Miguel Concha

La mujer y el derecho a vivienda adecuada

El derecho a vivienda adecuada, que forma parte del derecho a un nivel de vida digno, reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no debe interpretarse como el simple hecho de tener un techo encima de la cabeza. Comprende entre otras cosas su ubicación, habitabilidad, tenencia segura, asequibilidad, adecuación cultural, gastos soportables, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.

Como en el caso de los demás derechos humanos, el Estado se compromete a respetarlo, protegerlo y cumplirlo sin discriminación, y a garantizarlo mediante leyes, procedimientos y políticas apropiadas. Contrae una especial obligación frente a los desalojos forzosos, brindando recursos judiciales que lo protejan, derogando normas que los permitan o adoptando leyes que los impidan.

Con el propósito de recolectar información de primera mano y escuchar las voces de mujeres líderes barriales sobre situaciones de discriminación de género, tanto negativa como positiva, en materia del derecho a una vivienda adecuada y otros relacionados, los pasados 4 y 5 de diciembre se realizó aquí en México la consulta regional para América Latina y el Caribe sobre mujer y el derecho a una vivienda adecuada, organizada por la red Mujer y la Coalición Internacional para el Hábitat, así como por la red internacional Social Watch/Control Ciudadano.

La consulta fue precedida por un taller sobre ese derecho el día 3, para miembros de organizaciones de base y de derechos humanos. La convocatoria se debió a una petición del relator especial para el Derecho a la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, quien en abril de este año recibió de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas la encomienda de presentar en 2005 otro estudio sobre la igualdad de las mujeres en materia de propiedad, acceso y control de la tierra, y sobre la igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda digna.

El relator aprovechó esta vez su estancia en México para hacer un seguimiento -con autoridades y organizaciones civiles y sociales- de los resultados de su visita oficial al país en marzo de 2002. Otras conferencias regionales ya han tenido lugar en Nairobi (octubre de 2002) y Nueva Delhi (octubre de 2003). Veinte mujeres provenientes de 14 países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, participaron en el análisis de cuatro bloques temáticos: experiencias de producción social de vivienda, desplazamientos y desalojos forzosos, legislación y prácticas en materia de vivienda, y discriminación y segregación hacia la mujer en el reconocimiento del derecho a la vivienda.

Con la claridad y la fuerza aprendidas en la lucha diaria, presentaron sus testimonios sobre experiencias innovadoras de producción social de vivienda gestionadas por mujeres, anteproyectos de ley de la sociedad civil relacionados con la vivienda, dificultades de acceso al crédito y al subsidio, así como obstáculos legales, culturales y religiosos al goce del derecho a la vivienda en todos sus componentes, marginación y exclusión por la doble discriminación de ser pobres y ser mujeres.

También hablaron sobre desplazamientos forzosos, expropiaciones, violaciones a los derechos relacionados con la vivienda -con especial énfasis en el derecho al agua, al trabajo y a la salud- y violaciones al derecho debido a la globalización neoliberal y a la consiguiente privatización de los servicios públicos, entre otros temas.

Es importante reproducir también las conclusiones al tercer bloque, que recoge el número especial reciente del boletín de la oficina regional de la Coalición Internacional para el Hábitat, en las que se pone énfasis en la complejidad del fenómeno de la vivienda: no puede ser considerado problema individual y por lo tanto sólo dependiente de soluciones personales, la legalidad no necesariamente se refleja en la realidad y ha de ser considerada en el contexto económico.

Los interrogantes recurrentes tienen que ver igualmente con la participación de los estados en materia de vivienda y en particular en la atención que dan a los sectores más pobres, pues sobran evidencias de que prevalece el favoritismo hacia las empresas privadas y la libre entrada a las empresas trasnacionales. Mientras la "focalización" se ha traducido en un "reparto de migajas", hay cientos de organizaciones en todo el mundo con procesos y propuestas desarrolladas con buenos resultados para la gente.