que posibiliten el retorno a sus hogares porque, hasta la fecha, no se ha reconocido la existencia de los grupos paramilitares y no se han tomado medidas para que sean desarmados y desmantelados.

"En cuanto al derecho a la justicia: las sentencias resueltas 'conforme a derecho' no condenan la reparación del daño a favor de las víctimas y de sus familiares, hay órdenes de aprehensión sin ejecutar y los autores intelectuales de la masacre continúan en la impunidad. A la fecha el Estado mexicano sigue en deuda con la sociedad mexicana, la comunidad internacional y, sobre todo con las 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 más que aún no nacían y que junto con sus madres fueron brutalmente asesinados."

A estas consideraciones se suman las denuncias de tensiones, amenazas y hostigamiento que en la misma zona cercana a Chenalhó están sufriendo en estos días. Recordemos que en 1997 era público y notorio un clima semejante, por lo que no habría que desestimar tales llamados del mencionado centro de derechos humanos.

Paradójicamente, el gobierno federal actual tiene un discurso favorable a los derechos humanos, que mientras no se concrete en hechos será eso: palabras que sólo tener sentido para las interlocuciones internacionales.

Si bien, y por fortuna, han quedado lejos iniciativas como las del ex presidente Zedillo o la de Albores en 1998, quien al pretender restablecer el "estado de derecho" en Chiapas decidió desmantelar cuatro municipios autónomos mediante operativos policiaco-militares en cada uno de los cuales participaron más de mil elementos de las fuerzas armadas, abundan los procesos inconclusos que el foxismo abre y luego no compromete en ellos su fuerza, cada vez más menguada, pues no supo orientar el liderazgo obtenido en las elecciones de 2000 frente a los otros poderes para caminar en el sentido de una real y profunda reforma del Estado, que lograra en principio la negociación de una paz justa y digna en Chiapas, menos aún por lograr un real y efectivo estado de derecho.

Tres años después parece vivirse un largo camino que el foxismo lleva a cuestas con enorme dificultad y creciente desesperación, tal como ha sido puesto en evidencia tratándose de la propuesta de reforma fiscal, defendida, ésa sí, con todos los recursos al alcance del titular del Ejecutivo, sin considerar que los derechos humanos incluyen los económicos, sociales y culturales que resultarían vulnerados si se incrementa el empobrecimiento de la gente con los impuestos a los alimentos y medicinas, entre otros. En este contexto parece un lujo, o un despropósito, recordar la agenda pendiente en materia de impunidad: crímenes de 68 y 71, guerra sucia, Aguas Blancas, El Charco, Acteal; sin embargo, sobra decir que la visión de los derechos humanos debe ser integral y que la democracia no lo será si no se atienden todas sus implicaciones.

Volvemos a la filosofía rarámuri: juzgar por resultados, no por intenciones o discursos; mientras éstos transcurren, Acteal espera justicia.