Emilio Pradilla Cobos

Participación ciudadana, cuando conviene

La recomendación del jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de que el proyecto de ley de sociedad de convivencia sea sometido a consulta pública antes de su aprobación evidencia dos rasgos en su forma de gobernar: el manejo de la participación ciudadana según convenga a sus intereses políticos, y su postura ambivalente frente al Legislativo local, que combina la censura, la ignorancia o la búsqueda de subordinación, según el caso.

La ley, con dictamen favorable en la comisión legislativa respectiva, regula los derechos de quienes por tener una preferencia sexual diferente deciden voluntariamente formar una pareja estable entre personas del mismo sexo, cuidar a sus hijos o adoptarlos, manejar sus bienes patrimoniales consecuentemente y gozar de similares derechos que las parejas heterosexuales.

La ley implica el reconocimiento democrático de los derechos humanos, sociales y civiles de quienes son diferentes. Normas similares han sido aprobadas en países de mayor tradición democrática que la mexicana; forman parte de la garantía de los derechos de minorías sociales, por lo que deben responder a los intereses y valores de quienes son parte de ellas y no de los de la mayoría, que no los comparten o los rechazan o atacan por motivos religiosos o prejuicios.

Como era de esperar, la reacción pública de las jerarquías religiosas -sobre todo la católica- y los sectores civiles más conservadores ha sido de rechazo a esta legislación. Es evidente que la propuesta del jefe de Gobierno de someter el proyecto a consulta pública es una concesión a los sectores con los que busca amarrar alianzas políticas, y para mantener su popularidad entre los creyentes católicos o protestantes, influenciados en su moral privada por los jerarcas religiosos. ƑO será que López Obrador comparte estos prejuicios?

Es loable que todas las decisiones importantes, del Ejecutivo o el Legislativo, que afectan a la mayoría de los capitalinos, sean sometidas a consulta popular amplia, pero no es el caso de esta ley, que interesa a un sector específico, reconocido como diferente y minoritario. Esta postura de López Obrador contrasta con la que ha tomado en otras decisiones del Ejecutivo o el Legislativo, para las que no ha pedido consulta pública previa: reforma política para el Distrito Federal, apoyo a adultos mayores, austeridad republicana y participación ciudadana, en el ámbito legislativo; segundos pisos (en este caso el plebiscito fue exigido por los vecinos) y otras obras viales; bando 2, etcétera. La impresión es que el jefe de Gobierno maneja la participación ciudadana según su conveniencia.

Llamar a referendo, sin carácter vinculatorio, es una decisión del Poder Legislativo o un derecho de los ciudadanos, por lo que el jefe de Gobierno no tiene la facultad de convocarlo o solicitarlo; pedirlo es una intromisión en la función de otro poder del Estado. La intención es clara: dada la mayoría subordinada que tiene en ese órgano, inducir el congelamiento de la iniciativa. El plebiscito, facultad del Ejecutivo y derecho de los ciudadanos, sí es vinculatorio y puede convocarlo el gobernante. Sustituir estas vías legales de participación ciudadana por una consulta telefónica sin legalidad, cuyas experiencias anteriores fueron irrelevantes por falta de interés de los ciudadanos, pero que el gobierno local manejó a voluntad, es abaratar, banalizar y golpear la democracia participativa, aunque se encubran los golpes bajo la fachada de participación. En esa consulta telefónica, un número limitado de ciudadanos, militantes religiosos o con moral conservadora, movidos por las jerarquías o agrupaciones conservadoras, pueden hacer llamadas poco representativas de la ciudadanía, y el resultado negativo podría ser usado para bloquear una iniciativa que interesa a quienes son y piensan diferente, y que exigen su derecho democrático a serlo. Como dice López Obrador, justificándose, cualquier número de llamadas es mayor a uno o a la cantidad de asambleístas.

Llamamos a la ALDF, y a la mayoría perredista, a no ceder a las presiones de las instituciones o grupos conservadores, ni a la injerencia indebida del jefe de Gobierno. Pedimos también que la ALDF tome una postura clara, de principios democráticos, sobre la consulta pública en todos los procesos legislativos, sean ellos relacionados con propuestas del Ejecutivo, de la legislatura o de la ciudadanía, para que no quede a la voluntad o el interés político de quienes dominan en el Legislativo o el Ejecutivo.